El coronavirus se lleva por delante dos pilares del Gobierno de Canarias: Sanidad y Educación

Paradójicamente, Canarias es la comunidad autónoma menos afectada por la crisis sanitaria de la COVID-19 en cuanto a número de infectados y de fallecidos respecto a otras partes de España. Fue el primer lugar del país donde se detectó el 31 de enero un caso de contagio del virus Sars-Cov-2, de un turista en La Gomera, una isla ya a las puertas de la Fase 3 de la desescalada. Y también el primer y único lugar en confinar con éxito a cientos de turistas en un hotel de Adeje, en el sur de Tenerife, el 25 de febrero. Y aún asi, el bicho se ha llevado por delante a dos pilares del Gobierno de Canarias: los equipos de las consejerías de Sanidad y Educación, con la destitución en marzo y la dimisión en mayo de sus dos titulares, Teresa Cruz y María José Guerra, respectivamente. Así, Canarias, a punto de cumplir un año de gobierno progresista liderado por Ángel Víctor Torres (PSOE) en alianza con Nueva Canarias (NC), Unidas Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG) que acabó con un cuarto de siglo de poder de Coalición Canaria (CC), comenzó el confinamiento con su Sanidad descabezada y ha iniciado la exitosa desescalada con su Educación desconcertada.

La primera en caer fue la consejera de Sanidad. El presidente canario ignoró esa máxima que desaconseja cambiar de capitán en medio de la tempestad y destituyó el 25 de marzo, apenas once días después de iniciado el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, a su compañera de partido Teresa Cruz, a quien había confiado tras las elecciones de mayo el timón del área con mayor presupuesto de la comunidad autónoma (3.000 millones de euros), una fuente permanente de conflictos. Unas declaraciones de Cruz en los medios de comunicación precipitaron un destitución que se venía barruntando, al igual que el de la titular de Educación, la recién dimisionaria María José Guerra, desde enero, fecha en la que Pedro Sánchez nombró ministra de Política Territorial y Función Pública a la entonces consejera canaria de Economía, Carolina Darias.

En esas entrevistas, Cruz defendió su parcela de poder, su espacio político, frente a la incorporación al Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria de la COVID-19, como coordinador, de Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud (SCS) en la segunda mitad de la anterior legislatura, con Coalición Canaria (CC) en solitario en el poder. “Yo doy las órdenes y él asesora”, dijo la entonces consejera, unas palabras que se interpretaron como un acto de rebelión hacia el presidente que lo había nombrado. Cruz se sentía, y así lo reconoció ante los medios, víctima de una campaña de desgaste. Enfrentada a los sindicatos mayoritarios y a la patronal de la sanidad privada, la incorporación de Domínguez a la dirección técnica de la crisis sanitaria, auspiciada por dos de los cuatro socios de gobierno (Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera) y por un sector de su propio partido, fue el detonante de su salida de la consejería.

La historia venía de lejos. Domínguez había llegado al SCS en enero de 2017 tras la ruptura del pacto de gobierno entre CC y el PSOE y la expulsión del Ejecutivo de los cuatro consejeros socialistas. Entre ellos se encontraba el titular de Sanidad, el neurocirujano Jesús Morera, a quien el entonces presidente Fernando Clavijo sustituyó por el independiente José Manuel Baltar, un matemático con amplia experiencia en el terreno de la gestión sanitaria que procedía del sector privado y que meses antes, cuando era gerente de Hospitales San Roque y vicepresidente de la patronal de las clínicas privadas, había dicho que las listas de espera en las Islas se acaban aumentando la dotación para las concertadas en 16 millones de euros.

Tanto Baltar como su segundo, Domínguez, fueron diana de las críticas de los socialistas al final de la legislatura 2015-2019 por su política de derivaciones a la sanidad privada. En especial, de la entonces portavoz del PSOE en el Parlamento regional, Patricia Hernández. La actual alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife forma parte, junto a los exconsejeros Cruz y Morera, del sector del partido que se opuso frontalmente a la continuidad de Domínguez en el SCS, una opción por la que abogaban no solo NC y ASG, sino también una parte del PSOE. En concreto, la que lidera en Gran Canaria Sebastián Franquis. El consejero de Obras Públicas se llevó a Domínguez a su departamento tras las elecciones de mayo para ofrecerle un puesto de alta responsabilidad (el de secretario general técnico). Después, fue uno de los artífices de que fuera nombrado coordinador del equipo de gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Domínguez no fue solo al comité de gestión. El líder de NC, Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, impuso también a un viejo conocido, José Julián Isturiz, con quien había trabajado codo con codo durante su etapa como presidente del Ejecutivo regional, en la legislatura 1999-2003, impulsando el Servicio de Urgencias Canario. Al igual que el exdirector del SCS, Isturiz tenía el marchamo de la sanidad privada, ya que antes de incorporarse al Gobierno de Ángel Víctor Torres como director general de Patrimonio había ejercido como gerente de Hospitales San Roque, justo el puesto que había abandonado José Manuel Baltar.

Desde algunos ámbitos se interpretó la salida de Cruz como una claudicación del Gobierno ante la presión ejercida por las clínicas privadas, que durante esos meses habían visto muestras inequívocas de la voluntad de la consejera y de su equipo de reducir las concertaciones sanitarias. Lo cierto es que la socialista tinerfeña se había granjeado otros enemigos. Su nombramiento ya había generado ciertos recelos en el sector sanitario por su procedencia del ámbito del trabajo social. Le avalaba, eso sí, su experiencia en la anterior legislatura como portavoz en la Comisión de Sanidad. A la exconsejera se le achacó también haber conformado un equipo débil, con poca experiencia de gestión, y haber mantenido en puestos intermedios a cargos que se vinculaban con el anterior equipo de Coalición Canaria.

Sin embargo, el enfrentamiento más notorio se produjo con los sindicatos mayoritarios en el sector (CCOO, UGT y Cemsatse), los mismos que habían pedido cinco días antes de las elecciones de mayo la continuidad de Domínguez como máximo responsable del SCS. Hasta en dos ocasiones tuvo que intervenir el presidente Torres (la primera en octubre y la segunda en febrero) para frenar las huelgas que habían convocado las centrales en protesta por la actitud de la consejera y su “falta de voluntad negociadora” en relación con una oferta de empleo público. La filtración de un documento de trabajo que ponía el foco en los médicos del SCS a la hora de analizar las responsabilidades por las altas listas de espera en las Islas contribuyó a enrarecer aún más el ambiente, no solo con los profesionales, sino también con los socios de gobierno y un sector de su propio partido.

A la marcha de Cruz le sucedieron la de otras piezas importantes en su proyecto, como su número dos, Blanca Méndez; la directora general de Salud Pública, Concepción Gil, o la directora del área de Salud de Tenerife, Susana Cantero. Unas salidas que, como en el caso de Educación, han desequilibrado la paridad en el Gobierno de Canarias a favor de los hombres.

La incertidumbre educativa

Y es que la segunda crisis abierta en el Gobierno de Canarias se producía esta misma semana, cuando dimitía la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra. Cesaba a petición propia en medio de la incertidumbre que existe en la comunidad educativa sobre cómo afrontar el fin de curso y cómo se organizará el próximo año. La orden sobre la vuelta de los estudiantes en junio para clases de refuerzo estaba avanzada, pero el nuevo consejero designado de forma temporal, el titular del departamento de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, se encuentra revisandola y pretende buscar consenso con sindicatos y directores de centros, colectivos desconcertados con lo que ha ocurrido en las últimas semanas.

La designación de Guerra el año pasado, cuando quedó sellado el pacto progresista de Canarias entre PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera, tomó por sorpresa a parte del PSOE de las islas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en lugar de confiar esta consejería a alguien de su formación, designaba para una de las principales áreas de la comunidad autónoma a un perfil independiente, profesora de Filosofía de la Universidad de La Laguna y sin afiliación a ningún partido. La ya exconsejera de Educación llegaba así a un equipo que ella no había designado y donde pronto las diferencias empezaron a ser notorias. Ella misma reconocía a su marcha: “Las tensiones no han sido el mejor caldo de cultivo”. Ya era conocido que ante la falta de coordinación y cohesión era muy difícil gestionar este departamento, donde la comunicación con la viceconsejera, Dolores Rodríguez, era prácticamente nula.

La número dos de la Consejería sí es miembro del PSOE, partido por el que ya ha sido concejala en Arrecife y cuenta con amplia experiencia en diferentes centros como profesora. Partidos de la oposición, como Ciudadanos, han llegado a pedir que sea ella quien se ponga al frente de Educación en estos momentos. Otro de los desencuentros entre miembros del equipo se desató en las últimas semanas tras un malentendido por una reunión convocada por la directora general de Centros, María Candelaria González Morales, con los sindicatos y que se cambió de día porque la consejera no había sido informada. González también es miembro del PSOE y fue concejala en el Ayuntamiento de Güímar desde 2007 a 2013.

Las tensiones entre el equipo no son nuevas y María José Guerra quería marcharse desde marzo, pero el Ejecutivo Regional no se podía permitir dinamitar a dos de las áreas más potentes en plena crisis del coronavirus, por lo que se le pidió cautela. La exconsejera decidió finalmente dimitir el pasado lunes tras una serie de sucesos vividos en un mismo fin de semana. Después de enviarse desde su departamento varios documentos a los centros educativos en los que se les transmitía que tendrían autonomía sobre la vuelta parcial a las aulas en la fase dos, directores de centros y sindicatos entraron en cólera, hasta el punto de que CCOO pidió su destitución. El mismo fin de semana dimitía el director de Ordenación, Innovación y Calidad, Gregorio Cabrera, que ya amagaba desde hacía tiempo, pero se había comprometido a quedarse hasta julio. Aunque era una persona de confianza en un principio para la consejera, una vez que Guerra dimitió, Cabrera ha seguido en su puesto y su cese no ha sido aún publicado en el Boletín Oficial de Canarias. Esa intención de abandonar su cargo, unida a que la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Canarias pidió la marcha de la consejera, abocó a que anunciara su salida el lunes 25 por la mañana. Tras su marcha, varios dirigentes políticos han reconocido su trabajo. En especial, agradecidos con su gestión se han mostrado los miembros de Podemos, socios de Gobierno que lideran el área de Cultura dentro de esa consejería y que destacaron que Guerra había sido sensible con ese sector.

En el equipo fraccionado de la consejería continúa también Marisol Collado, la directora general de Personal de Educación y que ha liderado el peso de la negociación con sindicatos y colectivos. Tampoco está afiliada al PSOE, pero trabajó estrechamente con el actual presidente del Gobierno cuando era alcalde de Arucas (Gran Canaria). De hecho, su apoyo a través de su plataforma ciudadana Con Arucas fue clave entre 2011 y 2015 junto a Coalición Canaria para arrebatar el poder al PP en ese municipio del norte de Gran Canaria y hacer alcalde a Torres. Partidos de la oposición y el portavoz del sindicato STEC, Fernando Pellicer, ya han solicitado cambios en el mismo.

Por otro lado, la adaptación del profesorado y de los estudiantes a la nueva situación de clases telemáticas ante el coronavirus contribuyó también a desgastar a la consejera, muy presionada porque con las clases digitales el alumnado con menos recursos se estaba quedando atrás. La apuesta por suplir estas necesidades sociales conllevó a priorizar la entrega de tabletas con tarjetas SIM a estudiantes que lo requerían así como a facilitar compras de alimentos por valor de 120 euros a las familias que se acogen a cuota cero en los comedores escolares. Ahora, al nuevo consejero le toca la ardua labor de recomponer o reconciliar al equipo que se mantiene en el departamento y recuperar la confianza de la comunidad educativa que ha solicitado desde hace semanas instrucciones claras. Deberá además planificar el próximo curso escolar, para el que es necesario contar con mayor presupuesto, contratar a más personal y hacer frente a las desigualdades que se están acrecentando en esta crisis. Y la remodelación definitiva del Gobierno para acabar con la interinidad en Sanidad y Educación está en la agenda de Torres para cuando acabe la desescalada.