El acusado de falsear la historia médica de su exmujer condicionó también el diagnóstico de otra doctora

El médico Sergio Hernández, junto a su abogado Carlos Santana, escuchan la declaración de la doctora Silvia Álvarez. (ALEJANDRO RAMOS)

El juicio contra el médico de familia Sergio Hernández, acusado de falsear la historia clínica de su exmujer en pleno proceso de divorcio y bajo una orden de alejamiento para añadirle trastornos psicológicos que no padecía, ha continuado este martes con la declaración de tres testigos, todos ellos facultativos de Atención Primaria en la isla de Gran Canaria. En esta segunda sesión ha comparecido ante el tribunal Silvia Álvarez, la doctora que atendió a la denunciante, M.L.E., en el centro de salud de Tafira el 29 de junio de 2015, una fecha clave para este procedimiento. Fue en esa consulta donde la afectada se percató de que su expediente había sido modificado por Hernández, que había introducido en él un diagnóstico de trastorno esquizoide y personalidad narcisista, patologías que quedarían incluidas en el documento que el ahora procesado aportaría meses después a la psicóloga que debía informar sobre la idoneidad de los progenitores en un pleito por la guardia y custodia de la hija en común.

La defensa del médico que falseó la historia clínica de su exmujer bajo una orden de alejamiento sugiere que era "un diagnóstico de sospecha"

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Álvarez se ha remitido en todo momento al contenido del informe que redactó con motivo de esa visita tras asegurar que no recordaba los términos en los que se había desarrollado la cita. Según la médica, el diagnóstico que figura en ese documento, “el trastorno depresivo crónico de personalidad”, se basaba en “la historia clínica previa”, es decir, en los antecedentes que constaban en el expediente que previamente había alterado el exmarido de la paciente. A tenor de lo expuesto en el informe, la denunciante acudió a la doctora “con mucha ansiedad”, por lo que esta, sobre la base de lo que figuraba en la historia y los síntomas que manifestaba, decidió cursar una interconsulta a la unidad de Salud Mental del Hospital Juan Carlos I de la capital grancanaria, una práctica habitual para este tipo de casos, según Álvarez. La denunciante, tal y como se puso de manifiesto en la sesión del lunes, no acudió a esa cita.

“Si hay un informe previo sobre ansiedad o cuadro depresivo y viene por síntomas parecidos, lo acoplamos a ese problema fundamental, pero no era un diagnóstico definitivo mío”, ha precisado Álvarez, que ha añadido que en “cinco minutos” es muy difícil tener una evaluación certera, máxime si se refiere a patologías de tipo crónico. “Lo que estaba previamente, ahí se queda, no puedo retirar un diagnóstico previo, eso debería pasar a la gerencia (de Atención Primaria)”, ha manifestado Álvarez tras ser preguntada sobre la opción de borrar los antecedentes de una paciente en caso de que el especialista descarte la patología.

La testigo ha explicado que es médica suplente en Atención Primaria de Gran Canaria y que no tiene consulta ni cupo fijo, por lo que presumió que ese día atendió a M.L.E. porque estaba sustituyendo a otro galeno. El informe que obra en el sumario recoge que la paciente le informó de que estaba siendo tratada por un psiquiatra de la sanidad privada, que no aportó informe de este profesional, que se negó a que le suministraran nueva medicación y que, además de la remisión a la unidad de Salud Mental, se le tramitó una baja médica.

Con respecto a la posibilidad de que la denunciante hubiera visto ese 29 de junio de 2015 los datos que figuraban en su historia clínica a través del ordenador de la doctora o de que hubiera sacado una fotografía a la pantalla con su teléfono móvil, Álvarez ha señalado que no es posible porque, en su práctica profesional, nunca ha permitido a un paciente “rebasar esa línea”.

En la sesión de este martes también ha declarado Lucilda Castillo, médica de familia que ejercía en el centro de salud de Alcaravaneras y a cuya consulta acudió entre febrero y agosto de 2014 en al menos cuatro ocasiones la exmujer de Hernández a pesar de que no formaba parte de su cupo. La testigo ha explicado que conocía a M.L.E. a través del propio Hernández y que accedió a tratarla después de que ella se lo pidiera por amistad, como un favor. “En aquel momento debía tener algún problema con su marido, me pidió que la viese y no me negué”, ha dicho. Castillo ha señalado durante su intervención ante el plenario que desde el momento en el que la afectada acudió a su consulta permitió que accediese a su historial. Además, aseguró no recordar los motivos por los que había ido ni para quién había tramitado las altas y las bajas que figuraban en el informe que redactó.

En esas fechas, el médico de cabecera de la denunciante seguía siendo, a efectos administrativos, el hombre del que se había separado y del que estaba en proceso de divorcio, ya que no había pedido el cambio de facultativo, un argumento al que se agarra la defensa para defender la inocencia del acusado, que se enfrenta a peticiones de prisión de entre seis y siete años, a la inhabilitación para ejercer su profesión durante seis y a multas que van desde los 10.800 euros que reclama la Fiscalía a los 36.000 que pide la acusación particular, que también solicita una indemnización de 200.000 euros por los daños morales ocasionados a su exmujer.

El tercer testigo que ha comparecido en esta segunda sesión también fue propuesto por la defensa. Se trata de Francisco Jesús Morales, director del centro de salud de Arucas y compañero de Hernández en el ambulatorio de Firgas. “Yo hago guardias una vez al mes allí, los domingos, y él las hace los sábados, por lo que coincidimos entre ocho y diez veces al año”, ha dicho. “Nunca he pisado el centro de salud de Firgas”, respondió el lunes la denunciante tras ser preguntada por unos apuntes incluidos en su historia clínica sobre unas pruebas que supuestamente se habría realizado en ese lugar. En su declaración, a Morales apenas le dio tiempo a afirmar que todos los facultativos pueden acceder a los expedientes de todos los pacientes. A los de su cupo, sin ningún tipo de filtro previo. A los ajenos, a través de la aceptación de la reseña en la que se les advierte sobre la normativa de protección de datos. La presidenta del tribunal ha impedido al abogado de la defensa realizar preguntas para que el facultativo ilustrara a la sala sobre cuestiones genéricas sobre la práctica de Medicina Familiar y Comunitaria, ya que para ello tendría que haber acudido como perito y no como testigo.  

Este martes estaba previsto que declararan otras dos testigos. A una de ellas ha renunciado la defensa y a la otra, también doctora, no se le ha podido localizar, por lo que su comparecencia se ha retrasado hasta el jueves. 

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Publicado el
6 de octubre de 2020 - 17:47 h

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