Activistas antidesahucios denuncian haber sido objeto de amenazas y actos violentos para que abandonen su vivienda

Un empresario vallisoletano, un abogado de la misma ciudad y una empresa especializada en desalojar a inquilinos y propietarios de vivienda en precario han sido denunciadas en el juzgado y ante la Policía Nacional en Cantabria por activistas de Stop-Desahucios que se han visto amenazados y han sido objeto del allanamiento de la vivienda que habitan en Santander.

Según consta en la denuncia, el cambio de propiedad en mayo de la vivienda que habitan los tres denunciantes se ha visto sucedido de una serie de amenazas para forzarles a abandonar el inmueble e incluso de un allanamiento de morada por parte de integrantes de una empresa dedicada el 'desalojo' de viviendas ocupadas.

Roberto Mazorra, portavoz de Stop-Desahucios en Cantabria y una de las tres personas afectadas, ha informado que el asunto se lleva en el Juzgado de Instrucción número 2 en donde se ha denunciado al propietario, el representante legal y a la empresa, a los que acusan de “amenazas, coacciones, allanamiento de morada y extorsión”, entre otros posibles delitos. Las plataformas Stop-Desahucios y PAH tendrán una reunión con la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones (PSOE), para abordar la situación, como ya la han mantenido con el concejal de Servicios Sociales de Santander, Alberto Lavín (PP). Próximamente tendrán una reunión con la Policía Local de Santander.

Los afectados viven en un piso de Santander desde hace varios años como consecuencia de una cesión de la vivienda bajo la forma de alquiler social por parte del antiguo propietario, Liberbank. La entidad bancaria obtuvo el inmueble en 2014 después de un proceso de ejecución hipotecaria a través de la empresa Beyos y Ponga, indica Mazorra. “En el año 2017, el inmueble fue adquirido por el fondo inmobiliario Desarrollos Las Peñicas SL. Dicho fondo fue inicialmente una sociedad unipersonal cuyo titular único era Liberbank. Posteriormente, fue comprada por dos sociedades que mantienen vínculos con Oceanwood, que es actualmente el principal accionista de Liberbank”, añade.

Desarrollos Las Peñicas en 2018 denunció por usurpación (“okupación”) a dos de los moradores actuales de la vivienda. Pero la sentencia fue favorable a los afectados y el juez dictaminó que las personas que vivían allí lo hacían legalmente y que contaban con la autorización del propietario en su momento, Liberbank. Posteriormente, Las Peñicas presentó demanda de desahucio por precario, por la vía civil, demanda pendiente de recursos en la Audiencia Provincial después de que a finales de 2019 se fallara estimatoriamente en primera instancia.

El 28 de mayo de 2021, un empresario adquirió la vivienda y un mes después esta sufrió un asalto por dos individuos que causaron destrozos en la puerta de entrada. Según narra Stop-Desahucios, “cuando un vecino se acercó a ver qué pasaba, le indicaron que aquello era un recado del nuevo propietario”. Un par de semanas después arrancaron el contador de la luz y causaron daños en el buzón de los afectados. También han recibido amenazas en junio y julio, tanto por parte del propietario como por parte de un abogado que les habría dado de plazo para abandonar el lugar el 1 de agosto “por las buenas o por las malas”. Una asamblea conjunta de la Plataforma Stop-Desahucios y la PAH ha tomado medidas para evitar el desalojo o intervenir si se intenta llevar a cabo.

Según Roberto Mazorra, “tenemos derecho a nuevos recursos y a las suspensiones por la pandemia o por la situación de vulnerabilidad de varios de nosotros. El nuevo propietario se quiere saltar todas las leyes, todos los procedimientos, y utilizando la violencia sin ningún rubor. Se trata de una vivienda humilde, pero que está a un minuto de la playa de La Magdalena. Y parece que ha sido un chollo el precio de venta. Y si a eso añadimos que el nuevo propietario tiene varias empresas y una de ellas se dedica al alquiler de inmuebles, pues el tema está claro. No estamos hablando de una familia humilde que compra una vivienda barata. Estamos hablando de una gente con un alto poder adquisitivo. Se trata de un negocio”, concluye.