La Fiscalía demanda a Ascel más documentación para decidir si actúa por la vía penal contra Cantabria por la caza del lobo

La Fiscalía de Medio Ambiente está recabando más datos y pruebas sobre las actuaciones seguidas por Cantabria para decretar la muerte de lobos sin autorización del Gobierno central, lo que ha conllevado una denuncia por supuesta prevaricación contra el consejero de Desarrollo Rural, Ganaderia, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC). La organización conservacionista Ascel está recurriendo las resoluciones de Desarrollo Rural para decretar la muerte de ejemplares y paralelamente denunció al mandatario cántabro por la vía penal.

Hace un año, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) advirtió al consejero cántabro de que podía incurrir en responsabilidades penales si continuaba adelante con sus planes de reducir la población de este gran carnivoro, después de que el mismo fuera incluido en el listado de especies protegidas LESRPE y su catalogación como especie no cinegética. Actualmente el Ministerio no está dando autorizaciones y tiene en suspenso su política con respecto al cánido hasta que no se desarrolle una estrategia nacional.

Cantabria está haciendo caso omiso a esta política nacional, es más, protesta por que el Ministerio dé la callada por respuesta ante las resoluciones que se dictan para nuevas 'extracciones'. En consecuencia, Ascel está recurriendo por la vía de lo contencioso-administrativo dichas resoluciones y demanda por la vía penal a los altos cargo. Los conservacionistas avisan de que no se detendrán y que habrá una dinámica de acción-reacción cada vez que la Consejería dicte una resolución que no tenga en cuenta el actual estatus protegido del lobo. En resumidas cuentas, la gestión del lobo en Cantabria se desarrolla en una espiral de judicialización.

Ascel denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente al consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y al director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, por presunta prevaricación en las resoluciones publicadas por el Gobierno de Cantabria y estos días afirma que el Ministerio Público le está demandando más información, lo que sería prueba, según estima, de que ve indicios para procesar al consejero. Ello se complementa con la decisión de la Sala de lo Contencioso, con voto particular en contra de la magistrada Paz Hidalgo, de suspender cautelarmente la muerte programada de una docena de lobos, aproximadamente, lo que ha sido calificado por Ascel como “sopapo judicial”

“El TSJ de Cantabria, por reclamación de Ascel, acepta las medidas cautelares en los distintos recursos contenciosos que planteó nuestra asociación en los últimos días, sobre resoluciones de control de 10 lobos aprobadas en junio y luego tres en septiembre, firmadas por el Ejecutivo de Revilla y Blanco”, valora Ascel, sin ocultar su satisfacción.

La organización conservacionista presume que “algo se cuece en Madrid, mucho o poco, sobre las responsabilidades de Blanco y Lucio, que llevan anunciando contra viento y marea que harían lo que fuera para aprobar medidas de control de lobos”.

Algo se cuece en Madrid, mucho o poco, sobre las responsabilidades de Blanco y Lucio, que llevan anunciando contra viento y marea que harían lo que fuera para aprobar medidas de control de lobos

Tres vías de actuación

Ascel está interviniendo para bloquear los planes de gestión del lobo por dos vías, que son realmente tres: administrativa y judicial (penal y contenciosa). Es en la vía de lo Contencioso donde está obteniendo más resultados, ya que los recursos de alzada no son estimados.

Tras el rechazo de una petición de cautelarísimas que paralizara las resolución de muerte de lobos, Ascel presentó dos recursos y pidió cautelares. Esta segunda intervención ha sido estimada por el TSJC hace unos días y es el “sopapo” al que se refiere la organización. El fallo, no obstante, no entra en la cuestión de fondo, que está pendiente de resolver.

“Ascel tiene abiertos todos los frentes, en forma de vías administrativas, judiciales y penales, contra el Gobierno de Cantabria 'matalobos', en corresponsabilidad con la madeja administrativa en la que el propio Gobierno regional envuelve todas sus acciones de muerte de lobos”, ha señalado la organización en su cuenta de Facebook.

La respuesta del Gobierno cántabro ha sido enrocarse. Políticamente, el socio de los regionalistas en el Gobierno, el PSOE, no se ha pronunciado sobre las últimas decisiones judiciales ni sobre los ataques que la ministra socialista Teresa Ribera recibe periódicamente del PRC.