La jueza de la presunta trama en Carreteras prorroga la instrucción durante seis meses más

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Santander ha decidido prorrogar durante seis meses más la investigación que dirige en torno a la supuesta trama de Carreteras en Cantabria, por la presunta adjudicación irregular de contratos de obras por parte de un funcionario a diversas empresas.

Así lo ha acordado la jueza, Mercedes Compostizo, en un auto, del que han informado fuentes jurídicas a esta agencia. Con esta resolución, se amplía el plazo habitual establecido en la ley para poder analizar el material recabado hasta la fecha, en especial el intervenido en los distintos registros llevados a cabo cuando estalló el caso, en febrero de este año.

El principal implicado es el funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional, Miguel Ángel Díez, que estuvo encarcelado hasta el pasado mes de septiembre.

Fue detenido como presunto cabecilla de la red, en la que estarían involucradas su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas del sector de la construcción en la región: Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina.

De los seis arrestados que pasaron a disposición judicial fue el único enviado a prisión, a la de El Dueso (Santoña), al entender la jueza que existía riesgo de fuga. Ahora se encuentra en libertad provisional por una causa en la que se ha personado el Gobierno de Cantabria como acusación particular.

Como presunto cabecilla de las adjudicaciones irregulares, a Díez se le atribuyen los delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, pudiendo suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos.

El resto de procesados quedaron en libertad provisional -con la obligación de comparecer ante el Juzgado cada 15 días-, situación en la que se encuentra también el principal investigado.

Además, la Justicia decidirá el mes que viene si Díez puede volver a su puesto de trabajo en la Consejería, después de que el Gobierno le suspendiera de empleo y sueldo, decisión que el funcionario ha recurrido. La vista está prevista para el 20 de noviembre.