La llamada de Cantabria al retorno de sus 48.000 emigrantes acaba en fiasco: solo 23 solicitudes y 19 aceptadas
El sueño de la clase política en ocasiones se estrella con la realidad. La convocatoria de ayudas para el retorno de la emigración cántabra ha sido un fiasco y apenas ha tenido eco: solo 23 solicitudes, de las cuales han pasado el primer filtro 19, sin que haya aún una resolución en firme desde el verano pasado.
La convocatoria realizada por el Gobierno de Cantabria en enero de 2023, sobre la base de una orden que databa de un año antes, fue presentada como una apuesta para el retorno sobre todo de aquellos jóvenes con más formación que han tenido que buscarse la vida fuera de la comunidad autónoma, lo que, a la vista del resultado, no ha convencido.
En 2022, se cifraba el número de cántabros en el exterior en cerca de 48.000 personas. Según el padrón de españoles residentes en otros países, 1.884 personas de la comunidad engrosaron la lista en 2021. El Instituto Nacional de Estadística (INE) rebaja la cifra de migración al exterior de cántabros ese año a 628.
Todas las autonomías disponen de un programa de retorno de emigración, pero en el caso cántabro el más destacado fue el proyecto para facilitar los desplazamientos a la comunidad y la estancia temporal. Más allá de ello, el migrante que retorne deberá someterse a una panoplia de ayudas al igual que el conjunto de la población local residente: renta social básica, ayudas al alquiler y una vaga promesa de inserción laboral, por ejemplo, que no han acabado con la desconfianza de aquellos que tuvieron que emigrar teniendo esas ofertas ya a su alcance, con el lastre de una burocratización asfixiante, económicamente pobres y con una expectativa de cobro que no se caracteriza precisamente por la agilidad.
A la convocatoria de ayudas a los cántabros en el exterior con el fin de favorecer su retorno a Cantabria, convocadas el 19 de agosto de 2022, se presentaron un total de 23 solicitudes, según los datos del Gobierno de Cantabria consultados por elDiario.es. Esta convocatoria sufragaba los gastos del viaje y desplazamiento de los emigrados “con el fin de propiciar el reencuentro con su tierra, sus familiares, con la sociedad cántabra en general y, con ello, favorecer su derecho al retorno reconocido en la Ley 2/2018, de 8 de mayo, de Casas de Cantabria”. Los desplazamientos en coche no estaban incluidos.
La citada convocatoria se ceñía a los desplazamientos y restringía el número de beneficiarios a los que aún conservaban empadronamiento en Cantabria. Asimismo, la vinculaba a la actividad de las Casas de Cantabria y a la lucha contra el despoblamiento, ya que primaba la residencia de origen en los 39 municipios en riesgo poblacional. La disposición de gasto del Ejecutivo fue de 45.000 euros.
El Gobierno financiaba los gastos de desplazamiento desde el lugar de residencia habitual hasta Cantabria, así como los de regreso en cualquier medio de transporte, salvo el vehículo propio. También los gastos de alojamiento en cualquiera de los municipios en riesgo de despoblamiento y en los de manutención “realizados en establecimientos turísticos destinados a la actividad de la restauración situados en cualquiera de los citados municipios en riesgo de despoblamiento”. En definitiva, cada beneficiario podía recibir hasta un máximo de 1.000 euros, si el solicitante reside en el extranjero, o de 400 euros si es residente en España. Se cifraba el gasto de alojamiento en 80 euros el día y el de manutención en 34 euros diarios.
El gasto para Cantabria de esta medida no ha alcanzado ni la mitad del crédito disponible (19.000 euros máximo sobre un disponible de 45.000) y todavía no se ha resuelto, ya que “la resolución definitiva está en fase de fiscalización previa por la Intervención Delegada”. Por lo tanto, los 19 potenciales beneficiarios aún no han sido notificados. La razón es que la Intervención devolvió el expediente que se le había remitido en verano por lo que la documentación hubo de ser remitida para su fiscalización el 24 de noviembre, hace dos meses. No hay fecha de abono, en definitiva, para el cobro de estas ayudas aprobadas por el Gobierno anterior (PRC-PSOE), pero tramitadas por el actual (PP).
Otras ayudas
Hay otras ayudas, de manera sectorial o geográfica. Sodercan, la empresa pública regional vinculada a la actividad empresarial, convocó en 2022 ayudas mediante “el fomento de la contratación y el retorno de talento en las áreas de I+D y Nuevos Mercados e Internacionalización, con un presupuesto total de 900.000 euros”.
En el caso de Santander, la actual alcaldesa, Gema Igual (PP), se comprometió en campaña a facilitar 300 euros para facilitar el alquiler durante seis meses de los que se aventuren a volver. El Plan de Retorno Juvenil incluía la posibilidad de optar a esta ayuda de 1.800 euros en total o bien al aval del alquiler, hasta un máximo de 1.800 euros, siempre que los jóvenes se comprometieran a una permanencia en la ciudad de al menos un año, salvo fuerza mayor. Según la entonces candidata y ahora alcaldesa, los jóvenes habían acogido la medida “con entusiasmo”.
El pasado mes de septiembre, la actual presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), anunció un “verdadero” plan de retorno de cántabros en el exterior, que corregiría “los errores o deficiencias de iniciativas anteriores y analizará muy bien las circunstancias para ser eficaz y obtener los mejores resultados”. “Una de las acciones más claras de este Gobierno se va a centrar en favorecer el retorno de los cántabros que no han podido regresar a su tierra por motivos económicos”, declaró en un encuentro con las Casas de Cantabria, con unas medidas que aún no ha concretado cuando avanza hacia su primer año de legislatura en el Gobierno.
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