La Fiscalía ve “falta de imparcialidad” en la expulsión de los cargos de Podemos de las primarias de Cantabria

“Contradicciones, y falta de imparcialidad y objetividad”. Así ha valorado la Fiscalía la expulsión de la exsecretaria general y diputada en el Congreso, Rosana Alonso, de las primarias de Podemos Cantabria por parte del Comité de Garantías estatal, a raíz de un informe negativo del Comité de Salud y Seguridad Laboral por “ocultar” presuntamente las denuncias de acoso laboral del diputado José Ramón Blanco hacia una trabajadora y dos miembros del partido.

La vista oral, celebrada este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 6 de Santander, ha quedado vista para sentencia después de que se aplazase hace 20 días tras la baja laboral presentada por el abogado de Podemos, interpretada por parte de la propia Alonso, Belén Millán y David González -exresponsables de Organización y Feminismos también apartados del proceso- como “una maniobra para dilatar plazos y evitar las primarias”.

En la sesión han declarado como testigos por videoconferencia dos miembros del Comité que elaboró el informe así como la presidenta del Comité de Garantías. No obstante, no lo han hecho a voluntad propia ni el diputado José Ramón Blanco, ni la diputada Verónica Ordóñez, una de las tres denunciantes por acoso laboral.

La fiscal ha solicitado, al igual que el abogado de la parte demandante, la nulidad de la resolución del comité electoral de Podemos Cantabria que invalidó sus candidaturas a las primarias del partido para concurrir a las elecciones autonómicas del 26 de mayo. “No se han cumplido las garantías necesarias para cualquier tipo de procedimiento con los trámites necesarios y conforme a los principios generales del Derecho”, ha argumentado.

Y es que de las declaraciones de los dos testigos que participaron en la elaboración del informe -Ventura Rafael García e Isaac de Bedoya Velázquez- y de la presidenta del Comité de Garantías, Miren Edurne Gorrotxategi, se pone de manifiesto que no hubo una denuncia expresa contra los tres dirigentes apartados y que no se les tomó declaración durante la investigación. “No ha habido posibilidad de contradicción, no ha habido trámite de audiencia”, ha recalcado la fiscal en sus conclusiones.

Asimismo, la jueza ha cuestionado a los dos miembros del Comité de Salud y Seguridad Laboral, después de que aseguraran que la situación de acoso laboral era “conocida públicamente” y que así se lo habían transmitido testigos interrogados, “por qué unas personas que conocían los hechos y no denunciaron fueron objeto de informes negativos y otras personas que también los conocían no lo fueron”. Y es que en el informe se detalla que el que fuera Coordinador permanente del partido en Cantabria con iniciales A.G.C (Alberto Gavín) reconoció siendo interrogado que existió esa situación y pidió “disculpas” por “no haber atajado el problema”.

Ventura Rafael García ha respondido señalando que él cumplía órdenes de Madrid -a juicio de la Fiscalía debería haber tenido “autonomía” para decidir a quién interrogar en función del transcurso de la investigación- mientras que Isaac de Bedoya Velázquez ha atribuido el hecho de no tomar declaración a los dirigentes apartados a la “protección a las víctimas”.

“Había filtraciones a la prensa y se decide cerrar el expediente de urgencia”, ha argumentado, a lo que la Fiscalía ha valorado que se podría haber abierto un segundo expediente con las declaraciones del resto de testigos. “¿No podría haberse planteado la resolución solo a la persona denunciada y abrir otro expediente para testigos?, se ha preguntado.

Contradicción en la prueba

No obstante, para la fiscal existe “una clara contradicción” entre lo que dice un miembro y otro de los que han elaborado el informe. Mientras que Ventura Rafael García ha asegurado que “no vieron ningún documento” que acredite que los tres dirigentes de Podemos apartados de las primarias eran conocedores de la situación de acoso laboral, Isaac de Bedoya Velázquez ha hecho referencia a una serie de mails enviados por Millán en los que “intentaba que se retiraran las denuncias”.

No obstante, esos correos electrónicos no aparecen en el informe, y cuestionado por ello por parte del letrado de la parte demandante, De Bedoya ha afirmado que se encuentra en un anexo al mismo del que no hay referencia en el propio documento principal. “Se me pasaría marcarlo”, ha justificado.

Ambos integrantes del Comité de Salud y Seguridad Laboral han señalado que el informe “no sanciona”, sino que propone medidas y que, de manera protocolaria, se remite a Garantías. Sin embargo, la presidenta de este organismo ha afirmado posteriormente que “no existe un protocolo”, en una declaración en la que no ha valorado el contenido del mismo ni el hecho de que no hayan sido citados a declarar los tres demandantes en el juicio de este miércoles. “Yo solo sé lo que hago yo, yo sé mi trabajo”, ha sentenciado.

De hecho, su comparecencia ha sido tan surrealista que cuestionada por el letrado sobre si había recibido un recurso de impugnación del informe por parte de Belén Millán ha preguntado que “quién es Belén”. “No recuerdo ni nombres ni fechas, está todo en el ordenador”, ha declarado, asegurando que el órgano que ella preside “no ha adoptado medidas” contra los tres dirigentes morados.

“Requisito objetivo”

Por su parte, la letrada de la parte demandada ha defendido que el Comité de Salud y Seguridad Laboral “no decide la invalidación de ninguna candidatura” y ha apelado al principio de libertad organizativa de los partidos, que “deben adaptarse a sus propias normas”. Así pues, ha hecho hincapié en que la decisión de apartar a Alonso, Millán y González responde a una norma “objetiva” que recoge que “las personas que hayan sido objeto de un informe negativo del Comité no podrán concurrir a las primarias”. “Es un requisito objetivo, no es una sanción”, ha subrayado.

Asimismo, ha resaltado que “es imposible que no conociesen” los hechos que se investigan puesto que son los máximos dirigentes del partido y uno de ellos “compartía despacho con Blanco”. Además, ha hecho referencia para sostener su argumento a la declaración de uno de los integrantes del Comité sobre las afirmaciones de una persona del partido Ciudadanos que les trasladó que o paraban la situación o ella “tomaría medidas”. “Se ha seguido el procedimiento de manera escrupulosa para la invalidación”, ha concluido.