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Otro resto del pasado que desaparece en Santander: la muralla de la primera Guerra Carlista ya es historia

Al fondo, resto superviviente del lienzo de la muralla en Alcázar de Toledo.

Javier Fernández Rubio

5 de diciembre de 2021 21:27 h

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Las obras de construcción de 66 viviendas de protección oficial en el antiguo aparcamiento de Tabacalera, en la calle Alta de Santander, se han cobrado una nueva víctima del patrimonio de la ciudad: un muro de hace 200 años que era el único resto de la fortificación que se levantó en el lugar durante la primera Guerra Carlista, en la tercera década del siglo XIX. Solo unos metros del lienzo se mantienen en pie en una transversal de la calle Alcázar de Toledo.

El muro, de 50 metros de longitud y cuatro metros de anchura, sobrevivió 200 años a la actividad fabril, pero no a los planes del Ayuntamiento de Santander para construir VPO actuando de promotora pública la Sociedad de Vivienda y Suelo. Las obras las ejecuta la constructora Rotedama con un presupuesto de 7.096.157 euros y han incluido un seguimiento arqueológico.

Durante la primera Guerra Carlista, Santander se convirtió en un baluarte liberal afín a la regencia de María Cristina en el conflicto civil con los carlistas. La muralla, y el fuerte correspondiente, se remontan al bienio 1834-1836 y formaban parte de un plan para defender la ciudad que contempló la construcción de tres reductos: María Cristina, Isabel II y López Baños. Por su defensa del trono de Isabel II, Santander recibió el apelativo de “decidida” y su Ayuntamiento el de “excelentísimo”, lemas que se recoge actualmente en su escudo.

Los expertos no descartan que en la zona, incluidas las trazas del propio muro, hubiera restos de las defensas de la ciudad durante la Guerra de la Independencia, ya que el convento de las inmediaciones, el de Las Clarisas de Santa Cruz, fue cuartel y hospital militar en esos años.

Convento de Las Clarisas

Precisamente, su proximidad al Convento de Las Clarisas -actualmente en un estado de conservación deplorable que lo ha hecho merecedor de ingresar en la lista roja de patrimonio de Hispania Nostra- genera preocupación por la supuesta inexistencia de seguimiento arqueológico en este inmueble inscrito en el área del Cabildo de Arriba de Santander.

El convento, también conocido como de Santa Cruz, desde que fueran expulsadas en 1838 las monjas por el obispo de Santander para instalar en las naves una fábrica de tabaco, no ha tenido más usos y de hecho no existe constancia de estudios de los restos arqueológicos y patrimoniales que pueda albergar este recinto 'virgen' para los expertos.

Desde 2016, en que se iniciara la redacción del proyecto de su rehabilitación, no hay constancia de que en los planes se recoja seguimiento arqueológico o algún tipo de intervención que rescate y conserve patrimonio histórico. Las obras de rehabilitación y afianzamiento del inmueble prevén el derribo de los anexos y los pliegos de las obras que hasta ahora ha venido ofertando el Gobierno de Cantabria son muy exhaustivos en cuanto a las labores de demolición, pero nada dicen sobre el estudio patrimonial del área ni de su papel en la evolución de la trama urbanística de la capital cántabra.

El Convento de Las Clarisas, inaugurado en 1656, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Cantabria, al igual que el Hospital de San Rafael, sede actual de Parlamento de Cantabria, que se levanta en las inmediaciones.

Pese a que han transcurrido cinco años desde que se iniciaran los trabajos para la recuperación de convento, poco se ha avanzado. Dos licitaciones han quedado desiertas y el Gobierno de Cantabria ya ha asumido tener que hacer la obra de consolidación con “medios propios”, según ha manifestado estos días la consejera de Presidencia, Paula Fernández, lo que puede conducir a que acabe realizándola la empresa pública Gesvican.

Con respecto a los posibles usos, aún está abierto. Hasta ahora, el convento pretendía ser una sede de algún organismo judicial, descartado que albergara varios de ellos a la vez, pero esos planes parecen no sostenerse. Las obras, por lo demás, no culminarían la conversión final del inmueble, sino que financiarían su rehabilitación más esencial para garantizar que no se desplome como ha ocurrido con tantos edificios del Cabildo de Arriba. Los trabajos están tasados en 800.000 euros.

La alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, esta semana ha propuesto que el edificio se dedique a actividades culturales, ya que, aparte de recuperarse un inmueble de la zona, se cubriría una laguna dotacional en el Cabildo de Arriba. Presidencia, en todo caso, está decidida a comenzar las obras en 2022 y sobre la marcha decidir para qué se quiere el edificio, una decisión que se tomaría “entre todos”.

El convento es un claro ejemplo de la arquitectura conventual de estilo renacentista, que destaca por la sobriedad clasicista y la pureza de sus líneas. El conjunto está formado por iglesia, claustro, dependencias conventuales y naves industriales que están llamadas a desaparecer.

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