Los trabajadores de Nestor Martin estudian pedir responsabilidades judiciales al Gobierno de Cantabria
La abogada de los trabajadores de Ecomasa-Nestor Martin, María Teresa Ortíz, estudia presentar en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander un escrito solicitando que la querella criminal dirigida contra los exgestores de la fábrica Jesús Lavín y Andrés León se dirija también contra el Gobierno de Cantabria, que invirtió durante la pasada legislatura 18 millones de euros en este proyecto industrial que está a punto de liquidarse.
Esta solicitud, que seguramente se efectuará la próxima semana, se produce después de destaparse la estrecha relación que mantienen Jesús Lavín y el exdirector del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, quien impulsó y avaló desde este organismo público la inyección de capital por parte del Gobierno. Ambos fueron socios en una promotora inmobiliaria hasta que Gómez de Cos fue designado por el PP como cargo público, tras lo cual nombró a su hermano administrador mancomunado de la sociedad.
Este hecho, unido a la declaración ante el juez de los exgestores y al resultado de la auditoría encargada por el actual Ejecutivo (PRC-PSOE), han acrecentado las sospechas de los trabajadores sobre la actuación del anterior Gobierno de Cantabria (PP), al que siempre han reprochado su “falta de diligencia” a la hora de fiscalizar esta importante inversión pública.
En una rueda de prensa en la rueda de prensa en la que han comparecido junto a los diputados de Podemos para presentar una iniciativa parlamentaria, el comité de empresa ha asegurado que no descarta ampliar la querella e iniciar acciones judiciales contra el Gobierno, que fue el que les convenció para adentrarse en el proyecto.
Un proyecto del PP
Ecomasa-Nestor Martin llegó a la Comunidad Autónoma de la mano del expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien ofreció incentivos económicos a sus promotores a cambio de recolocar a buena parte de los trabajadores que recientemente habían sido despedidos por Teka al deslocalizar esta empresa la fabricación de cocinas a Turquía.
Los 88 empleados que encontraron cobijo en la nueva factoría cedieron los 3,2 millones de euros que les correspondían de las indemnizaciones por despido a cambio de “un trabajo estable”, según les prometió Ignacio Diego.
La fábrica, dedicada a la comercialización de estufas de pellets, arrancó su actividad en la región en febrero de 2012 y actualmente está a punto de cerrar su liquidación -prevista para el 14 de noviembre- después de haber entrado en concurso de acreedores y haber sometido a la plantilla a tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en sus apenas tres años de actividad.
“Rescatar a las personas”
En esta línea, el grupo parlamentario Podemos ha registrado una proposición no de ley instando al Gobierno a personarse en el procedimiento judicial abierto tras la demanda de los trabajadores y a “asumir su responsabilidad” devolviendo a los afectados las cantidades de sus indemnizaciones, así como el equivalente al año de prestación por desempleo que han consumido durante su regulación, que el comité de empresa cifra en un millón de euros. En total, 4,2 millones.
En la rueda de prensa celebrada en la sede del Parlamento, los diputados de la formación morada José Ramón Blanco y Verónica Ordóñez han calificado de “estafa” la actuación del anterior Gobierno y han defendido que si el Ejecutivo puede rescatar infraestructuras como el Puerto de Laredo también debe hacerlo con las personas. “En un país que rescata bancos y autopistas y una comunidad que quiere rescatar un puerto que no tiene barcos, no hay que tener miedo a rescatar a las personas”, ha defendido Blanco, quien ha apuntado que la situación económica de los 88 trabajadores es “traumática”.
“Para Podemos lo primero son las personas”, ha insistido desde Podemos, que propone al Gobierno el rescate de las familias y que, posteriormente, reclame judicialmente el dinero.
Igualmente, el partido ha anunciado que buscará apoyos para iniciar una comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria, para la cual se necesita al menos la firma de dos grupos políticos.
Además de esta petición, el comité de empresa ha reclamado al bipartito que recoloque al mayor número de trabajadores posible en la media docena de empresas que tienen interés por instalarse en Cantabria, según ha anunciado recientemente “a bombo y platillo” el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, quien precisamente mantuvo la semana pasada un encuentro con los representantes de los trabajadores.
El Gobierno “lo sabía”
El estudio elaborado por Hub Advisory a instancias de la Sociedad pública para el Desarrollo de Cantabria (Sodercan) -que posee el 30% de las acciones- desveló que Lavín y León habían creado un entramado societario utilizando Ecomasa como empresa matriz y que habían llevado a cabo diversos movimientos de capital entre las numerosas filiales.
El pasado 15 de octubre, en su testimonio en calidad de imputados por apropiación indebida, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y malversación de caudales públicos, ambos aseguraron que los responsables del Gobierno autonómico eran plenamente conocedores de estos movimientos y que, de hecho, en las escrituras figura que el primer préstamo recibido se destinaría a “inversiones en el extranjero”.
En la causa también está imputada la exdirectora general de Empleo, María Ángeles Sopeña, por un supuesto fraude en los cursos de formación que los trabajadores no recibieron aunque sí fueron titulados, y que estaban subvencionados por la Unión Europea con el apoyo del Servicio estatal de Empleo.
En declaraciones a este diario, la abogada de los trabajadores ya apuntó el pasado mes de mayo que la querella dirigida inicialmente contra Lavín y León podría acabar salpicando a altos cargos del Ejecutivo del PP, y todo parece indicar que Sopeña no será la única que tenga que acudir a la sede judicial de Las Salesas.
