El PP propone garantizar por ley unos plazos de atención a las personas en situación de dependencia

Con esta ley de garantías para las personas en situación de dependencia, el PP se propone garantizar de igual modo que en la sanidad pública unos tiempos de respuesta y unos tiempos máximos de espera tanto para el reconocimiento de la situación de dependencia, como para el acceso efectivo a la prestación.

El incumplimiento de los plazos tendrá como consecuencia el derecho a percibir una ayuda económica para financiar una prestación privada durante todos los meses en los que se sobrepase el plazo establecido.

Buruaga ha hecho esta propuesta, que trasladará al Parlamento, en una reunión con representantes de empresas y entidades del sector de la dependencia pertenecientes a las asociaciones FED, Lares y PAD, ante las que ha defendido que el PP tiene mucho que decir y ofrecer para que el sistema de atención a la dependencia avance y tenga certezas, para dejar atrás la incertidumbre y el retroceso en una legislatura fallida.

La presidenta del PP ha defendido además una “planificación seria de las necesidades reales” y de los recursos para garantizar la atención y un servicio adecuado a las personas dependientes y la viabilidad de los centros, especialmente en las zonas rurales, y un entorno de financiación estable a las empresas prestadoras de los servicios con una normativa que obligue a la administración a actualizar los precios.

Según ha explicado Buruaga, se trata de evitar que estas decisiones queden al arbitrio del consejero de turno y que se repita lo ocurrido en esta legislatura, “puesto que el Gobierno se ha negado sistemáticamente a subir los precios a pesar de la subida del IPC”.

Además, ha insistido en la necesidad de modificar la actual normativa de acreditación de centros y de desarrollar la de servicios, además de impulsar la coordinación sociosanitaria.

La presidenta de los populares cántabros ha hecho hincapié en que en atención a la dependencia esta es una legislatura fallida para Cantabria.

“El Gobierno de Revilla dijo que venía a revertir los recortes del Partido Popular y a colocar nuestro sistema de atención a la dependencia al nivel de los países del norte de Europa, pero lo cierto es que la situación es hoy mucho peor para las personas dependientes y para las empresas prestadoras de servicios”, ha dicho.

Buruaga ha lamentado que hoy se destinan siete millones menos que en 2015 a las prestaciones del sistema, a financiar las residencias, centros de día o la ayuda a domicilio y “se han disparado” tanto las personas que esperan (5.000), como el tiempo que esperan, que es de una media de siete meses.

A este panorama se suma la “parálisis en la gestión” que está generando “inseguridad jurídica, incertidumbre económica y serias dificultades” entre las empresas y entidades del sector con las que el Gobierno “ha roto puentes porque ha dinamitado el diálogo y el trabajo conjunto para hasta el momento apostar por la imposición”, ha concluido.