Artículos de opinión de Javier Gallego, director del programa de radio Carne Cruda.
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Bonito espectáculo el que está dando la Justicia española. En el juicio al procés en el Supremo estamos viendo a unos fiscales tan torpes que cualquiera diría que creen que el resultado está escrito y no hace falta esforzarse. Han hecho el ridículo al intentar probar la presunta violencia golpista porque eso no hay cómo demostrarlo sin retorcer los hechos, pero es que ni siquiera son capaces de recordarles a los políticos catalanes cómo desconectaron a media Cataluña de la otra mitad y del resto de España con una declaración y unas leyes que ahora dicen que no iban en serio. Si no iban en serio, podrían haber evitado este viaje y este juicio, por cierto. Si todos nos lo hubiéramos tomado en serio, no estaríamos aquí.
En el edificio de enfrente, la Audiencia suelta a Sandro Rosell después de dos años de prisión provisional sin juzgarle. 500 días han estado los presos catalanes (¡los Jordis por organizar protestas!). 700 días estuvieron los jóvenes de Alsasua a los que la Audiencia ha condenado a 13 años por una pelea con unos Guardias Civiles vestidos de paisano. La Manada, sin embargo, sigue libre a pesar de la ratificación de la condena. Lenta, chapucera, abusiva, desigual: la Justicia lleva una venda para no ver lo que algunos de ustedes están haciendo con ella, Señorías.
Remata la jugada un juez de reconocido franquismo que admite un presunto informe pericial de la Fundación Franco como único argumento para suspender la exhumación del viejo. Si esto no es prevaricar se le parece bastante. El magistrado reproduce como propios los motivos ajenos aportados por los fascistas, razones tan disparatadas como el peligro de que se caiga la basílica o que muera un operario moviendo la lápida. Luego les disgusta cuando decimos que a la judicatura española le huele el sobaco a franquismo.
Ya es tela que sea legal una fundación en honor a un golpista genocida, pero es de traca que encima dirija a un tribunal en contra de la decisión del Parlamento español. Porque desenterrar al Caudillo no es un capricho del Gobierno, es la obligación que tiene de cumplir una resolución aprobada por la Cámara de representantes del pueblo. Españoles, Franco y familia siguen mandando mucho sobre nosotros a través de jueces, políticos y empresarios.
En España no se puede sacar los huesos de un genocida porque un juez franquista lo evita, pero se puede desahuciar a las familias de Argumosa pese a que Naciones Unidas ha dictaminado que lo contrario. En España han condenado hasta 13 años a los chavales de Alsasua por una agresión a unos agentes que se ha demostrado que no era terrorismo y sólo 9 años al militar y al guardia civil de la Manada que violaron a una chica. En España, hay raperos condenados a la cárcel por sus letras antimonárquicas, pero ni un juez se atreve a juzgar los oscuros negocios de la monarquía.
También es cierto que gracias a algunos jueces hemos visto al yerno del rey y a muchos políticos y empresarios corruptos en la cárcel. No compro la enmienda a la totalidad con la que algunos independentistas justifican saltarse las leyes de todos como si su democracia fuera más democracia que la del resto. Pero sí creo que España es más un Estado de derechas que un Estado de Derecho. El poder cojea siempre del mismo pie. Hay todavía demasiados magistrados machistas, retrógrados, autoritarios, franquistas, que imparten ideología más que justicia.
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