El 20 % de los Ayuntamientos que recurrirán la reforma local ante el Constitucional son de Castilla-La Mancha
El pasado sábado, a las puertas de las Cortes, representantes de once formaciones políticas escenificaron su voluntad unitaria de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para lo que han conseguido recabar acuerdos plenarios de más de 2.000 Ayuntamientos de toda España con 15 millones de habitantes censados.
El número alcanzado, además de constituir un hito histórico, cumple sobradamente el requisito de que el recurso debe ser suscrito por las mayorías absolutas de un séptimo del total de los Ayuntamientos que hay en España y que, además, supongan un sexto de la población. Se prevé que antes del 31 de marzo el Ayuntamiento de mayor tamaño, Barcelona, solicite el dictamen del Consejo de Estado como paso previo a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional.
Para sus críticos esta ley, que salió adelante con los votos de PP y PNV, es un grave atentado contra la autonomía municipal, recorta servicios sociales, prestaciones básicas en la atención de los mayores, en educación y en sanidad, con la clara intención de privatizarlos.
Los promotores del recurso son PSOE, CiU, IU-ICV, ERC, Coalición Canaria, BNG, CHA (Chunta Aragonesista), Compromís, Nueva Canarias, UPyD, CAPI (Confederación de Agrupaciones y Partidos Independientes) y FEEM (Federación de entidades Locales menores).
Apoyo en Castilla-La Mancha frente a la ley
En Castilla-La Mancha la movilización del Psoe e Izquierda Unida ha logrado que casi 400 Ayuntamientos, el 20 % del total de recurrentes, adopten el mencionado acuerdo plenario, lo cual supone el 40 % de los municipios de la Comunidad.
Para el secretario general del Psoe de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, “la reforma local que ha hecho el PP no sirve para clarificar competencias, no conlleva ningún tipo de ahorro y es una ley que va en contra de los interés de los ciudadanos y de los Ayuntamientos más pequeños”, por lo que justifica la presentación del recurso por 80 Ayuntamientos de la provincia donde su partido gobierna.
Según Gutiérrez “esta reforma local del PP daña gravemente a los Ayuntamientos y, en el caso de la provincia de Toledo, afecta muy negativamente al 98% de los municipios, que podrán ver eliminadas sus competencias al tener menos de 20.000 habitantes, atacando esta ley directamente a la autonomía municipal”.
El también alcalde de Escalona cree “disparatado” quitar competencias a los Ayuntamientos y dárselas a las Diputaciones porque “conlleva una preocupante falta de eficacia, el encarecimiento de los servicios, que éstos sean de peor calidad y supondrá su privatización”. , Según el responsable socialista “se cambia rentabilidad social por rentabilidad económica en la prestación de servicios, lo que implica que van a recibir peores servicios y más caros”.
El Ayuntamiento de Toledo también se ha unido al recurso de inconstitucionalidad porque, según el portavoz municipal de Izquierda Unida, Aurelio San Emeterio, “supone un ataque directo a las competencias municipales y al trabajo que las entidades locales hacen cada día con los ciudadanos”.
El concejal advierte que esta ley pretende la privatización sistemática de los servicios públicos municipales, muchos de los cuales desaparecerán, especialmente los servicios de proximidad como los servicios sociales, de atención a la mujer o de lucha contra la violencia de género, “aludiendo a un reparto competencial que en realidad es sólo una excusa para suprimir servicios a los ciudadanos y seguir este cínico sistema de reducción del déficit”.
Además San Emeterio apunta que “esta reforma es especialmente dura con las zonas rurales, esas a las que Cospedal ha castigado tanto, ya que el 95% de los municipios de nuestra región dejaría de tener servicios sociales, políticas de igualdad, culturales o de desarrollo o creación de empleo” y además, “santifica a las Diputaciones y les cede parte de la prestación de servicios. Hablamos de las únicas administraciones que no son de elección directa por parte de los ciudadanos y que han demostrado en muchos casos ser verdaderos nidos de corrupción, de tratos de favor y que han funcionado como cortijos al servicio de algún dirigente, y en Toledo lo sabemos bien”, concluye el concejal.
