Los ciudadanos están siendo “excluidos” del futuro desarrollo de las renovables
Miguel Ángel Martínez-Aroca es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y uno de los ponentes en las jornadas 'Sol y Justicia' que recorren todo el país y llegaron este martes a Toledo. La cita se repite en Albacete, este miércoles 27 de septiembre con el objetivo de informar a la ciudadanía, la clase política y los responsables administrativos de las “injusticias” que se observan en el panorama energético español.
“La mayor inseguridad jurídica es la que sufren los miles de ciudadanos que invirtieron en 2008 y que sufrimos en la actualidad las consecuencias de los cambios normativos retroactivos en el sector de las renovables”, explica Martínez. Por eso, una de las principales reivindicaciones de este colectivo es la de reclamar “seguridad” para quienes fueron los “pioneros”, los primeros promotores que empezaron a caminar hacia un nuevo modelo energético, basado en las energías limpias.
Fueron más de 62.000 familias las que construyeron los primeros 3.000 megavatios de energía fotovoltaica. “Estas familias hicieron posible esa realidad y distribuir la riqueza entre todas las comunidades autónomas. Pero a estos ciudadanos se les ha hecho un ataque retroactivo, el más duro el que ha llevado a cabo el actual Gobierno del PP con recortes cercanos al 50%, a los que sumamos un impuesto de 7% a la generación de energía”, explica.
Impuesto al sol y oligopolio energético
Otro impuesto que se relaciona directamente con este tipo de producción es el llamado 'al sol', que se creó para “disuadir del autoconsumo, decir que no es atractivo e impedir que se amortice jamás la inversión”, señala Miguel Ángel. “El Ministro de Industria lo que hace es ahuyentar con impuestos, con declaraciones de miedo para que no en instalaciones de autoconsumo”, asegura. Por eso, explica que la política actual no defiende el interés general del país sino que “legisla para consolidar los beneficios de las eléctricas”.
“Recordemos que se llevan 7 mil millones limpios del bolsillo del ahorro de los españoles. Esto es lo que consigue el Ministro con su política energética”, critica. De este modo, se favorece el “centralismo” y no el interés general o que los ciudadanos paguen menos y sean partícipes de un sistema eléctrico que distribuya la riqueza. “Lo que quieren es centralizar en torno a las cuatro grandes compañías”, asegura. Es esto lo que explican también en esta 'ruta' que realizan hace ya tres años y que recorre todo el país.
El futuro de las renovables también se centra en las empresas mientras que el ciudadano y las familias han quedado “excluidas” del mismo. “Han sido los únicos adjudicatarios en las subastas de nuevos proyectos de energía renovable”, señala Martínez-Aroca. Por otro lado, critica que la legislación no está permitiendo que el sector sea “atractivo, entendible o fácil” para el ciudadano ni tampoco para que el sector empresarial nacional pueda meterse o invertir en el desarrollo de las renovables futuras. “A pesar” de que la Unión Europea está “pidiendo” que estos nuevos proyectos estén en mano de los ciudadanos, lamenta el presidente de Anpier.
Sistema horizontal en vez de vertical
Martínez-Aroca insiste en las “muchísimas trabas” que se está poniendo para “ahuyentar” las iniciativas sociales que se quieren acercar al sector energético. “Si la ciudadanía invirtiese en renovables, en un futuro los ingresos podrían quedarse en los municipios, engrosando la economía local”, afirma. Por eso, abogan por un sistema energético más horizontal que reemplace el actual “centralizado, integrado verticalmente”. Pero esto depende de las decisiones políticas que también son “responsables” de que en Alemania se produzca más energía fotovoltaica que en España.
Además, señala, es necesario crear lo que llaman una “cultura de la energía” a través de estas asambleas informativas y diversas jornadas que dan a nivel nacional. “A la clase política no le interesa una ciudadanía bien formada en energía, sino que no entienda nada de cómo funciona el sistema y lo van haciendo cada vez más complejo e inseguro para que no quieran acercarse a conocerlo”, concluye Martínez-Aroca.
