El Constitucional avala la ley 'antifracking' de Castilla-La Mancha que intentó tumbar el Gobierno de Rajoy

El tortuoso camino de la Ley 'Antifracking' de Castilla-La Mancha puede haber llegado a su fin. El Tribunal Constitucional no considera contraria a la Carta Magna la disposición de esta ley, aprobada hace un año, que recurrió el Gobierno de Mariano Rajoy, con lo que provocó la suspensión cautelar de la norma, mediante la cual se establecen una serie de requisitos que buscan impedir los proyectos de fractura hidráulica en esta comunidad autónoma.

Desde el Ejecutivo del PP ya habían recurrido leyes similares que se aprobaron en Catalunya, La Rioja y Cantabria, tumbadas por atribuirse competencias que corresponden al Estado, como la regulación energética o de hidrocarburos. Por eso, desde el equipo de Emiliano García-Page elaboraron una norma que pudiera 'sortear' ese recurso y para ello la norma contempla, no la prohibición de la fractura hidráulica, sino  decenas de condicionantes ambientales, que sí son competencia autonómica y que hacen prácticamente imposible 'de facto' la aprobación de estos proyectos de extracción.

Eso no impidió que el Gobierno anterior decidiera ir también contra la ley castellano-manchega. Interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la norma, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos. Ahora el Constitucional le ha quitado la razón al Ejecutivo de Mariano Rajoy. 

La sentencia la ha comunicado por redes sociales el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, celebrando tal decisión:

El 'fracking' es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas natural o petróleo del subsuelo y el Gobierno central entendía que las normas de protección reguladas en la ley castellano-manchega vulneraban las competencias estatales sobre hidrocarburos y medio ambiente. Decidió invocar el artículo 161.2 de la Constitución “a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad”. Asimismo, consideraba que la técnica del 'fracking', al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, contaba ya con “la necesaria protección”.

El Tribunal Constitucional (TC) ya ha ratificado en tres ocasiones recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra distintas iniciativas legislativas regionales, como sucedió en 2014 en Cantabria y en La Rioja, o en 2016 en Cataluña. En el País Vasco también se redactó en 2016 una ley similar a las anteriores contra la que el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad y pidió la suspensión cautelar de los artículos que recogían la prohibición del 'fracking', pero el TC levantó dicha suspensión al entender que no existía perjuicio alguno “de imposible o difícil reparación”. La ley castellano-manchega imita este modelo vasco y ahora también ha salvado este osbtáculo.

En Castilla-La Mancha, la ley 'antifracking' fue una promesa de García-Page durante la campaña electoral como respuesta a las amplias movilizaciones ciudadanas en Guadalajara y en el Campo de Montiel. Ha sido de las primeras normas en ponerse en marcha en la presente legislatura, con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP.

Gracias a este texto, el Gobierno regional establece numerosos requisitos. Se trata de impedir esta práctica por la vía de la restricción. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer escuchando al pueblo castellano-manchego y lo hacemos desde una perspectiva en positivo”, aseguraba en su momento el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, quien además apuntaba que en la norma se incorporan restricciones aún no contempladas por la legislación nacional pero recomendadas por los organismos europeos.

El contenido de la ley ha seguido las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea y se realizó junto con las Plataformas Antifracking de Castilla-La Mancha bajo el objetivo de apostar por el desarrollo sostenible.

Todos los requisitos están condicionados a un Plan Estratégico de la utilización de la fractura hidráulica, que incluye cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.