La distancia mínima de 300 metros entre centros educativos y locales de juego no incluirá a los de Infantil y Primaria

PSOE, PP y Ciudadanos han logrado consenso en la distancia entre los locales y negocios de juego y los centros de educación Infantil y Primaria y que la tasa fiscal de los juegos de suerte, envite o azar sea de un 14 por ciento y no de un 20 por ciento como se recogía en el texto. Así ha quedado reflejado en la Comisión de Economía y Presupuestos para abordar las 24 enmiendas al Proyecto de Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

La distancia entre los centros educativos y los locales de juego debe ser de un máximo de 300 metros según recoge la ley, pero los tres grupos han acordado que se exceptúe esta distancia en los de Educación Infantil y Primaria, al no representar por su edad un colectivo tan vulnerable como los centros de Secundaria y Formación Profesional.

Tal y como han explicado los tres grupos parlamentarios, estos dos aspectos han sido transados, mientras que siete enmiendas de Ciudadanos y nueve del PP han quedado vivas para su debate en pleno. Por su lado, dos enmiendas propias del PSOE han quedado aprobadas y se incorporarán al texto.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, ha explicado que otro de los aspectos que ha transado su grupo con el PSOE es que esta ley entre en vigor en julio de 2022, en lugar de en enero de 2022, para dar más margen a estos negocios tras los efectos de la pandemia.

De las siete enmiendas que mantiene vivas Ciudadanos para debatir en pleno, defenderán que los cierres de aquellos locales que tienen su negocio a menos de 300 metros de un centro educativo, se pueda posponer al año 2029, y no en 2028, como defiende el texto.

De su lado, el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez defenderán en sus nueve enmiendas que no es necesario crear el Observatorio del Juego, organismo que servirá para aumentar el gasto público, o que la Administración conteste a las reclamaciones ciudadanas “en un sentido y en otro”, rechazando que el silencio administrativo negativo se traduzca en que la petición se ha desestimado.

Por su parte, la diputada socialista Ana Isabel Abangózar ha defendido que la norma recoge “sanciones más duras”, porque cuando se habla de este ámbito de apuestas y juego debe haber “más seguridad y más control”.