Un documental desentraña los mitos y falsedades que rodean al trasvase del Tajo

El documental ‘El agua secuestrada’, producido por la asociación cultural alcarreña Cinefilia para la última edición del Festival de Cine Solidario de Guadalajara de 2018, cuestiona abiertamente el argumento defendido por el Estado para perpetuar el trasvase del Tajo al Segura desde hace 40 años, cuando comenzó a funcionar el acueducto: el déficit hídrico de la cuenca del Segura. Se trata, por tanto, del primer cortometraje crítico con la tesis oficial, defendida por todos los Gobiernos en los últimas cuatro décadas, y que ha servido para sostener el desarrollo agrícola y turístico de la conocida como ‘huerta de Europa’ en el Levante a costa del hundimiento económico y la despoblación en los pueblos ribereños de la cabecera del Tajo, en las provincias de Guadalajara y Cuenca.

Montse de la Cal, una de las directoras del cortometraje, asegura a eldiarioclm.es que este documental “demuestra con datos que no existe un déficit hídrico en el Segura que justifique el trasvase hoy en día y, que por tanto no es necesario seguir derivando agua al Levante”. Asimismo, aboga por que “la ciudadanía se una y reclame transparencia al Gobierno para que no se oculte el agua real y se encuentren otras soluciones que acaben con la guerra del agua entre las regiones”.

El cortometraje, de 19 minutos de duración, apoya su visión discrepante en las conclusiones de los estudios realizados por hidrogeólogos a cerca del subsuelo de la cuenca del Segura. Estos trabajos avalan la existencia de cientos de pozos subterráneos, inutilizados para el regadío, que la Confederación Hidrográfica del Segura no ha contabilizado como recurso propio del río y ha omitido a la opinión pública con el fin de justificar la permanencia del trasvase. Unos pozos que, tal como defienden los expertos, de explotarse adecuadamente romperían con la dependencia histórica del Levante con respecto al agua del Tajo; acabarían con los daños medioambientales a la cabecera del Tajo y les servirían para atender con suficiencia la demanda de agua que precisan sus cultivos intensivos. “El trasvase mata el ecosistema del Tajo y es una infraestructura que enfrenta, discrimina y crea una disparidad de riqueza entre diferentes territorios”, asevera De la Cal.

El texto del documental alude a esa disparidad de desarrollo económico entre ambas zonas asegurando que “el trasvase del Tajo divide al río en dos y divide a la sociedad”. En 2018, la investigación ‘Estudio de los impactos socioeconómicos del trasvase Tajo-Segura sobre los municipios ribereños de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía’, conducida por tres especialistas en gestión hidráulica y económica del Grupo de Investigación del Tajo revelaba, en este sentido que los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía habían perdido casi la mitad de su población desde que el trasvase entró en funcionamiento en 1979.

Además, el estudio señalaba que durante la última década, en la comarca de la cabecera del Tajo habían disminuido en un 30% los negocios que todavía quedaban y que los municipios ribereños disponen de un 28% menos de renta per cápita que el resto de la provincia de Guadalajara y un 18% menos que el resto de la provincia de Cuenca.

Una realidad que difiere significativamente de la que viven las provincias levantinas que reciben el agua del trasvase. En la actualidad, el sistema de derivaciones abastece a más de dos millones de personas, sostiene trescientos mil empleos ligados a la agricultura y el turismo y riega cuarenta y cinco millones de árboles.

“Autosuficiencia hídrica”

El estudio ‘La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después’, que la organización ecologista Greenpeace encargó al hidrogeólogo Francisco Turrión para analizar los recursos hidráulicos reales del Segura, es la principal fuente documental sobre la que se cimienta el documental. Turrión, que trabaja para la Confederación Hidrográfica del Segura desde hace tres décadas, corroboró mediante su investigación la existencia de un gran volumen de aguas subterráneas en la demarcación del Segura que se vierten al mar y que el Plan Hidrológico no cuenta como recurso natural del río para el regadío agrícola. “Los diferentes Gobiernos han escondido a lo largo de estos años a los murcianos el verdadero volumen de agua que tienen para justificar el déficit hídrico del Segura, pero realmente esta cuenca es autosuficiente hídricamente y la idea del déficit hídrico es un artificio contable para justificar la permanencia del trasvase”, afirma el hidrogeólogo a este digital.

Según recoge el especialista en sus investigaciones sobre los pozos situados en la cuenca del Segura, existe un flujo subterráneo de entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas que no se utilizan hoy y a los que si se sumara al agua prevista para desalar y se le restara la demanda de los regadíos, se extraería un superávit hídrico de 200 hectómetros cúbicos. “Los datos confirman que la cuenca del Segura, una de las más ricas en aguas subterráneas en su cabecera tiene recursos suficientes y, que por tanto, la autosuficiencia hídrica en esta cuenca es viable y sostenible”, subraya.

Otro de las conclusiones destacadas que arrojan el trabajo del hidrogeólogo es que el potencial de aguas subterráneas que contiene el Segura ya era conocido por los técnicos en los años 60, cuando se redactó el anteproyecto para construir el acueducto. “El trasvase del Tajo es una infraestructura sustituible, que se encuadra dentro del franquismo y que hoy no se hubiera podido realizar por la legislación ambiental”, asevera Turrión. La razón que hubiera impedido la ejecución de la tubería es, a juicio del hidrogeólogo, “se habría de presentar un estudio alternativo al trasvase con menor impacto ambiental”; un requisito ecológico que no se exigía entonces, porque “lo único que les interesó a los políticos era saber cuál era el coste económico de llevar el agua a Murcia”, sostiene el hidrogeólogo.

Con respecto a la actual política hidrológica, éste asegura que “se necesita un Gobierno con visión de Estado que apueste por una transición hacia la suficiencia hídrica, que construya pozos de sequía nuevos, desaladoras y use recursos propios para terminar con la hidrodependencia del tajo”. Y añade, ¿es que acaso la técnica no puede producir los 300 hectómetros cúbicos que cada año circulan por el trasvase?

La Confederación Hidrográfica del Segura sancionó al hidrogeólogo, después de que saliera a la luz el estudio de Greenpeace, a finales de 2017, cuando Isabel García Tejerina (PP) era la titular del Ministerio de Agricultura. El expediente está recurrido en los tribunales y a la espera de sentencia. “Estoy tranquilo porque ejercí mi derecho a la libertad de expresión para dar a conocer la realidad del agua y nadie ha rebatido todavía el estudio”. Asimismo, considera que “es preciso auditar las aguas”, y matiza que “los informes han sido retirados del Plan Hidrológico porque no interesan; solo se quiere justificar el trasvase y seguir apoyando a las grandes constructoras de este país que ‘hormigonan’ el campo”.

Turrión se muestra convencido de que “solo si se tipifica en el Código Penal el delito contra los recursos hídricos, se podrán frenar la construcción de nuevos pozos, ya que las sanciones a los agricultores no han sido eficaces hasta el momento”. Por todo ello, concluye con vehemencia que “hoy más que nunca son necesarios documentales como ‘el agua secuestrada’, porque invitan al diálogo entre todos para explorar soluciones y cambian la mentalidad de la sociedad sobre la gestión que se hace del agua”.

Una política hidrológica cimentada alrededor de unas reglas de explotación del trasvase del Tajo que, de momento, parece que ningún Gobierno muestra voluntad de cambiar. Esta semana, la comisión ministerial del Trasvase del Tajo autorizó una nueva derivación de 38 hectómetros cúbicos al Segura correspondiente al mes de marzo, tal como recoge el Memorándum del Tajo. El saqueo del Tajo continúa.