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“España es el primer país de Europa en porcino y no se asumen los costes ambientales”

Foto: Europa Press

Carmen Bachiller

Cuando hablamos de la ganadería intensiva del porcino “hay un problema de estructura del sector que está en manos de empresas integradoras que no quieren asumir ningún coste medioambiental”. Quien lo dice lleva cerca de 20 años trabajando en proyectos relacionados con el tratamiento de purines como especialista en tecnologías y negocios de tratamiento de aguas, residuos agrícolas y ganaderos.

Fernando Suárez Mejido es ingeniero agrónomo y consultor autónomo, también en energías renovables. Recuerda que en España hay más de 30 millones de plazas de cerdo, “en realidad casi 50 millones porque las plazas rotan”, apunta.  “Somos el primer país de Europa en porcino y lo que no puede ser, es que no se asuman los costes medioambientales”.

El consultor no quiere entrar en el debate a favor o en contra de las macrogranjas. “No entro porque en algunos sitios habrá que construir instalaciones más o menos grandes. Pero si se hacen, habrá que hacerlas en los sitios adecuados y con el tratamiento adecuado” y alude, en concreto, a que no es una buena idea instalar una de estas explotaciones “en plena Serranía Conquense, a las puertas de la Ciudad Encantada con muy pocas posibilidades de aplicar purines al terreno”.

Pone de manifiesto que se estén poniendo en marcha explotaciones intensivas de porcino por toda España -recuerda que Aragón y Catalunya ya están saturadas- “porque ahora mismo es un negocio a corto plazo”, pero advierte: “Es una burbuja porque en el momento en que China empiece a producir el sector no será tan boyante como ahora”. Ahí radica, precisamente, el problema en su opinión. “Las inversiones son bajas, con los mínimos, y por eso normalmente no se quiere invertir en medio ambiente.

Cree que la experiencia de lo ocurrido en Aragón y Catalunya no ha puesto freno a esta práctica. “Ninguno. No se subsanan errores del pasado. Vamos corriendo hacia adelante y el último que se fastidie por decirlo finamente”. En la actualidad forma parte de AEBIG, la Asociación Española de Biogás. “Lo que un grupo de expertos estamos diciendo es que este sector o lo hace, o algún día va a haber un problema muy grave de competitividad, independientemente de la contaminación a largo plazo”.

Y es que el sector porcino representa el 40% del total de la producción ganadera en España. Suárez Mejido critica que el ministro de Agricultura, Luis Planas, haya dicho recientemente que el problema de los purines se resolverá “a coste cero”. Eso, dice, “es imposible”. 

Su apuesta pasa por un sistema integrado de gestión, similar al que se aplica a los neumáticos, al aceite usado u otros residuos “como hace Ecoembes”, que supondría incrementar “en cuatro o cinco céntimos el coste de la carne, sin que tenga repercusión en el consumidor porque los márgenes de beneficio son tremendos”. Se haría en explotaciones ya existentes de cara a subsanar problemas de nitratos. “Eso podrían hacerlo las empresas integradoras, pero todos miran para otro lado por la cuestión económica”.

“Están atentando contra el desarrollo rural”

Desde su punto de vista, algunos proyectos “están atentando directamente contra el desarrollo rural” porque inciden en particular no solo en la atmósfera, sino en el turismo rural, en la ganadería extensiva y en el agua. “Necesitan mucha agua y tienen a situarse en lugares con acceso a ella. En Cuenca, en Puebla de Sanabria (Zamora). Muchas veces muy cerca de parques naturales produciendo impacto y también despoblación”.

Cuando le preguntamos por las afirmaciones que apuntan al beneficio económico y laboral de este tipo de actividad y por su potencial para frenar la pérdida poblacional en el área rural, responde rotundo: “Cero. Es un engaño absoluto porque una explotación de 2.000 plazas la suele llevar el propio ganadero y se acabó. Y teóricamente debe tener un plan de purines pero como hay cero control por parte de la Administración, los tira donde puede y como puede”.

Este experto subraya que no está en contra per se del sector. De hecho, asesora algunos proyectos de explotaciones intensivos en Castilla-La Mancha. Además, sostiene, “el procesado de la carne en España se hace bien y tiene mucha salida hacia los países asiáticos, pero es que el sector nunca ha asumido sus impactos ambientales ni ha hecho nada por arreglarlos”, insiste.

Buena parte de la culpa, reconoce, es la gran influencia y el “miedo” que genera el lobby que controla el sector y que resulta complicado, incluso para las asociaciones agrarias “más progresistas” o para las propias administraciones: “Algunos me han dicho que no pueden hacer nada”, a pesar de que la normativa se haya endurecido en cuestiones como la distancia entre las granjas y los núcleos urbanos o las ayudas públicas a este tipo de proyectos y pese a que se haya mejorado en cuestiones de bienestar animal. “Sin embargo, el tratamiento de purines, todo el mundo lo esquiva, nadie quiere entrar ahí”.

Este experto en la gestión de estiércoles dice sentir “impotencia” ante un tema que “siendo gravísimo, las administraciones le dan la espalda” a pesar, dice, de la “amenaza” que pesa sobre España de ser sancionada por la Unión Europea por un exceso de emisiones de amoniaco.

“El purín no se puede almacenar a lo bestia y aplicarlo al suelo cuando te dé la gana”, dice este experto frente a mensajes como el de ASAJA de Castilla-La Mancha que pedía el pasado año a la Consejería de Agricultura “excepciones” a la hora de gestionar y aplicar purines y estiércoles sólidos “para evitar un considerable incremento de los costes de producción para agricultores y ganaderos”, así como la imposición de multas y sanciones o recortes y pérdidas del importe de la Política Agrícola Común (PAC).

La aplicación de purines al campo “no debe ser indiscriminada”

Rocío Guardado profesora de Edafología Climatología de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), recientemente jubilada, comparte la visión sobre el estiércol que generan estos animales y que sector o asociaciones agrarias defienden como solución. “La aplicación de purines indiscriminada o incluso realizándose en barbecho, no debe llevarse a cabo”, asevera.

Entre las razones que apunta está que la urea procedente de los purines termina convirtiéndose en nitratos que, en parte, son absorbidos por las plantas del cultivo y, en otra parte, debido a su baja retención en el suelo y su alta solubilidad en el agua pueden suponer “un riesgo grave de contaminación en las aguas de consumo, dando lugar a efectos adversos en la salud humana y animal, además de favorecer los procesos de eutrofización”.

Por eso, sugiere, a la hora de aplicar los purines a los campos de cultivo “tener en cuenta el tipo de cultivo y en qué momento de desarrollo se encuentra, ya que el excedente de nitratos no será retenido en el suelo, pasará al agua de percolación pudiendo contaminar los acuíferos”.

Ambos han participado este jueves en una mesa redonda en Villamalea (Albacete) donde han dejado estos y otros mensajes en torno a las explotaciones porcinas intensivas. Esta localidad albaceteña es una de las que han apostado por este tipo de negocio con la oposición de la Plataforma Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha, cuya portavoz Inma Lozano participaba también en el evento, junto al neumólogo Jesús Martínez-Moratalla quien en una reciente entrevista en eldiarioclm.es ya alertaba del “grave problema de salud pública” que puede suponer a largo plazo la contaminación provocada por las macrogranjas debido al actual “enfoque industrial” del negocio.

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