Gascas, el municipio conquense anegado por el embalse de Alarcón: “Se llevó a la ruina a toda la comarca”
Gascas (Cuenca) es el pueblo en el que se desarrolla la trama de la novela ‘Magdalenas sin azúcar’ (Letrame, 2018), de Paco Arenas. La historia es ficción, el lugar no. El municipio existió hasta que en 1950 quedó bajo las aguas del que hoy es el pantano de Alarcón. Con capacidad para albergar 1.118 hectómetros cúbicos, es uno de los más grandes de España.
Es uno de esos pueblos a los que se hace referencia cuando se habla de la ‘España Vaciada’. “Un próspero pueblo sacrificado en beneficio del desarrollo”. Así lo explica el historiador y maestro Ramón Madrigal García, sobre este caso tan desconocido como habitual en provincias del centro del país donde se encuentran los embalses más grandes.
Fue fundado tras la Reconquista, pero, curiosamente quienes lo hicieron “no eran repobladores de Castilla o de la extremadura”, relata Madrigal, sino caballeros de la Gascuña francesa asentados a finales del siglo XII por una carambola de la historia, que tiene que ver con el matrimonio de Alfonso VIII con Leonor de Inglaterra. La familia de la reina había heredado el condado gascón y muchos de sus caballeros acompañaron al rey en la Reconquista.
De 30 vecinos en el siglo XVI pasó a tener 437, según el censo de 1920. Su historia terminó poco más de 20 años después, cuando el régimen franquista optó por construir un embalse, con presa, que afectaría a 17 municipios en el valle del Júcar conquense.
“Hoy Gascas es un montón de piedras mohosas que por encima del treinta y tantos por ciento de la capacidad del embalse quedan invisibles bajo las aguas”. Pocos se acuerdan ya de su existencia, aunque Madrigal logró recuperar hace dos décadas parte de la memoria colectiva.
En una conferencia ofrecida en 2002 bajo el título 'El lado oscuro del espejo' relataba cómo pudo hablar, entre otros, con Rosario Herreros Herreros y Eduardo Herreros Zamora. El primero cumplía 75 años a los pocos días. “Las aguas lo habían echado de su casa cuando tenía 18 y es de los que se fueron más cerca. Desde entonces ha vivido en Olmedilla de Alarcón, a una legua de allí, dedicado a la agricultura”.
En el caso de Eduardo, se fue al servicio militar y cuando se regresó el pueblo ya no estaba. Su familia se había ido a Valverde de Júcar. “Estuve veintinueve meses en Santa Cruz de Tenerife. Por carta me iba diciendo mi familia (…) llega el agua aquí al patio y tenemos que sacar los trastos casi calándonos los pies (…)A mí me costaba mucho trabajo imaginármelo”.
Un caso único en España: un bien público de uso exclusivamente privado
En los años 50 del siglo XX la vida dejó de ser lo que era en el valle del Júcar, en una extensa comarca en Cuenca al límite con la provincia de Albacete. Una zona próspera en agricultura y rica en servicios y población que se convirtió en esa “tierra anegada” por el embalse de Alarcón.
Fue en febrero de 1941 cuando la asociación valenciana ‘Usuarios Agrícolas e Industriales del Júcar’ dirigía un escrito al ministro de Obras Públicas solicitando la construcción de un pantano con presa en Alarcón, según recoge Ramón Madrigal en un artículo publicado en 2002, coincidiendo con el 50 aniversario de la construcción. Ofrecieron pagar el coste de la obra, la mitad por cuenta de los agricultores y la otra mitad los industriales. Lo permitía la Ley de Grandes Presas de 7 de julio de 1911.
El municipio de Gascas había quedado ya condenado, primero con el proyecto de 1932 durante la II República, que llegó a empezar las obras en 1936 (inauguradas formalmente en mayo de 1937 ya en la guerra civil) y después con la decisión final que tomó el régimen franquista.
“La población de Gascas y el valle que lo alimentaba, quedaban anegados”, explica Ramón Madrigal, pero con una diferencia clara entre proyectos. El de la República “era más respetuoso con el territorio y con las gentes que lo habitaban”, salvando parte del valle del río Gritos y las comunicaciones.
En cambio, el proyecto durante la Dictadura lo convertiría en un caso único en nuestro país: la propiedad del agua es de uso exclusivo de los regantes de Valencia. Es decir, un bien de dominio público pertenece a una entidad privada. Y eso será así, si no cambia con la nueva planificación hidrológica del Júcar, hasta 2060.
Lo se había concebido como un proyecto para “el bien general” en la República, se convirtió en el beneficio de un colectivo en particular, la Comunidad de Regantes de Valencia. Un convenio estableció que el Estado construiría la infraestructura y los regantes devolverían el coste en un plazo de 30 años sin intereses. Así conseguirían el uso exclusivo del agua embalsada.
En las crónicas periodísticas de la época, según recoge la Valenpedia, se sabe cuánto les costó a los regantes de la Acequia Real: “Un desembolso de poco más de cuatro pesetas por hanegada [sic] y año, durante los últimos nueve. Los agricultores valencianos, que han sufragado la obra, califican esta cantidad de ridícula en relación con el beneficio que el pantano les puede proporcionar”.
“Llevaron a la ruina a toda una comarca”
Según recoge el Anuario Estadístico de Cuenca de 1943, el embalse de Alarcón fue considerado por el régimen franquista una obra “de interés nacional” que no solo permitía incrementar la producción de energía eléctrica, sino que suponía un complemento de agua para regar 40.000 hectáreas y crear nuevos regadíos.
Afectó a 17 municipios o núcleos de población. “Es cierto que en aquella época comenzaba la emigración hacia la ciudad, pero en esta zona no ocurría: había buenas comunicaciones, gente joven, un sector primario potente y también comercio e industria que no tenían otras zonas de la provincia”. El agua se lo llevó por delante.
“Desarraigo” es una de las palabras que más utilizan quienes habitaron la comarca y también los que allí permanecen. Lo cuenta Eduardo Mena, ingeniero forestal y vecino de Valverde de Júcar.
A los vecinos se les ofrecieron tierras a precio tasado en el extrarradio de Valencia para facilitar su marcha. “Fue la tormenta perfecta para que en diez años se perdiera la mitad de la población, aunque algunos intentasen volver después”, relata.
El año de la construcción de la presa, Valverde de Júcar había llegado a su máximo esplendor poblacional con 3.114 habitantes, según datos del INE. En 2020 era 1.084 los que allí vivían en un constante goteo a la baja en los últimos 70 años. Si se mira al conjunto de la comarca, entre los años 50 y 60 del siglo XX, se perdió algo más del 44% de la población y no ha dejado de reducirse.
“En la comarca es un tema recurrente. La gente mayor todavía habla del perjuicio que el pantano causó al pueblo y se encienden”. En casa de Eduardo Mena ha sido un tema habitual en la tertulia. “Empecé a bucear para buscar información y me di cuenta de que es una injusticia que va perdurando en el tiempo. Y no solo eso en 1999 se volvió a retomar esa misma injusticia”.
Eduardo Mena se refiere al convenio suscrito entre los entonces presidentes de la Comunidad Valenciana (Eduardo Zaplana) y de Castilla-La Mancha (José Bono). El llamado ‘Convenio de Alarcón’ entró en vigor en 2001 y mantiene el uso exclusivo del agua ( superficial y subterránea) por parte de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) y sin pagar por mantener el embalse.
“Bono negoció la concesión de agua para beber en la ciudad de Albacete, pero siempre condicionada a que hubiera reserva para regar en Valencia. No se han acordado nunca de nosotros. No digo que haya que quitarles el agua, pero sí debería haber un uso compartido. El embalse está aquí y el agua es de todos”, lamente Eduardo Mena.
Es algo que ya se apunta en el borrador de la nueva planificación del río Júcar, que implicaría la anulación del ‘Convenio de Alarcón’, aunque es algo todavía por concretar.
La construcción del embalse significó un trauma territorial del que no se han recuperado. Pueblos que históricamente estuvieron unidos por su proximidad geográfica, fueron separados por algo que les unía, el agua del río Júcar
Ese mismo año, 1999, una comunicación científica presentada en el VIII Congreso Nacional de Teledetección celebrado en Albacete y publicada por J. S. García y F. M. García, ya advertía del impacto territorial y socioeconómico de la presa.
“La puesta en funcionamiento en 1950 del embalse de Alarcón, abrió definitivamente un proceso de involución socioeconómica y territorial de un espacio ribereño del río Júcar que afectaba a diecisiete municipios situados en el centro sur de la provincia de Cuenca”, explicaba.
Y no solo eso, “la construcción del embalse significó un trauma territorial del que no se han recuperado. Pueblos que históricamente estuvieron unidos por su proximidad geográfica, fueron separados por algo que les unía, el agua del río Júcar”.
Se acabó con una próspera economía agraria con industrias asociadas tales como harineras, alcoholeras, almazaras o bodegas e incluso textiles derivados de la lana a las que ayudaba, en su distribución, la carretera nacional Madrid-Castellón que atravesaba el territorio y que fue desplazaba hacia el sur.
Por el contrario, “se abría un período de prosperidad para las tierras levantinas que podrían ampliar su superficie regada incrementando sus rendimientos y para las compañías eléctricas que se beneficiarían de la gran capacidad de embalse y su posibilidad de turbinado en la central de El Picazo, construida aguas debajo de la presa”.
El territorio afectado, continúa el documento, “comprendía las mejores tierras de cultivo y de regadío de los pueblos ribereños, repercutiendo drásticamente en su economía y en su población, parte de la cual se vio obligada a emigrar” y de ahí a la “irreparable desarticulación del territorio, el evidente aislamiento de los núcleos de población próximos entre sí y la difícil accesibilidad de la zona por el desplazamiento de la carretera Madrid -Valencia hacia el sur”.
Eduardo Mena sostiene que “fue una decisión estatal sin contar con nadie. Es cierto que fue durante la dictadura, pero es que se mantuvo durante la democracia, ya en el ámbito autonómico, y eso es lo que más daño hace. Es un ejemplo claro de esas cosas que influyen en el futuro de la población sin tenerla en cuenta”, lamenta.
“La construcción del embalse supuso un gran beneficio para el regadío de la llanura valenciana, que ha podido sacar máximo rendimiento a la fertilidad que a su tierra le da el clima (…) Ha contribuido, sin duda, al desarrollo económico de la zona y, por las interdependencias macroeconómicas que existen, al del país en general. Es algo bien conocido… ¡Pero a qué precio!”, escribía Ramón Madrigal hace unos años.
“Se arruinó el futuro de toda una comarca. Son derechos adquiridos durante una dictadura que se han mantenido en democracia. ¿Alguien se imagina hoy que un embalse de Madrid sirviera solo para abastecer a Toledo? Eso sería impensable, pero aquí sí que pasa”, apostilla Mena.
Hemos llegado a esta España Vaciada. No importamos. Las decisiones se toman en las ciudades sin mirar las necesidades de los pueblos que no han sabido unirse para protestar y en los que ha habido mucho desconocimiento y hasta dejadez
También es una denuncia reiterada, aunque reciente, de una de las plataformas de la España Vaciada. Cuenca Ahora reclamaba el pasado verano una parte de las aguas del embalse Alarcón para el regadío de los municipios ribereños.
Y es que, explica Eduardo Mena, hasta hace bien poco en la zona había un “guarda fluvial que se encargaba de que nadie cogiera agua del pantano, ni de las superficiales, ni de las subterráneas. También tienen derecho exclusivo sobre ellas los regantes valencianos”.
Es, dice, una de las muchas razones “por las que hemos llegado a esta España Vaciada. No importamos. Las decisiones se toman en las ciudades sin mirar las necesidades de los pueblos que no han sabido unirse para protestar y en los que ha habido mucho desconocimiento y hasta dejadez”, critica Eduardo Mena.
Aunque su construcción es anterior al trasvase Tajo-Segura, actualmente es el embalse que regula el agua que llega desde Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, con destino al río Segura. Y se trata de una presa con grandes oscilaciones en su cota anual, dependiendo del volumen de lluvias y de las necesidades hídricas de los regantes.
Y eso estrangula una economía alternativa en la zona. “No cabe un desarrollo turístico. Nunca sabes cuánta agua vas a tener. En la Confederación del Júcar me dicen directamente que es un tema político y no técnico. Entrepeñas y Buendía ‘venden’ mucho, nosotros no tanto”.
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