El Ingreso Mínimo que piden CCOO y UGT inyectaría 781 millones anuales
Los sindicatos han echado sus cuentas en torno al sistema de rentas mínimas, y estiman que la Prestación de Ingreso Mínimo que reclama la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por CCOO y UGT beneficiaría a 152.846 desempleados de Castilla-La Mancha e inyectaría en la economía de la región 781 millones anuales. Así lo ha señalado el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, con motivo de la asamblea informativa que ha celebrado con un centenar de pensionistas y jubilados de CCOO-Albacete, centrada en las “lagunas” del sistema de protección social en España.
Bravo ha explicado que España, con cinco millones de parados, de los que más de dos millones han agotado sus prestaciones por desempleo y carecen de ingresos, “necesita con urgencia completar la red de protección social”. Es el motivo por el que CCOO y UGT han emprendido una campaña de recogida de firmas en apoyo a esta ILP, que reclama el establecimiento de una Prestación de Ingresos Mínimos o renta mínima en todo el Estado, de 426 euros mensuales, para las personas demandantes de empleo que no perciban ingresos o tengan ingresos inferiores en cómputo anual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
“Con la Prestación de Ingresos Mínimos se pretende ampliar la protección social a 2,1 millones de personas y cubrir la carencia extrema, la pobreza y la exclusión social que se ha visto agravada durante la crisis por la brutal hemorragia de recortes sociales, aumento del paro, desigualdad y pobreza que han provocado los Presupuestos Generales del Estado desde 2012”, ha precisado Bravo. Según ha dicho, en Castilla-La Mancha hay en estos momentos más de 180.000 desempleados de larga duración, de los que apenas 1.300 perciben el denominado Ingreso Mínimo de Solidaridad, que tiene en la región una “bajísima” tasa de cobertura.
Los cálculos de los sindicatos también estiman que esta iniciativa significaría para Castilla-La Mancha 152.846 prestaciones, que beneficiarían a un total de 456.839 personas, incluyendo a los preceptores y a los familiares a su cargo. Así, su implantación inyectaría en la economía de Castilla-La Mancha 781 millones de euros anuales, que en su práctica totalidad irían destinados al consumo “porque los perceptores carecen de capacidad de ahorro y necesitan ese ingreso para salir adelante día a día”.
Además de la necesidad de reforzar la protección frente al desempleo, Bravo ha advertido también de que es imprescindible fortalecer el sistema de pensiones, a partir de una “profunda reforma fiscal” que garantice la equidad y la suficiencia; y de un nuevo modelo de relaciones laborales enfocado a reconstruir el mercado de trabajo combatiendo la precariedad, creando empleo de calidad y recuperando derechos para los trabajadores.
