Oposición a la “Ordenanza mordaza” que limita las movilizaciones ciudadanas y prohíbe grabar los Plenos
Las organizaciones coinciden en que la nueva norma, que denominan “ordenanza mordaza”, es en realidad “una excusa” para reprimir a la Plataforma Contra la Privatización del Agua y a otros movimientos sociales.Entre las actividades para las que se exige previa autorización municipal se incluye “difundir mensajes de naturales sociocultural, política o similar” mediante vehículos, mensajería, propaganda de entrega manual, reparto o publicidad oral. Por otra parte se prohíbe grabar actos públicos.
Ambos aspectos se relacionan con las recientes movilizaciones llevadas a cabo en la localidad contra la privatización de la empresa de agua, que ha venido utilizando ese tipo de medios sin “previa autorización”, como ahora se pretende, y ha grabado los plenos municipales donde se ha debatido sobre el tema para su posterior difusión.
La Plataforma no duda en calificar ese proyecto de ordenanza como un “ataque” al ejercicio de derechos y libertades que retrotrae a otros tiempos, y juzga que el objetivo es “acallar” protestas y movilizaciones.
Por su parte IU considera desmesurada e injustificada la nueva regulación, ya que en Alcázar no existe un problema real con este tipo de publicidad y en todo caso no cree que se deba asimilar la publicidad comercial con el ejercicio de la libertad de expresión, que se pretende ahora “limitar, reprimir y censurar previamente”. Para los portavoces de esta organización el ayuntamiento solo podría ejercer un control a posteriori denunciando lo que considere publicidad ilícita para que luego lo decida un juez, pero no puede censurar previamente ningún contenido que la Plataforma del Agua o cualquier otra plataforma, asociación, sindicato o partido político quisiera repartir.
También advierten que las pequeñas empresas que quieran repartir publicidad de sus negocios tendrán que solicitarlo previamente y pagar una tasa, convirtiendo una ordenanza pensada para la represión de derechos en una ordenanza entorpecedora de la actividad comercial y con afán recaudatorio, “algo que deben saber los pequeños empresarios y comerciantes de Alcázar de S. Juan”.
En cuanto a la prohibición de grabar los Plenos municipales, IU cree que es una medida ilegal y afirman que es “un derecho ciudadano y la única limitación es no perturbar su normal desarrollo, por ejemplo, moviéndose entre los concejales o el público para conseguir primeros planos o sin dejar ver al resto del público”.
Por último desde IU critican el “exceso de celo” del gobierno municipal hacia la Plataforma y otros movimientos sociales, y la “manga ancha” que tienen por otro lado hacia otros colectivos, especialmente los religiosos por actividades idénticas.
