Carta de la Asociación Luz de la Mancha al presidente García-Page y al consejero de Sanidad

En Salud Mental no mejora la situación a pesar de nuestra insistencia, la falta de psiquiatras e infraestructuras es más que evidente, las plantillas de Atención Primaria, Especializada y en los Hospitales del Área Sanitaria Mancha Centro, a pesar de las demandas del personal sanitario, no se refuerzan lo necesario.

No se medicalizan las Residencias Geriátricas a pesar de haber fallecido más de 20.000 personas en ellas, ni se refuerzan sus plantillas como es necesario, ni se mejoran sus condiciones laborales, sociales y salariales que bien se las merecen estás personas que están arriesgando su vida. Los que sí se van a beneficiar son las empresas y grupos empresariales que gestionan estas. Estos van a ser los grandes beneficiados con 15 millones de euros por el exceso de gastos en la pandemia que ha aprobado el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Otro tanto está pasando con el personal de Ayuda a Domicilio, donde no se amplían las horas de asistencia ni en las nuevas situaciones familiares, no se modifican los criterios de ayuda a las personas y a las familias que lo necesitan con la nueva normalidad o anormalidad. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas no mueven ficha.

Las Unidades de Cuidados Paliativos en los momentos que las familias tienen serias dificultades para atender a sus parientes en estado tan crítico, tampoco se están reforzando.

Lo primero es atender las consecuencias que se derivan del coronavirus, pero esto no debe ser a costa de no atender debidamente el resto de las patologías y especialidades sanitarias. Bastante retraso hay ya en las listas de espera quirúrgicas y en las pruebas diagnósticas.

Lo que hace falta en Sanidad, en Educación y en otros Servicios Esenciales, es la “contratación de más profesionales”. A la ministra de Educación le vienen preguntando en las entrevistas que le hacen últimamente : “¿De dónde va a salir tanto gasto?”.

Ella contesta con total convicción que el gasto en Educación no debe contabilizar como gasto, sino como inversión, pues en nuestra Asociación decimos exactamente lo mismo, que hay que invertir en Sanidad y Servicios de Bienestar Social.

La aprobación de la renta básica y las ayudas sociales no solo protegen a las personas que es el principal objetivo, si no que estas ayudas se devuelven a la Hacienda Pública y a la Economía del Estado, contribuyendo al consumo de bienes básicos, de los cuales se benefician los distintos sectores de la economía española, creando puestos de trabajo.

En este contexto, uno de los problemas más difíciles de solucionar en la asistencia sanitaria de nuestra Área Sanitaria Mancha Centro, es la falta de psiquiatras, anestesistas y otros especialistas.

Puede que las plazas que se ofertan en los hospitales comarcales de Áreas Sanitarias Rurales como la nuestra, no sean lo suficiente atractivas por diversas circunstancias. En algunos casos esos profesionales sanitarios, algunos nacidos en pueblos de esta comarca, prefieren ejercer en ciudades que les son más atractivas laboral y socialmente.

Por lo tanto, las autoridades sanitarias e institucionales de la Junta de Castilla-La Mancha, diputaciones provinciales y ayuntamientos, antes de perder el tiempo en cuestiones de menor importancia, tendrán que darle a la imaginación para incentivar a los que ya están para que no se vayan, y a los que no les es atractivo venir, para que sí vengan.

Los hospitales comarcales en Castilla-La Mancha fueron una buena solución porque acercan los servicios sanitarios a los ciudadanos de una comarca, evitan gastos y trastornos, se convierten en empresas públicas que generan riqueza y empleo y además fijan población joven con niños, donde suele abundar la gente mayor ya jubilada, demandante de atención y servicios públicos.

Esta pandemia ha agudizado problemas que estaban ocultos, porque los abuelos en bastantes casos han jugado un papel complementario, cuidando de sus nietos donde las familias todavía no se habían disgregado territorialmente.

Cuando los abuelos siguen en pueblos de zonas rurales, los hijos en las capitales de provincias o cinturones industriales de las grandes ciudades y los nietos mayores van con la mochila a cuestas buscando empleo menos precario y mal pagado que donde residen sus padres, la protección familiar se diluye.

Si añadimos el declive industrial de España, y los nuevos modelos de familias monoparentales, que mucha gente no tienen pareja o no quiere tenerla, el afrontar situaciones críticas como la actual, cuando la mujer se ha emancipado y no juega el papel que antes cumplía de soporte familiar y sacrificio, es ahí donde las administraciones públicas están obligadas a dar el servicio, que nuestras madres y abuelas han dado gratis a la sociedad y al Estado.

A esta situación hay que darle una solución democrática a través de la justicia social con impuestos progresivos, pagando más quienes más rentas y patrimonio tienen, para que los servicios públicos cubran las necesidades básicas que demanda la sociedad actual, ese es el reto.

El no hacerlo en los pueblos y comarcas como los de la Mancha Centro, cuando las familias no pueden ser el soporte de la atención a las personas dependientes con grandes discapacidades físicas y mentales, son los padres y madres, en pareja o viudo/as, las que se quedan con los hijos con enfermedades mentales discapacitantes y excluyentes, con pocos recursos, que sumados a sus pequeñas pensiones estiran hasta que ya no pueden más; personas con 70, 80 y hasta más de 90 años, van tirando de esa dura carga que sus otros hijos o hijas, aunque la sufran desde la distancia no pueden atender, porque se encuentran en ciudades alejadas de sus padres ya mayores y ahí está el problema.

Esa es la cruda realidad, cuando los padres y las madres ya no pueden más o se mueren los hermanos si los tienen, se encuentran con un problema que no siempre pueden resolver. El resultado es la exclusión social de miles de personas, muchas de ellas tirados en las calles.

Ahí es donde se echa de menos al Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos: sin soluciones, plazas y recursos tanto físicos como profesionales, insuficientes a todas luces para paliar estas situaciones que están siendo denunciadas por la OMS y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y por la Confederación de Salud Mental España.

A las asociaciones humanitarias como Luz de la Mancha es donde estas personas llaman desesperadas, cuando sus hijos no reconocen su enfermedad, no llevan bien sus tratamientos o salen en momentos de crisis con el coche en mitad de la noche. Como no están discapacitados por las administraciones médicas especializadas y judiciales para estos casos, vuelven cuando les da la gana, y como buenamente pueden, muchas veces en condiciones muy lamentables.

Cuando Luz de la Mancha solicita servicios asertivos comunitarios y Unidades de Prevención del Suicidio, para que estas personas tengan un seguimiento profesional como los hay en otras ciudades de España, no nos estamos sacando ningún conejo de la chistera, esa es la situación en los pueblos de esta Comarca donde hay cerca de 24.000 personas con enfermedades mentales, 4.000 de ellas crónicas y muy difíciles de abordar.

Por eso pensamos que en estos y otros casos, la mejor solución es invertir en recursos humanos para atender los servicios públicos básicos y esenciales, para que las personas, familias y colectivos más vulnerables de la sociedad española no se queden atrás y todos juntos de forma solidaria y responsable salgamos de situaciones la mayoría de las veces desesperantes.