Construyendo puentes, derribando fronteras

El Gobierno regional de Emiliano García-Page ha anunciado que quiere denunciar ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Concretamente refiere al artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, y que busca la solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas para dar acogida a menores migrantes no acompañados, alegando la falta de financiación para hacer frente a esta realidad.

El presidente, que tiene la oportunidad de ponerse del lado de las personas más vulnerables para acogerlas y protegerlas, puede criminalizar a la juventud migrante sin referentes familiares adultos promoviendo los discursos del odio y el miedo, y habrá quien aproveche la ocasión para sembrar la crispación y el racismo. La juventud extranjera que llega a España sola, sobre todo aquella que viene de los países del Sur, se puede convertir, sin pedirlo ni quererlo, en la población más señalada y maltratada de nuestro entorno, en estos momentos que es más necesaria que nunca la empatía, la justicia y la responsabilidad. Solo necesitamos creer que estas y estos adolescentes son culpables para tratarlas como criminales por defecto.

En Abriendo Fronteras Guadalajara queremos señalar que el sistema de acogida gestionado por la Administración Pública no funciona. Estas y estos jóvenes son sus principales víctimas. Aunque se disfrace de tecnicismos legales, creemos que la maniobra que puede hacer el gobierno castellanomanchego es una calculada medida política y abiertamente racista, que deshumaniza a estas y estos menores inmigrantes procedentes de la frontera sur. ¿Por qué no solicitó la financiación, señor García Page, cuando llegaron menores que procedían de Ucrania en el año 2022 y lo hace ahora?

La acogida, en esos meses, se produjo sin fricciones, con apoyo institucional a todos los niveles, y sin interponer ningún recurso judicial como el que se piensa ahora. La forma en la que los diferentes gobiernos (europeo, nacionales, regionales y locales), y la sociedad en su conjunto, reaccionó esas semanas, demuestra que es posible la generación de una narrativa migratoria humanista y generosa, un procedimiento de acogida fuerte y potente, muy solvente, y con agilidad entre lo público y lo privado. Esta infancia y esta juventud, no se olvide Presidente, que llega no acompañada a nuestro país, también huye de la guerra, de la pobreza, de la violencia ... son víctimas, con nombres, con historias y también con derechos, que parece no importarnos.

Con una distribución correcta, se puede hacer la acogida adecuadamente. No suponen ninguna amenaza, porque traen sueños y mucho futuro, y necesitan nuestro apoyo. La acogida debe ser digna, con una financiación clara, con el apoyo institucional y con una cooperación entre las diferentes comunidades autónomas. Seamos responsables con el tema, y no utilicemos la migración como un arma electoral. Ante lo que ocurre, queremos que se olvide del recurso al Tribunal Constitucional, que la política de acogida se vincule a los derechos humanos y no al racismo o a la presión mediática, que haya una transparencia financiera y una colaboración interterritorial, y que se cambie el discurso sobre las migraciones a otro que humanice esta realidad. Allí donde estemos, construiremos puentes y derribaremos fronteras. Lucharemos por una región libre de racismo y de odio.