500 personas se manifiestan por el empleo público en Toledo
Medio millar de personas han marchado este domingo bajo la lluvia por las calles de Toledo para reclamar a la Administración pública regional un trato justo a los trabajadores públicos así como el cumplimiento de la sentencia y protección de los derechos laborales de este colectivos que consideran (y una sentencia así lo indica) que son vulnerados por el gobierno de María Dolores de Cospedal.
Esta manifestación ha sido convocada por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, STAS y CSI-F, y ha llevado como lema de cabecera de la marca el eslogan “Frente a la destrucción de lo público, ¡ni un paso atrás!”. El mal tiempo ha deslucido la marcha que fue convocada hace unos diez días con motivo de los problemas en las negociaciones entre sindicatos y la Consejería de Administraciones Públicas para readmitir a los 391 trabajadores despedidos ilegalmente en agosto de 2012 y a los que la justicia ha señalado que tiene que readmitir.
De hecho el mismo día que se produce la marcha, la Junta de Comunidades ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de que ya ha acatado la sentencia del tribunal que le obligaba a readmitir a los interinos, una sentencia que no obstante le daba como máximo plazo de cumplimiento hasta el 16 de diciembre.
Para que aquellos despedidos se considerasen ilegales, el juzgado alegó que la Administración presidida por Cospedal vulneró el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, algo que de nuevo denuncian que está volviendo a ocurrir. En las tres mesas sectoriales celebradas hasta el momento los sindicatos ni siquiera han tenido acceso a toda la documentación necesaria para poder negociar la nueva Relación de Puestos de Trabajo a partir de estas readmisiones.
Por ello se pide la dimisión del primero de los culpables según los sindicatos, el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas Leandro Esteban. Las malas decisiones y errores cometidos en su labor en esta consejería han costado solo en el mes de noviembre a Castilla-La Mancha 57'7 millones de euros en sentencias judiciales, dinero que en gran parte va destinado a pagar las costas de los procesos judiciales que pierde la Junta.
Por extensión, se pide también la dimisión de la persona que ha colocado a esta persona en su puesto, la propia María Dolores de Cospedal. Los sindicatos han denunciado el especial afán del gobierno del Partido Popular por destruir y privatizar los servicios públicos y negarse a cualquier diálogo con los agentes sociales en la región, negándose a negociar cualquier decisión y prescindiendo del derecho laboral de la negociación colectiva, algo por lo que ya ha sido advertido por la justicia.
La unidad de todos los sindicatos han agradecido la presencia a la manifestación de todos los presentes, entre los que han estado desde implicados hasta miembros de todos los partidos políticos de la región excepto el Partido Popular.
