El PSOE logra aprobar una moción que obliga al Ayuntamiento de Talavera de la Reina a colgar la bandera LGTBI

El pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este viernes --con la abstención del PP y el rechazo de Vox-- la moción del de apoyo al colectivo LGBTI que, con motivo del Orgullo, ha presentado el Grupo Municipal Socialista. El texto, entre otras cuestiones, recoge la colocación de la bandera arcoíris en el Consistorio.

“A pesar de que el alcalde está haciendo lo posible por no ponerla pidiendo un informe, pedimos que se cumpla el acuerdo adoptado en el pleno y se ponga”, ha dicho la concejala del Grupo Socialista María Díaz, que ha recordado que el Tribunal Supremo ha avalado hasta en dos ocasiones la colocación de la bandera arcoíris durante la celebración del Orgullo en edificios públicos.

“No hay ningún impedimento legal para poner o bien la bandera o bien una pancarta”, ha insistido la edil del PSOE, grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Talavera, que ha pedido al equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, reafirmar su compromiso con las personas LGTBI, condenar la discriminación y los discursos de odio, colaborar con las asociaciones que trabajan cada día sobre el terreno y proteger a quienes todavía “sufren insultos, rechazo o agresiones por el simple hecho de ser quienes son”.

La concejala de Sanidad y Discapacidad, Julia González, ha lamentado que los ediles socialistas no hayan aceptado una enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular, que “no cuestiona la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, ni los derechos de las personas LGTBI, ni la necesidad de condenar cualquier forma de intolerancia, discriminación, acoso o violencia”.

Tras asegurar que con su texto, los 'populares reafirmaban su compromiso “con la dignidad de todas las personas, la igualdad de trato, la libertad individual y la no discriminación” y condenaba “cualquier manifestación de intolerancia, acoso o violencia” hacia el colectivo, ha explicado que la diferencia entre ambas propuestas se encontraba en el uso de banderas o símbolos en los espacios oficiales del Ayuntamiento. Es el argumento que mantienen tanto Vox como el PP en su negativa.

“Los edificios municipales representan a todos los vecinos y el compromiso institucional con la igualdad puede y debe expresarse de muchas maneras, pero siempre respetando la legalidad vigente, la objetividad y la neutralidad institucional que corresponden a una administración pública”, ha defendido.

Mientras, el PP sí apoya la “prioridad nacional” de Vox

Lo que sí ha apoyado el PP es la moción de Vox que instaba a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha a implantar el principio de “prioridad nacional”.

La viceportavoz del equipo de Gobierno, la 'popular' Gelen Delgado, ha justificado su apoyo por “la inacción y la falta de planificación del Gobierno de España” en materia de inmigración “sin dotar a los ayuntamientos de la financiación ni de las herramientas técnicas necesarias para hacer frente a esa demanda”.

Delgado ha asegurado que la presión que soportan los servicios sociales municipales “no se resuelve con discursos ideológicos”, sino exigiendo al Gobierno de España una financiación local suficiente y una política migratoria responsable.

“Debemos priorizar de forma legal, transparente y ponderada a aquellos ciudadanos que demuestren un arraigo histórico y una contribución previa o continuada al sostenimiento de nuestra comunidad local”, ha añadido la edil del PP, que ha destacado que el texto de Vox “busca garantizar el equilibrio social y económico de Talavera”.

El portavoz del Grupo Municipal Vox ha vuelto a acusar a los inmigrantes de “tensionar” los servicios públicos y del “deterioro de la seguridad ciudadana”, hasta de “la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia”.

Hoy el PP ha apoyado pedir al Ejecutivo central acabar con el proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular, y establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, y a la “remigración”- es decir expulsar- a aquellos extranjeros que, según el texto aprobado, “no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional”.

El acuerdo contempla también derogar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras sin residencia legal en España.

En el debate de este punto del pleno, el portavoz del PSOE, José Gutiérrez ha arremetido contra Vox, por presentar mociones para desviar la atención de los problemas que hay en la ciudad, que “rozan la xenofobia y la discriminación” solo buscan “meter su discurso para que no se hable de lo que realmente pagan los ciudadanos y no está funcionando hoy en día”.