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Los Ayuntamientos de Cuenca y Azuqueca han aprobado mociones para declararse zonas tensionadas de vivienda

Construcción de viviendas en Cuenca.

Francisca Bravo Miranda

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Dos ayuntamientos de Castilla-La Mancha, los de Cuenca y Azuqueca de Henares, ambos gobernados por un alcalde del PSOE, han aprobado sendas mociones para la declaración de sus términos municipales como zonas tensionadas, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. Los acuerdos se aprobaron en enero y febrero de este año, respectivamente.

En el caso del Consistorio conquense, la moción la impulsó el grupo municipal Cuenca, en Marcha - Unidas por Cuenca, en la que pedían dicha declaración, ante una “baja oferta disponible” de inmuebles, que provocaba dificultades para su acceso. “Especialmente, a jóvenes que quieren emanciparse o personas vulnerables, debido también a la falta de vivienda social”, resaltan en el documento.

El grupo municipal ha registrado este mismo jueves 23 de mayo dicha moción, tras conocerse las palabras del consejero de Fomento, Nacho Hernando, que aseguró que ningún ayuntamiento ha solicitado la declaración de zona tensionada. En la moción pedían que se estudiase y, en su caso, se declarase Cuenca como zona residencial tensionada, “para evitar subidas abusivas en el precio del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda”.

La portavoz de la formación, María Ángeles García, ha denunciado que “o bien el que miente es el señor Hernando o mintió el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento cuando preguntamos sobre este asunto y afirmó que había dado traslado del acuerdo”. “Sea como sea, lo hemos hecho nosotros para que no haya ninguna duda”, recalcaba. El Ayuntamiento, por su parte, ha asegurado que los registros ante las administraciones competentes se hacen tras la aprobación de las mociones.

Azuqueca pide también aumentar el parque público de vivienda

En el caso de Azuqueca de Henares, la moción promovida por el PSOE e IU se aprobó el pasado 29 de febrero. En ella, se instaba a la Junta de Comunidades a declarar “en los próximos meses” al municipio como zona de mercado residencial tensionado, y también a otros municipios de la comunidad para orientar “las actuaciones públicas en materia de vivienda en las zonas en las que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población y proporcionar unos alquileres asequibles”.

Igualmente, el documento pedía aumentar el parque público de vivienda, para destinar una parte al alquiler “social y asequible” y también poner en marcha medidas fiscales “eficaces y eficientes” en defensa del derecho a la vivienda.

Además, el Gobierno municipal se comprometía a reunirse con Nacho Hernando, consejero de Fomento, para “tratar toda la problemática existente en materia de vivienda y solicitarle la puesta en marcha de más planes de vivienda protegida en el municipio, así como de vivienda social de titularidad pública tanto en régimen de arrendamiento como en régimen de compra, ya que es una de las comunidades autónomas que menos oferta tiene”.

Fuentes municipales de Azuqueca consultadas por este medio, aseguran que esta información se trasladó al gobierno regional durante la celebración del pasado Consejo de Gobierno itinerante, celebrado en la localidad el día 7 de mayo.

Toledo y Guadalajara no lo contemplan

Por otro lado, los Ayuntamientos de Toledo y Guadalajara, ambos gobernados por PP y Vox, han explicado que no contemplan dicha declaración en sus términos municipales. Carlos Velázquez, alcalde toledano, resaltaba hace unas semanas que la tensión se había vivido por parte de las administraciones “por no poner vivienda pública y asequible a disposición de los jóvenes toledanos”. Por su parte, el grupo municipal IU-Podemos acusaba a Velázquez de “irresponsabilidad política”.

“No solicitar esta declaración es impedir el acceso a la vivienda a gran parte de la población a la que dice que representa, es cerrar la puerta a un derecho fundamental de una forma irresponsable y hasta cruel, permitiendo que los grandes tenedores campen a sus anchas en la ciudad de Toledo”, reprochaba el portavoz, Txema Fernández.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, explicaba en abril de este año que no consideraba que hiciera falta “ningún tipo de declaración”, aunque precisaba que si en algún momento hiciera falta porque la demanda que pueda realizarse sea mucho mayor que la propia oferta, este Ayuntamiento adoptará las medidas que considere oportunas, en este caso en colaboración con el resto de las administraciones.

“Es verdad que Guadalajara en el último año ha sido de las ciudades donde más demanda de vivienda ha habido, tanto desde el punto de vista del alquiler, que no hay apenas, como desde el punto de vista de la compra”, se limitó a explicar. “Lo que le queda al Ayuntamiento en este momento es el desarrollo industrial”, remarcaba.

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