Cazadores y empresarios vetan extender la protección del águila imperial pese a estar en peligro de extinción

El borrador del decreto para el nuevo plan de recuperación del águila imperial en Castilla-La Mancha, adelantado por elDiarioclm.es, no está dejando a nadie indiferente nadie y ya cosecha decenas de críticas, unas por exceso y otras por defecto. Mientras que los ecologistas consideran que sus medidas son insuficientes, hay otros colectivos que no quieren más limitaciones, o al menos no las planteadas en este documento. Estos últimos incluso han utilizado argumentos como que la especie no está en peligro de extinción, cuando efectivamente sí lo está.

Es el caso de varias entidades de la provincia de Ciudad Real que hoy han hecho público su malestar por el borrador, cuyo proceso de información pública acaba de finalizar. Argumentan que establece una serie de limitaciones que afectan al mundo de la caza y al desarrollo de los pueblos del medio rural.

Concretamente, la Asociación de Turismo Cinegético y Rural del Campo de Montiel y Campo de Calatrava, la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), la Asociación de Ganaderos y Agricultores ASAJA, alcaldes de la provincia y el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, han expresado su “sorpresa y disconformidad” ante un borrador de decreto que “va en contra del desarrollo de los pueblos y zonas rurales”.

Pero lo más curioso es que su crítica se basa en el hecho de que las nuevas limitaciones se desarrollan “como si se tratara de una especie en peligro de extinción”. Es decir, niegan que tenga esta protección cuando así está recogido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) del Ministerio para la Transición Ecológica.

En peligro de extinción y con nuevas amenazas

Se trata igualmente de una especie sobre la que, según establece el propio borrador del decreto castellanomanchego, siguen planeando muchas amenazadas para su supervivencia. De hecho, las principales causas de su muerte no natural son las electrocuciones en tendidos eléctricos y los envenenamientos. Ahora, también las instalaciones de energías renovables suponen una amenaza, un aspecto que Castilla-La Mancha intenta encajar con la protección de esta rapaz.

De cualquier forma, los colectivos de Ciudad Real que hoy han hecho pública su crítica se escudan en que nueva regulación afecta a 341 términos municipales señaladas como “áreas críticas” otros 159 como áreas de dispersión. En total, 500 términos municipales, un total del 55% de la región donde se establecen medidas de protección de esta especie.

“No se pueden establecer limitaciones para una especie que ha superado las 500 parejas, gran parte de ellas presentes en nuestra región, gracias al esfuerzo de la misma gente del medio rural a la cual se establecen limitaciones”, argumentan.

A este respecto, precisan que en la “clasificación y regulación de usos, aprovechamientos y actividades en áreas críticas y zonas de dispersión” que incluye el texto, se produce una importante limitación de usos al control de especies de caza mayor o menor como el conejo. Esto, alegan, provocará “problemas de daños a los cultivos agrícolas” ya que exige un informe técnico de evaluación de daños para pedir dichos permisos.

Otro de los “puntos de conflicto” es que, en opinión de estas entidades, se abre la posibilidad de limitar la actividad agraria, cinegética o forestal “cuando resulte necesario preservar la tranquilidad en las inmediaciones de las zonas de nidificación”. “Es decir, se puede llegar a prohibir la actividad cinegética o los usos agrarios en las zonas de nidificación dentro y fuera de las áreas críticas en un radio de 1.000 metros”, critican.

Asimismo, consideran que se producen limitaciones para las actividades forestales en un radio de 1.000 metros en torno a los nidos, incluso situados fuera del área crítica.

En cuanto a los cuarteles comerciales de caza, territorios cinegéticos en buena parte responsables del crecimiento exponencial de la especie“, subrayan que se ponen muchas limitaciones a su constitución y se prohíbe la munición con plomo en dos años, ”cuando esta prohibición fuera de humedales no está presente en ningún territorio de España“ y ”cuando no hay ningún estudio que demuestre la afección del plomo a las águilas imperiales“.

En definitiva, estos colectivos denuncian que el Gobierno regional, en lugar de reconocer “la labor que se ha hecho desde los municipios y desde los titulares de cotos en llegar a una cifra de 500 parejas en muy pocos años”, se ha regulado “como si se tratara de una especie en peligro de extinción, lo que provocará un rechazo generalizado de la sociedad”.