El difícil reto de regular parques eólicos y fotovoltaicos cuando tienes la mitad de las águilas imperiales del país
El águila imperial ibérica es una de las aves rapaces más espectaculares, bellas y admiradas. Y también una especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de peligro de extinción. Actualmente, la población mundial se restringe a la península ibérica, en donde Castilla-La Mancha, con unas 400 parejas de acuerdo a los censos poblacionales realizados en 2021 y 2022, acoge aproximadamente el 50% del total de la especie.
Su conservación ha sido objeto de polémica en varias ocasiones, no solo por los tendidos que han provocado la electrocución de ejemplares, su principal causa no natural de muerte junto con el uso ilegal de venenos, sino también por la incidencia que sobre la especie también tienen las plantas de energías renovables, tanto las fotovoltaicas como las eólicas, ambas en plena proliferación en esta comunidad autónoma durante la última década.
Se trata de un difícil encaje entre las energías limpias y la conservación de una especie amenazada. El Gobierno castellanomanchego quiere regular esa combinación mediante decreto, con el nuevo Plan de Recuperación del águila imperial ibérica, actualmente en fase de información pública y que renueva el aprobado hace ya 20 años.
En el borrador de este texto, el Ejecutivo regional argumenta que durante estas dos décadas, las medidas de conservación adoptadas, tales como la lucha activa contra el uso ilegal de venenos, la conservación de las áreas de nidificación y la corrección de líneas eléctricas aéreas, han propiciado la recuperación experimentada por sus poblaciones. No obstante, admite que estas amenazas “siguen presentes”.
A ello añade el hecho de que la transición energética hacia las energías renovables haya impulsado una “ocupación extensa” del territorio. El objetivo por tanto es “armonizar el impulso a las renovables sin menoscabo de la conservación de la biodiversidad” y, bajo esta premisa, “evitar el deterioro del hábitat, así como las perturbaciones que afecten de forma significativa” al águila imperial.
La principal novedad ahora la determinan las plantas de renovables. En este punto, el borrador establece una serie de limitaciones. La superficie máxima a ocupar en el territorio de los nidos será fuera de un perímetro de 1.000 metros cuadrados en torno al nido del águila imperial.
Además, según establece el borrador, en ningún caso se autorizará la instalación de una planta solar fotovoltaica a una distancia inferior a 1.000 metros de un nido existente, “para garantizar la tranquilidad de la especie en el periodo crítico de reproducción y reducir el riesgo de pérdida de puestas y de pollos”.
Pero ¿qué significa exactamente con respecto al plan anterior de recuperación? SEO/Birdlife ha hecho para elDiarioclm.es una valoración preliminar del borrador y confirma que la inclusión de las plantas fotovoltaicas efectivamente es una novedad en la región pero critica que la medida es insuficiente porque “permite la ocupación en zonas sensibles en torno a nidos”.
Se permeabiliza el terreno de áreas de ocupación del águila imperial a estas infraestructuras de renovables
“Establece distintos niveles de ocupación compatible, tanto en porcentaje como en superficie máxima, según la distancia a los nidos. Con ello se permeabiliza el terreno de áreas de ocupación de la especie a estas infraestructuras, con un condicionante de que se garantice la no alteración de la calidad o daño del hábitat para la especie, si bien esto entra en el terreno de la interpretación de los evaluadores”, detalla Ana Carricondo, coordinadora de Programas de Conservación de esta organización.
La cuestión tampoco es ajena a la industria de la energía solar, en plena expansión. Fuentes de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) explican que debido a la falta de actividad humana “durante una media de treinta años” y a la ausencia de fitosanitarios y pesticidas en el territorio en el que se sitúan sus instalaciones, se produce una proliferación de conejos, una de las especies principales para la alimentación del águila imperial.
En el caso concreto de Castilla-La Mancha, alegan ejemplos de plantas fotovoltaicas que han implantado medidas de fomento de conejos, por medio de núcleos de cría, como el proyecto de Romeral de Olmedilla (Cuenca) de Iberdrola.
Por este motivo, no ven “conveniente la limitación a un perímetro de 1.000 metros cuadrados la instalación de placas solares en áreas de dispersión o nidificación del águila imperial.
En cuanto a las plantas eólicas, el borrador indica las áreas críticas que tendrán la consideración de zonas de “exclusión eólica” para proyectos de parques eólicos de aerogeneradores con rotores dotados de aspas. De esta forma, la evaluación de impacto ambiental de parques eólicos tendrá en cuenta su incompatibilidad con la conservación del hábitat de la especie.
Según la propuesta del Gobierno regional, en la evaluación de impacto ambiental de un parque o un conjunto de parques eólicos en zonas de dispersión de águila imperial, se deberá identificar las zonas de campeo y nidificación de esta especie, con un criterio de exclusión de al menos 5.000 metros (cinco kilómetros) alrededor de nidos de la especie, así como las zonas de presencia regular de esta especie, con una probabilidad de al menos el 95%.
Para SEO/Birdlife, con ello se plantea una “reducción” de áreas críticas “que dejan fuera un porcentaje significativo de nidos”. Son estos nidos fuera de territorio crítico los que tendrían esa protección asegurada de “solo” cinco kilómetros. Además, en áreas de dispersión se rebaja la protección ante parque eólicos, que solo se aplica “de manera automática” en caso de nidos.
Ana Carricondo argumenta que esta zonificación “tan de pequeña escala y basada en superficies” dentro de áreas críticas o sensibles no se había usado antes en Castilla-La Mancha para estos proyectos de renovables. “Lo más parecido” se da en algunos planes de gestión de Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) con usos agrarios que establecen superficies máximas de transformación (de cereal a leñoso generalmente) que “no están garantizando la protección del hábitat favorable para las especies”.
“Es bien sabido que los impactos de los parques eólicos van mucho más allá de la mortalidad no natural generada por el choque de las aves con las aspas o el rotor, como la modificación que sufre el hábitat a medio y largo plazo, así como la instalación de las líneas eléctricas de evacuación que incrementan el riesgo de muerte por electrocución, dos amenazas frente a las que no se blindan por completo ni las áreas críticas ni las de dispersión”, detalla. Esta organización concluye que aun está analizando el borrador y precisa que esta valoración no refleja una “oposición total” al plan castellanomanchego.
Este periódico ha contactado también con la Asociación de Empresas Eólicas (AEE). Fuentes de la misma informan de que están estudiando el borrador y emitirán en breve una valoración.
Los programas para corregir tendidos eléctricos “ya deberían estar ejecutados”
Precisamente, en cuanto a los tendidos eléctricos, el borrador establece una serie de medidas concretas a las que el decreto da “alta prioridad” como la elaboración y ejecución de un programa de corrección de las instalaciones que presenten riesgo de electrocución para la especie.
Sobre esta cuestión, la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO), uno de los colectivos más activos en la denuncia de las muertes de avifauna por electrocución, incide en que los tendidos sin adaptar a la normativa de protección continúa siendo una de las principales causas de mortandad de la especie y que el borrador no contempla medidas para solucionarlo porque habla de programas “que ya deberían estar ejecutados”. Estima que en los últimos cinco años han muerto electrocutados 22 ejemplares.
Esta asociación explica que el equipo de trabajo que se constituyó para solucionar este problema calculó que en Castilla La Mancha estaban pendientes de corregir, en total, entre 95.000 y 100.000 apoyos en Castilla-La Mancha. Hasta ahora, estima, solo se ha hecho en un 18% de ellos por los que este plan incluye ya medidas “que ya estaban aprobadas” y “no supone ningún avance”, afirma Julia Giménez, miembro de la SAO.
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