Archivan el proyecto para una planta de biomasa en Socuéllamos por no presentar estudio de impacto ambiental

No habrá planta termoeléctrica de biomasa en la localidad de Socuéllamos (Ciudad Real), al menos de momento, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya desestimado y archivado su expediente de autorización ambiental, según publica el Diario Oficial de esta comunidad autónoma (DOCM).

El inicio del expediente para la construcción de esta instalación se inició en 2017 con la solicitud de presentación Estudio de Impacto Ambiental. Entonces lo gestionó la Viceconsejería de Medio Ambiente, que en ese año estaba integrada en la Consejería de Agricultura, y actualmente forma parte de la de Desarrollo Sostenible.

El pasado mes de febrero, ocho años después, la empresa promotora manifestó su intención de continuar con la tramitación mediante la presentación del citado Estudio de Impacto Ambiental, que finalmente no llevó a cabo.

Al no haber recibido la Administración hasta la fecha documentación o solicitud alguna relativa a la continuación del procedimiento ni la presentación del estudio, ha procedido a su desestimiento y archivo del expediente. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, la promotora puede interponer recurso de alzada ante la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes.

Se da la circunstancia de la empresa promotora es Athisa Biogeneración, la misma que gestiona la planta de gestión de residuos sanitarios donde el pasado mes de octubre se produjo una explosión que dejó a una persona muerta y dos heridas graves.

La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, defendió entonces la licencia municipal concedida a la empresa, ubicada en el Polígono Industrial El Llano de la localidad. Los hechos todavía se están investigando, sin que por el momento hayan trascendido los motivos de la explosión.

Precisamente, la Plataforma Ciudadana de Socuéllamos ha hecho público su malestar por la falta de respuestas del Ayuntamiento en el pleno municipal del pasado 26 de diciembre en relación a este siniestro.

Preguntas sobre el accidente en el pleno municipal

Concretamente, este colectivo registró varias preguntas en las que se interesaba por el grado de control y seguimiento antes del accidente, por las actuaciones realizadas tras la explosión, especialmente en lo relativo a la protección sanitaria de la población, y por la naturaleza de los residuos existentes en las instalaciones y el posible riesgo de emisión de contaminantes a la atmósfera, “con las consecuencias que ello podría tener para la salud pública y el medio ambiente”.

Según la plataforma, la respuesta de la Alcaldía fue que, al encontrarse el expediente en sede judicial, no podía facilitar información.

A ello replica que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno solo permite denegar información cuando se acredita que su divulgación puede perjudicar de forma concreta una investigación o un procedimiento sancionador, y que la denegación “no puede ser genérica ni automática”.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué medidas de protección sanitaria y ambiental se han adoptado, con independencia de la existencia de un procedimiento judicial”, concluyen.