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CCOO denuncia “falta de personal” y “discriminación salarial” en las Oficinas de Justicia de Castilla-La Mancha

Tarazona de la Mancha fue elegido en 2022 como municipio piloto para la implantación de las Oficinas Judiciales en el Municipio (OJM)

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Plantillas deficitarias y discriminación retributiva de trabajadores y trabajadoras. Es la realidad que caracteriza a las nuevas Oficinas de Justicia que han sustituido a los Juzgados de Paz en los municipios de Castilla-La Mancha, según denuncia Comisiones Obreras (CCOO).

El sindicato también alerta de que el 96,5% de estas Oficinas en la región carece de personal del Cuerpo de Tramitación Procesal, pese a que tienen que asumir nuevas competencias judiciales.

Las Oficinas de Justicia en los Municipios (OJM) comenzaron a hacerse realidad en 2022, cuando la localidad albaceteña de Tarazona de la Mancha fue elegida como localidad para desarrollar lo que entonces era un proyecto piloto del Ministerio de Justicia que aprovecharía la infraestructuras de los Juzgados de Paz para sustituirlos.

El proyecto forma parte del nuevo modelo organizativo del Servicio Público de Justicia que el Ministerio implementó con el fin de alcanzar una estructura que resulte más “cercana, sencilla, ágil y eficiente para la ciudadanía”, según detallaba hace cuatro años la Diputación de Albacete.

La realidad, según señala CCOO en Castilla-La Mancha, es una “crítica” situación estructural, funcional y retributiva con la que operan las nuevas Oficinas de Justicia en los Municipios (OJMs) y sus agrupaciones en las cinco provincias de la región.

Discriminación salarial y sustituciones forzosas gratuitas

El sindicato señala que, en Castilla-La Mancha, el servicio público de estas oficinas recae sobre una plantilla de “apenas 235 efectivos”, distribuidos en 86 Oficinas de Justicia en el Municipio y agrupaciones atendidas por personal funcionario de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia.

“En la inmensa mayoría de las OJMs castellanomanchegas la plantilla se reduce a un único puesto de Gestión/Secretaría y un único puesto de Auxilio Judicial (dos efectivos en total). Especialmente sangrante son los casos en la provincia de Toledo de Yuncos, que con 42.170 habitantes cuenta únicamente con dos funcionarios, o Seseña, que con 45.339 habitantes cuenta con tres. En la provincia de Guadalajara también hay casos significativos en las agrupaciones de El Casar Alovera, Chiloeches y Marchamalo; y de igual manera en la provincia de Ciudad Real, la situación es crítica en las agrupaciones de Miguelturra y La Solana”.

Para adecuar las plantillas a la población real, CCOO reclama al Ministerio de Justicia la creación “urgente” de 33 nuevas plazas en Castilla-La Mancha (16 de Gestión Procesal y 17 de Tramitación Procesal): 21 en Toledo, 8 en Guadalajara y 4 en Ciudad Real.

Asimismo, CCOO denuncia que el Ministerio ha asignado en las Relaciones de Puestos de Trabajo de estas oficinas actividades compatibles con los Tribunales de Instancia, sin haber realizado el estudio previo de cargas de trabajo ni la negociación sindical acordada con CCOO.

Además, “solo” 3 de las 86 OJMs de Castilla-La Mancha (Tarazona de la Mancha, Azuqueca de Henares y Seseña) cuentan con puestos de Tramitación Procesal, existiendo cero plazas de este cuerpo en todas las OJMs de Ciudad Real y Cuenca. En Albacete, 14 de las 15 Oficinas carecen de Cuerpo de Tramitación Procesal y “sufren discriminación salarial y sustituciones forzosas gratuitas”.

Si se mantiene dicha asignación, CCOO exige dotar de puestos de Tramitación Procesal a todas las OJMs, lo que supone 67 plazas adicionales en las sedes de menos de 15.000 habitantes (100 nuevas plazas en total en Castilla-La Mancha).

Finalmente, CCOO exige el fin de la discriminación retributiva, señalando que los puestos de Gestión-Secretaría cobran exactamente el mismo complemento específico que un puesto de Gestión sin jefatura; realizan sustituciones forzosas en municipios cercanos sin percibir retribución alguna y a ningún cuerpo se le retribuye ni la atención al público ni la penosidad por salidas a notificaciones, embargos, desahucios o diligencias en Centros Penitenciarios.

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