Las 'notas' en transparencia del sector público castellano-manchego

Las instituciones públicas continúan incumpliendo mayoritariamente la normativa legal sobre contratos. Es la principal conclusión que Transparencia Internacional (TI-España) ha extraído del último análisis realizado con fecha del mes de julio sobre la obligación de publicación de contratos por parte de las administraciones, en el que tan solo se refleja un ligero avance con respeto al elaborado a principios de año. Este incumplimiento, afirman, es “tan inaceptable como preocupante”.

El nuevo análisis realizado por esta organización y el Observatorio de Contratación Pública (OCP) se centra de nuevo en analizar si se acata la obligación legal de publicar los contratos y licitaciones públicos en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado.

En el informe pueden consultarse todos los datos en cuanto a comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos y universidades públicas. Así, en el caso de Castilla-La Mancha, llama la atención que la Junta de Comunidades sea la única Administración regional, junto con el País Vasco y Cataluña, que ofrece buenos resultados tanto a primeros de año como en el análisis del primer semestre. Según Transparencia Internacional, el Gobierno castellano-manchego cumple con la ley y mantiene al día los detalles sobre contrataciones en el registro de la PCSP.

Capitales de provincia

La situación cambia si se extraen los datos referentes a las capitales de provincia. En Castilla-La Mancha, los ayuntamientos de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo suspenden en todos los ámbitos: ni cumplían con la mencionada normativa en el primer informe ni ha cambiado su situación en el primer semestre del año. Solo el Ayuntamiento de Cuenca aprueba en esta comunidad autónoma.

De hecho, en todo el país, de los 110 grandes ayuntamientos españoles analizados en enero de 2016 por TI-España, sólo 29 de los 110 cumplían esta obligación, esto es el 26% de los Ayuntamientos; en el reciente análisis realizado en julio la situación sigue siendo casi la misma, dado que son solamente cuatro ayuntamientos más los que cumplen la ley. Esto quiere decir que en la actualidad son sólo 33 de los 110 grandes ayuntamientos los que cumplen esta normativa legal sobre contratos.

En lo que se refiere a los 19 parlamentos (Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos) en julio de 2016 sólo cinco parlamentos cumplían la normativa legal, los mismos que lo hacían hace unos meses, por lo que no ha habido ningún avance en el cumplimiento normativo por parte de estas instituciones públicas. Entre los ‘incumplidores’ se encuentran las Cortes de Castilla-La Mancha.

Diputaciones y universidades

En lo que se refiere a las diputaciones provinciales, el caso castellano-manchego es más dispar. Las diputaciones de Ciudad Real y de Guadalajara han mantenido al día la publicación de sus contratos, mientras que la de Toledo se unió al sistema durante este primer semestre del año. Por el contrario, ni la Diputación de Albacete ni la de Guadalajara cumplen con este requisito. A nivel nacional, en estas instituciones se ha dado el mayor nivel de mejora respecto al primer análisis.

Finalmente, en lo que se refiere a universidades públicas, en el anterior análisis eran 30 las que cumplían la ley de las 51 totales, mientras que ahora son 33 las que cumplen, lo que hace que del 59% de cumplimiento se haya pasado al 65%, siendo por tanto algo más de la tercera parte las universidades que en todo caso siguen sin cumplir esta normativa legal sobre contratos. Tanto la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) como la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), con campus en Guadalajara, se encuentran entre las instituciones ‘cumplidoras’ al cien por cien.

Dado el “muy abultado e inaceptable” nivel de incumplimiento legal por las entidades públicas españolas, Transparencia Internacional insta a que todas las instituciones públicas cumplan en el menor breve plazo posible esta obligación legal, de cara a un aumento de la transparencia y a la prevención de la corrupción.