El coste del trasvase Tajo-Segura que siguen pagando los ciudadanos

Cuando en los años 30 comenzó a proyectarse la obra del trasvase Tajo-Segura, el objetivo del mismo fue propiciar la producción agrícola de las zonas más rentables de Levante. Es decir, esa derivación de agua estaba enfocada básicamente al regadío. Es una situación que ya había cambiado cuando comenzó su explotación 50 años después, en 1980, y que hoy en día prácticamente carece de sentido. Ahora priman los criterios de abastecimiento, equidad y desarrollo sostenible, unos principios que para investigadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) no se cumplen y a los que además se une la “cuestionable” rentabilidad económica del trasvase en cuanto a coste-beneficio. Es en esta última cuestión donde surgen las mayores dudas.

El Tajo-Segura tiene unos costes fijos de su construcción que aún se siguen amortizando (con horizonte hasta 2030) y aparte otros variables derivados de su explotación con el que corren los regantes de Levante, principales beneficiarios del mismo. La profesora Nuria Hernández-Mora explica que cuando el trasvase comenzó a funcionar, la transferencia de 1.000 hectómetros cúbicos anuales se concibió en dos fases: una primera de 600 hectómetros y otra de 400 hectómetros que nunca llegó a realizarse porque se “sobreestimaron los recursos”. “Ya desde el principio, solo se ha estado recuperando el 60% de los costes porque se entendió que el otro 40% los usuarios no tenían que pagarlo por no haberlo trasvasado”. Ese porcentaje es el que han asumido las arcas públicas, es decir, los ciudadanos, por las obras del trasvase.

A ello hay que sumar otras rebajas adicionales a los regantes, entre las que se encuentran las derivadas del régimen económico-financiero del agua y sus “trucos contables”, que provocan que los usuarios del trasvase solo lleguen a pagar el 30% del coste real de las infraestructuras, algo que, según Hernández-Mora, pasa en todas las obras hidráulicas del país. “En el caso del trasvase Tajo-Segura, actualmente pagan hasta un 40% menos por metro cúbico que en 1980”, precisa.

Además, cuando hay periodos de sequía, los regantes están exentos de la tarifa del trasvase, es decir, no pagan por el coste de la infraestructura. Eso sin contar con que también existen unos “impactos económicos y medioambientales que deberían estar siendo compensados” tal y como recoge la Directiva Marco Europea. En definitiva un cúmulo de “descuentos adicionales” que hacen que la amortización del trasvase no se esté realizando conforme a como se proyectó.

A la luz de estos datos, ¿es rentable entonces la existencia del Tajo-Segura? Depende de varios factores, pero para el profesor Enrique San Martín, cuya tesis doctoral versó sobre esta cuestión, no lo es desde un punto de vista “económico y global”. “Es rentable para la cuenca del Segura desde un análisis individual financiero”, explica, pero si se contempla desde el prisma del “conjunto de la economía” en España, no es el caso. “Es una obra que ha pagado el Estado y si a la hora de utilizarla los usuarios, estos no devuelven el total de los costes, los que reciben el agua tienen un beneficio, y los que lo han financiado, como no se les devuelve todo el dinero, tienen una pérdida”. San Martín explica además que varios informes internacionales constatan que es una característica de todas las obras hidráulicas que se proyectaron “dando por supuesto” que serían rentables, cuando se ha demostrado que esa viabilidad es “baja y dudosa”.

Lo cierto es que actualmente no hay una sola alternativa a esta infraestructura. Para el profesor San Martín plantear otra obra o revertir la situación supondría que los regantes de la cuenca del Segura apelaran a la responsabilidad del Estado, por “quitarles” la obra antes de tiempo, lo cual generaría unos costes. “No hay ningún plan en el que todos salgan ganando, sino un juego de ‘suma cero’: que todo lo que ganan unos no lo pierdan los otros”.

Compensación al Tajo por derecho de propiedad

Aunque las opciones son múltiples entre la desalación, la redistribución de caudales o la subida de precios, en el caso de que, según la legislación, el derecho de propiedad fuera de la cuenca del Tajo, la del Segura debería “compensar” a la del Tajo por seguir usando el agua, aparte de lo que pagan por la amortización de las obras. Además, San Martín alega que la justificación del trasvase no es el abastecimiento como alegan desde Levante, sino que se utiliza ese argumento “como excusa para hacerlo más defendible socialmente”. “Con la ley en la mano, no hay caudales excedentarios y no debería trasvasarse”, detalla.

Ambos expertos coinciden en señalar que la política sobre el agua llevada a cabo en España no ha ayudado a solventar este problema. Para Enrique San Martín, se ha tratado de una gestión “continuista” no ya solo de los últimos años sino “heredada” incluso de los años 30. Por su parte, Nuria Hernández-Mora subraya que durante la presente legislatura se han hecho reformas que ya están empezando a tener “impactos muy negativos” como la venta de agua entre cuencas hidrográficas. Las decisiones en materia hídrica se han convertido así en “mercadeo entre unos que quieren comprar y otros que quieren vender”, y quitando del ámbito de lo público decisiones sobre un recurso que es un bien común.

Pero también está convencida de que son reformas que “caerán y ”acabaran cambiando“. ”El río Tajo está exhausto, y las perspectivas de cambio climático nos dicen que habrá menos agua, así que les compete a los receptores iniciar un proceso de reconversión, hacer un debate sosegado entre todos y ver cómo nos podemos reestructurar para garantizar el abastecimiento y seguir teniendo una agricultura provechosa que no sea a costa de otras regiones“, concluye.