El Gobierno regional cede una parcela a GICAMAN para 316 viviendas en el barrio del Polígono de Toledo

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la cesión gratuita de terrenos a la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) para la construcción de 316 viviendas en barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo antes de junio de 2026, destinadas a familias trabajadoras y jóvenes.

Así lo ha anunciado en rueda prensa la consejera Portavoz Esther Padilla, quien ha subrayado que “el Ejecutivo autonómico continúa sus esfuerzos para dar respuesta al derecho constitucional de la vivienda”. Además, ha incidido en que “la escasa oferta actual requiere del impulso de medidas, especialmente en zonas tensionadas, que abaraten su precio”.

En esta línea, Padilla ha explicado que estas 316 nuevas viviendas, cuyo precio de alquiler se situará por debajo del actualmente estipulado por el mercado, “están dirigidas a personas trabajadoras jóvenes y familias que tienen ingresos suficientes para desarrollar su proyecto vital, pero que encuentran dificultades de acceso por la escasez de la oferta y los elevados alquileres”.

Colaboración público-privada

Tal y como ha explicado la portavoz del Ejecutivo, la construcción y gestión de las viviendas se realizará a través de la colaboración público-privada con una inversión total de más de 42,5 millones de euros; de ellos, 15,7 millones serán aportados a través de los fondos Next Generation, mientras que será la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quien ceda el suelo público de manera gratuita para su edificación.

Padilla ha aclarado que, al igual que sucede con las 86 viviendas aprobadas a finales del pasado mes, la Administración no actuará como 'casera' en estas viviendas, sino que será el sector privado quien se encargue tanto de su construcción como de su posterior explotación en alquiler, durante un plazo mínimo de 50 años.

Por otro lado, contarán con una superficie media de unos 71 metros cuadrados y el precio final del alquiler rondará los 646 euros mensuales, tal y como ha destacado Padilla, quien además ha asegurado que “se trata de viviendas sostenibles, con altas calidades y con criterios de eficiencia, que superan las exigencias del Código Técnico de la Edificación”.

La portavoz también ha mencionado que se reservarán y adaptarán algunas de ellas para personas con movilidad reducida permanente, así como que las familias que vayan a residir en ellas deberán tener unos ingresos máximos de cinco veces el IPREM.

Un año del ‘Plan 10.000’

Por último, la consejera ha recordado que la construcción de estas viviendas se inserta dentro del ‘Plan 10.000’, aprobado por el Gobierno de García-Page en marzo del 2023. El objetivo es promover la construcción de 10.000 viviendas nuevas en la región, tanto en régimen de compra como de alquiler, que permitan aumentar la oferta de vivienda y, por tanto, bajar su precio mediante mecanismos de colaboración público-privada.

“Después de un año de su puesta en marcha, hemos llegado a casi un 30 por ciento de su cumplimiento. Solo en el último mes, hemos aprobado la construcción de 402 viviendas”, ha asegurado Esther Padilla.

Podemos reclama que Cabanillas del Campo sea declarada 'zona tensionada'

Precisamente, y sobre la falta de vivienda, Podemos ha presentado en el pleno ordinario celebrado este martes del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, en Guadalajara, una moción para solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el estudio y futura declaración del municipio como 'Zona Residencial Tensionada'. 

Asunción Mateos Gámez ha recalcado la existencia de un parque de viviendas “escaso y caro” en esta localidad del Corredor del Henares, lo que provoca “grandes dificultades” para el acceso a la vivienda, especialmente a las personas jóvenes que quieren emanciparse o los colectivos más vulnerables.

Desde la formación morada recuerdan que, según el Consejo de Juventud de España, la tasa de emancipación juvenil de Castilla-La Mancha es una de las más bajas a nivel nacional y que, de acuerdo con datos de Comisiones Obreras, “en nuestra región, las personas jóvenes dedican más del 58% de su salario al alquiler de una vivienda”.

Por ello, han solicitado al Pleno la aplicación de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, aprobada por el anterior gobierno de coalición PSOE-Podemos y bandera del partido morado durante la anterior legislatura, bajo el impulso de Ione Belarra.

La concejala Mateos Gámez, economista de profesión, ha recalcado que, en el caso de Cabanillas, “desde 2019 a 2023 el precio de la vivienda se ha incrementado en un 14,96%, mientras que el IPC acumulado en vivienda tan solo se incrementó en un 5,2%, una diferencia de un 9,76% que ha encarecido el precio de la vivienda y de sus alquileres, haciendo insostenible el mercado inmobiliario en nuestro municipio”. 

Podemos Cabanillas ha solicitado a las administraciones públicas que garanticen el derecho a una vivienda digna, en este caso a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al igual que ha hecho la Generalitat de Cataluña, declarando zona tensionada al municipio para así aplicar un índice de precios de referencia fijado por el Gobierno central, así como la elaboración de un plan territorial concreto para Cabanillas en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.