La acusación del caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca carga contra el juez por vetar el acceso a documentos

La acusación popular en el caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca reprocha al juez que se le vete “todo acceso a los documentos obrantes en los archivos del Juzgado para su contraste, comparación o cotejo” lo que, según el abogado defensor, refuerza “el falso testimonio cometido por todos y cada uno de los testigos que han declarado desde que la Audiencia Provincial ordenó reabrir las actuaciones”. La causa, reabierta hace unos meses, trata de aclarar en qué condiciones se produjeron los ingresos de cuotas atrasadas por parte de cargos públicos del PP a favor de militantes que llevaban años sin pagar para que votasen en las primarias que finalmente ganó el hoy presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Según asegura el letrado de la acusación en un escrito dirigido al juez instructor, se les está “tratando como a unos auténticos payasos” porque “en este momento procesal, no secreto”, las partes deben tener la información de todo lo actuado y documentado en el procedimiento“, y la participación en todas las diligencias sebe ser ”exactamente la misma que la que tiene el Juez, sin excepción alguna“, ya que ”no existe materia sensible alguna que afecte a la seguridad nacional u a otras dispuestas en leyes Especiales, entre las que no se encuentra, ni por asomo, la documentación obrante en los archivos judiciales, que no en autos a disposición de las partes, requerida al PP“. El abogado atribuye a una ”justicia provinciana“ los límites de acceso a las actuaciones y advierte de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.

Los documentos aportados por el Partido Popular se han facilitado, pero anonimizando datos personales, algo que el abogado no considera necesario. “¿Qué sentido tiene dársenos traslado para hacer alegaciones respecto de documentos prefabricados, hechos a mano, sin ninguna data oficial ni de fehaciencia, absolutamente opacos, ilegibles… cuando además pesa sobre nosotros la prohibición de poder examinar los documentos preexistentes en los archivos del Juzgado para su comparación, y así mismo prohibido nuestro legítimo derecho a intervenir en toda diligencia judicial de comprobación?” pregunta el abogado en un escrito dirigido al instructor. Recuerda además que “la vulneración de los principios de contradicción y de igualdad de partes que se está cometiendo, conllevará la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones procesales que se están produciendo así como cualquier resolución judicial que se dicte en adelante”.

El caso se reabrió el pasado 4 de junio, después de que la Audiencia Provincial de Salamanca, estimase en parte el recurso de la acusación popular, Foro de Izquierda-Los Verdes, después de un año archivado. Lo que se consideró acreditado entonces a través de testificales, es que a finales del mes de febrero de 2017 los cargos electos municipales del PP en el Ayuntamiento de Salamanca, por un lado, y los cargos electos del PP en la Diputación por otro, “decidieron aportar la cantidad de 500 euros para sufragar la puesta al día del pago de cuotas de los afiliados”, a fin de que éstos pudiesen participar en las elecciones primarias convocadas para marzo de 2017, “sin que en ningún momento existiese presión, intimidación o amenaza alguna, ni se les apercibiese con consecuencias políticas negativas”. Pero la Audiencia entendió que no se disponía de “datos suficientes” que acreditasen que, “o toda la recaudación efectuada en los términos expuestos en la denuncia y confirmado por los testigos, se ha destinado única y exclusivamente al pago de las cuotas debidas por otros afiliados o que las cantidades recaudadas fueron insuficientes para atender las cuotas debidas, de forma que habría sido necesario acudir a otras formas de financiación (en la denuncia se habla de dinero B), para cubrir el resto de cuotas adeudadas y así permitir a un mayor número de militantes acceder al voto”.