Adiós a la “lealtad institucional”: la Junta de Castilla y León arremete contra el Gobierno por reducir sus fondos para políticas de empleo

La Junta de Castilla y León ha subrayado, desde que empezó la pandemia del coronavirus, que mantendría la “lealtad institucional” y que el Gobierno autonómico no haría críticas a la gestión hasta que hubiese finalizado. Sin embargo, la tregua ha finalizado. Este jueves la Consejería de Empleo e Industria de Castilla y León ha manifestado su “rotundo rechazo” a la nueva medida en materia laboral aprobada por el Ejecutivo central a través del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, “que conlleva una reducción sustancial de los fondos que reciben las comunidades autónomas para desarrollar sus políticas de empleo”.

Tal y como explica en una nota de prensa, “ante el impacto económico de la crisis originada por el COVID-19, la normativa estatal permite que una parte de los ingresos procedente de las cotizaciones de formación que pagan empresas y trabajadores pueda dedicarse a sufragar prestaciones, a costa de recortar esta financiación a las autonomías”. La Consejería recuerda que los asalariados ya cotizan cada mes para la protección frente al desempleo, “por lo que con esta medida se está duplicando su aportación para el mismo fin”.

Castilla y León votó en contra del Plan Anual de Políticas de Empleo

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo ayer efectiva la aplicación del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, durante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada por videoconferencia, en la que participó el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios. En el transcurso de la reunión se aprobó, con el voto en contra de Castilla y León, la distribución entre las autonomías de los fondos previstos en el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE).

El Ministerio asignó a esta Comunidad un total de 63,5 millones de euros para políticas de empleo, que podrán elevarse hasta los 71,2 millones a lo largo de 2020. Esta última cantidad representa algo menos del 50 % del presupuesto del PAPE que le correspondería a Castilla y León, según las estimaciones realizadas por la Consejería de Empleo e Industria, sin que el departamento que dirige Díaz haya concretado a cuánto ascendería el total de las transferencias que debería recibir la Junta este año.

Durante la conferencia sectorial, Barrios manifestó que el Plan “implica detraer recursos de las políticas de empleo que gestionan las comunidades autónomas y, por lo tanto, vaciarlas de contenido y menospreciar su aportación a la dinamización del mercado laboral”.

El consejero de Empleo considera que para paliar el impacto de esta crisis originada por el COVID-19 es necesario garantizar la cobertura de las personas que carecen de renta, pero también “indudablemente”, asegurar la reactivación de la economía y el mantenimiento del empleo. Y para ello es imprescindible contar con una dotación suficiente para ejecutar las medidas de empleo que impulsan las comunidades.

Barrios apuesta por “flexibilizar” los criterios para reorientar los fondos hacia las políticas de empleo más necesarias en el contexto actual, es decir, “excepcionar el carácter finalista de las transferencias estatales”. Por ello, desde la Junta de Castilla y León, se considera “prioritario” gestionar los recursos atendiendo a las necesidades específicas de Castilla y León y reforzar las medidas para el mantenimiento y fomento del empleo, como los incentivos a la contratación, las compensaciones a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o las líneas de ayuda a los autónomos, entre otros.

La Consejería de Empleo e Industria lamenta que desde la declaración del estado de alarma el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya adoptado un conjunto de medidas que afectan a las relaciones laborales “sin atender los criterios de las comunidades autónomas, pese a que en el ejercicio de sus competencias como autoridad laboral deben aplicar la normativa dictada por el Gobierno”.

Así, la última disposición contendida en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo “supone romper con los principios de coordinación, cooperación y corresponsabilidad de las autonomías”. A pesar de ello, la Junta asegura que mantendrá “lealtad institucional” en el desarrollo de todas las iniciativas impulsadas para mitigar las consecuencias de la crisis.

El consejero de Economía, contrario a que se mantenga la campaña de declaración de la renta

El consejero de Empleo no ha sido el primero el criticar las políticas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez. El pasado miércoles, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, también se mostró contrario a mantener la campaña de la declaración de la renta tal y como estaba prevista. Fernández Carriedo pidió que se aplazase el pago de impuestos y que se dotase a las comunidades de “recursos adicionales”.

“No se puede pedir a la gente que se mantenga confinada en su domicilio y a la vez se le anime a salir de casa para presentar la declaración de la renta”, señaló.

Fernández Carriedo pidió que el Gobierno “reconsidere” el pago de todos los impuestos, además del IRPF, y apuntó al IVA de los autónomos y las empresas o a los impuestos sociales, como ha hecho el Gobierno autonómico.