Castilla y León cierra la Semana Santa con 4.403 denuncias y 22 detenidos por infracciones del estado de alarma

Castilla y León ha cerrado la Semana Santa con 4.403 nuevas denuncias por infracciones del estado de alarma y 22 personas detenidas en actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales entre el miércoles día 8 y el domingo 12.

En total, la Comunidad Autónoma suma desde el inicio del estado de alarma, el pasado 15 de marzo, un total de 22.892 propuestas de sanción, que ya están en trámites, y 162 personas detenidas, lo que sitúa a Castilla y León como la séptima región más infractora de España.

La Semana Santa de 2020 concluyó en Castilla y León sin procesiones, pero con otras 4.403 denuncias a otros tantos ciudadanos que durante estos días, desde el miércoles, 8, cuando debería haberse iniciado la operación salida, hasta las 0.00 horas de este lunes, 13, infringieron de nuevo las normas del estado de alarma, tanto en las vías urbanas como en las carreteras de la región.

El “amplio dispositivo” establecido en vías de alta capacidad y carreteras por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil asignada a la Dirección General de Tráfico, así como la vigilancia urbana y del entorno rural por parte de Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales, ha supuesto la interposición de 4.403 nuevas propuestas de sanción, que están ya tramitándose en las oficinas de las subdelegaciones del Gobierno de Castilla y León y serán notificadas próximamente a los infractores.

Por otro lado, el número de detenidos durante estos cuatro días y medio alcanza los 22, que sumados a los anteriores, hacen un total de 162 personas que no sólo han abandonado sus domicilios sin poder justificar encontrarse en alguno de los supuestos recogidos en la normativa del Gobierno a raíz de la crisis del covid19, sino que además, desobedecieron a la autoridad, se resistieron o mostraron una conducta reiterativa.

Castilla y León, por tanto, con sus 22.892 denuncias desde el 14 de marzo, se sitúa como séptima región más infractora en el conjunto del país, ranking que lideran las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Aragón, con más de 70.000 denuncias cada una.