CSIF advierte de que falta personal sanitario para abordar la vacunación de la COVID-19 en Castilla y León

El sindicato CSIF ha reclamado a la Junta de Castilla y León un incremento del plantillas del personal sanitario ante la crisis sanitaria. Según advierten en un comunicado, la pandemia ha visualizando “alarmantemente la carencia de personal sanitario”. Los sindicatos aseguran que se está haciendo evidente el caos cuando la Consejería de Sanidad pretende  bordar la campaña de vacunación de la COVID-19 “con carencias de personal, y mediante la creación de una supuesta bolsa sin unas bases de funcionamiento, pidiendo la voluntariedad de trabajo al personal, pero sin dar a conocer a los posibles voluntarios dónde está el límite entre la voluntariedad y la obligación”.

Por esa razón, CSIF señala que la sanidad castellano y leonesa “tiende al bloqueo, con o sin Covid-19”, y que la Junta debe reaccionar. “Urge la recuperación de las plazas perdidas, así como la creación de nuevas para dotar al servicio público de salud de Castilla y León del personal sanitario necesario”. El sindicato insiste en la necesidad de que se incrementen las plantillas, “y no solo por la gravísima pandemia que sufrimos en este momento, que -por supuesto- está haciendo más necesario e imprescindible que nunca contar con más sanitarios”.

CSIF se pregunta si quizás, si los distintos equipos de gobierno de la Junta de Castilla y León hubieran creado empleo en Sacyl, en vez de destruirlo, la crisis sanitaria hubiera podido ser mejor abordada, y el bloqueo sanitario hubiera sido menor, añade el sindicato independiente. En tres años, según los últimos datos oficiales que se pueden ver en el Portal de Transparencia de la Junta, los efectivos sanitarios de la Comunidad han disminuido en un 3,6%, concretamente del mes de diciembre de 2017 al de 2019.

Una vez más, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios cara contra el “decretazo” que regula la organización y trabajo de los sanitarios de Sacyl. Este miércoles, el sindicato presentó pre una demanda ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión de la Junta de Castilla y León del pasado mes de noviembre.