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La Junta de Castilla y León anuncia nuevas medidas económicas para afrontar la crisis del coronavirus COVID-19

Alfonso Fernández Mañueco.

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado dos nuevas medidas económicas para afrontar la crisis provocada por el coronavirus COVID-19. En concreto, estas ayudas tendrán un impacto total de 142 millones de euros y estarán destinadas a apoyar a los trabajadores y empresas de Castilla y león.

La primera medida ha consistido en aplazar el cobro de impuestos, competencia de la Comunidad, de 38.000 contribuyentes por “sucesiones y donaciones, así como por transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados de personas físicas, pymes y autónomos”, apunta Fernández Mañueco. Los plazos han sido ampliados por un mes, pero “podría extenderse en caso de alargarse el estado de alarma”.

El impacto de esta primera medida, decretada por la Consejería de Economía y Hacienda de forma extraordinaria y temporal, asciende aproximadamente a 42 millones de euros y “permitirá inyectar liquidez en la economía de Castilla y León al disponer los contribuyentes de estas cuantías durante un plazo mayor de tiempo”.

Además, La Junta ha asegurado que los contribuyentes que necesiten efectuar tramites tributarios durante el estado de alarma “puedan efectuarlo de forma telemática” en el portal tributario de la web del Gobierno Autonómico.

En segundo lugar, Fernández Mañueco ha anunciado que la Junta inyectará de “forma inmediata”, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y en colaboración con Iberaval, 100 millones de euros de liquidez para llegar a 3.000 empresas para que puedan proseguir con su actividad.

De esta cuantía, que se trata de “un impulso a la actividad económica”, irán destinados 20 millones de euros a sostener micropymes y autónomos bonificados. 40 millones de euros se invertirán al mantenimiento de la actividad empresarial de pymes, 25 millones financiarán la implementación de soluciones digitales de urgencia para impulsar el teletrabajo y la modernización de empresas y por último, el aplazamiento en el pago de cuotas sobre créditos que movilizará un ahorro de 15 millones de euros.

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