Escuelas Católicas de Castilla y León critica “pasos en contra” de la enseñanza concertada para lograr su “ahogamiento”

El secretario autonómico de Escuelas Católicas, la patronal mayoritaria del sector educativo concertado en Castilla y León, Leandro Roldán, se ha mostrado “profundamente preocupado” por la “grave discriminación” a las familias y centros que apuestan por este modelo educativo.

Así lo ha indicado en referencia a la exclusión de los centros concertados de la ayuda de 2.000 millones del fondo COVID-19 para Educación -según consta en el borrador del Plan para la Reconstrucción Social y Económica aprobado en el marco de la Comisión de Reconstrucción tras la pandemia-, lo que, a juicio de Roldán, evidencia que “se están dando pasos en contra de la enseñanza concertada para llegar al ahogamiento de esta red”.

“La educación es un servicio público que se ofrece a la sociedad a través de ambas redes: pública y concertada”, ha aseverado Roldán, quien ha asegurado que la enseñanza concertada “ha demostrado estar a la altura en materia de atención y seguimiento de alumnos”, razón por la que considera que “lo democrático es ayudar a todos los sectores”.

Asimismo, ha reprochado que, “a lo largo de estos cuatro meses, se haya aprovechado la situación para continuar con la tramitación de la nueva ley de educación cuando todos procesos estaban paralizados y no era el momento idóneo para presentar enmiendas”.

“Todo eso nos hace ver que se están dando pasos en contra de la concertada para llegar al ahogamiento de esta red y el anuncio de la no oferta de las ayudas así lo demuestra”, ha incidido.

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno central, bien por una cuestión de partido o una decisión del Ministerio de Educación, ha puesto en marcha “una campaña en contra de la concertada con la finalidad ahogar”.

“Es una exclusión deliberada y explícita a la enseñanza concertada”, ha zanjado el secretario autonómico de Escuelas Católicas, quien considera que lo más “perjudicial y anticonstitucional es que se intente eliminar la demanda social y que sean los padres quienes puedan elegir a qué centro quieren llevar a sus hijos”.

La situación ha provocado que varias voces desde el sector de la concertada hayan afirmado que no se descartan medidas tales como una huelga en septiembre si el Gobierno no reconsidera su decisión. A este respecto, Roldán ha reconocido que aún es “pronto” para anunciar medidas, en previsión de que el Ministerio recule.

Sin embargo, ha avanzado que si se antoja necesario optar por este tipo de protestas se llevarán a cabo, pues ha recordado que el sector de la concertada cuenta con el respaldo de cerca de 100.000 familias en Castilla y León que se sienten “totalmente discriminadas” en estos momentos. “Contamos con un potencial de apoyo muy importante”, ha advertido Roldán.

En cualquier caso, ha agregado, el sector espera que haya una marcha atrás que reconduzca la situación para ayudar a toda la red y que no se “discrimine” a la concertada a la hora de convocar ayudas, pues a lo largo de estos meses ha habido muchos gastos derivados del apoyo que han requerido los alumnos --dispositivos digitales, ampliación de la cobertura de enseñanza telemática o cierre de centros cerrados que redundaban en ganancia económica--, así como los que se plantean de cara al próximo curso.

Todo ello, ha explicado Roldán, dependerá de la negociación política y de si el PSOE decide inclinarse por la “imposición” de Unidas Podemos con medidas solo para la enseñanza públcia, ya que “si se doblega ante otros partidos no estará atendiendo a toda la sociedad y estará incumpliendo derechos constitucionales”.

Por el contrario y frente a la actitud del Gobierno, Roldán ha agradecido que en Castilla y León, a lo largo de estos meses de confinamiento, ha mantenido un contacto “muy estrecho” con la Consejería de Educación, cuya titular, Rocío Lucas, les ha trasladado “en todo momento” el compromiso de un apoyo igualitario a ambas redes, pública y privada, lo cual “tranquiliza y reconforta” al sector.