La Junta de Castilla y León deja sin renta garantizada a una familia con tres niños por presentar la solicitud en el día en que se le indicó

La Junta de Castilla y León ha denegado la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) a una mujer que presentó la solicitud el día que se le indicó desde la Dirección General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad de la Consejería de Familia. La Gerencia de Servicios Sociales, dependiente de la misma Consejería resolvió negativamente por entender que la petición se hizo un día antes de lo debido. Así, un error del Gobierno autonómico deja sin percepción a un matrimonio con tres hijos, según ha denunciado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Burgos.

La solicitante, Sara, ya había sufrido anteriormente la burocracia de la Junta de Castilla y León. La RGC que recibía su unidad familiar (pareja con tres hijos de 10,7 y 3 años) se suspendió por lo que se considera un incumplimiento, al no acudir el matrimonio a una de las citas con los educadores de inserción social. Según la PAH, el marido había conseguido un trabajo puntual y la mujer estaba haciendo un curso, lo que comunicaron a los trabajadores sociales. Así, Servicios Sociales los sancionó durante seis meses.

El pasado 4 de mayo Dirección General de Familias les informó a través de un correo electrónico de que esa sanción estaba vigente hasta el 28 de ese mes, por lo que debían solicitar la Renta Garantizada “a partir del día 29”. Las instrucciones se siguieron al pie de la letra. Sin embargo, una carta de la Gerencia de Servicios Sociales fechada el 23 de junio, informa de que se les deniega la RGC que se solicitó el 29 de mayo porque la sanción de 6 meses no vencía hasta el día 30.

Dos alternativas

Desde la Consejería de Familia aseguran que se ofrecen dos alternativas:  “que recurra la Resolución de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos y se estudiará su situación” o “que vuelva a solicitarlo y se intentará agilizarlo al máximo”. Las mismas fuentes apuntan a que “no se puede hacer otra cosa porque la RGC está sujeta a procedimiento administrativo y la Junta no se lo puede saltar”.

 El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado en varias ocasiones su petición de gestionar el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno de España, dada su trayectoria con la Renta Garantizada de Ciudadanía.