Vox no se apea de su extremismo

Confieso mi error al creer que, una vez incorporado al gobierno de esta comunidad autónoma, Vox iba a modular el discurso ultra y el programa de máximos de su dirección nacional para centrar sus esfuerzos en el cumplimiento de los compromisos contraídos en el Acuerdo de Legislatura suscrito con el Partido Popular. Parecía el momento de abandonar las proclamas electorales y demostrar capacidad de gestión en las áreas de gobierno que se había autoasignado, a saber, las consejerías de Industria y Empleo, Agricultura y Desarrollo Rural y Cultura y Turismo, ateniéndose en todo momento a lo pactado con el socio mayoritario.

Eso era lo que se desprendía de la posición expresada por Santiago Abascal al calificar el gobierno PP-Vox en Castilla y León como un “piso-piloto” que sirviera de referente para posteriores acuerdos similares (próxima estación, Andalucía).

Ese atemperamiento del radicalismo de Vox venía aconsejado por otra realidad constatada por politólogos y sociólogos: la notable brecha existente entre la extrema ideología de sus dirigentes (alineados con la ultraderecha europea, que no europeísta, a la vez que nostálgicos del franquismo) y sus millones de electores, gran parte de los cuales han buscado refugio en este partido sin renegar de la Unión Europea, admitiendo la evidencia del cambio climático y sin añorar especialmente el régimen anterior a la Constitución del 78. Un perfil de votante mucho mas moderado, procedente primero del PP y después de Ciudadanos, que no en vano Núñez Feijóo aspira a recuperar.

Dos voces disonantes

Sin embargo, contra todo pronóstico, una vez cerrado el reparto de poder en la Junta, Vox no se ha plegado al papel que le corresponde con arreglo a su pacto con el PP. Y no le basta con haber impuesto su agenda ideológica ideológica mediante la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley de Concordia, las dos únicas propuestas legislativas con inmediata fecha de tramitación.

A falta de otras ocupaciones que justifiquen su sueldo público, el vicepresidente sin cartera, Juan García Gallardo, se pasa el día reivindicando el programa de máximos de Vox y desafiando permanentemente la existencia de “ese gobierno como una piña, con una voz única” que anunció Alfonso Fernández Mañueco en su discurso de investidura. Y además no lo hace tan solo a título de vicepresidente, sino arrogándose cuando le viene en gana la plena representación del gobierno autonómico, como ha sucedido a partir del reciente anuncio del gobierno central de modificar determinados aspecto de la Ley sobre el Aborto: “Tendréis a la Junta de León enfrente”, escribió en Twitter.

Vista la arrogancia con que viene actuando desde las instituciones autonómicas, Vox en ningún momento ha asumido que es el socio minoritario de un gobierno de coalición al que aporta 13 de los 44 procuradores que conforman su mayoría parlamentaria. Tampoco que son la tercera fuerza política de la comunidad, con menos de la mitad de procuradores y votos de los que cuenta la segunda, el PSOE.

Veganzones y su glorioso debut parlamentario

La presentación en las Cortes por parte del consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, del programa de actuaciones de su consejería para la próxima Legislatura no ha podido ser más elocuente al respecto. Lejos de ceñirse a la cuestión, Veganzones, convirtió su comparecencia parlamentaria en un conjunto de diatribas contra el gobierno “socialcomunista” de Pedro Sánchez, reivindicó la llamada “Agenda España” que propugna su partido frente a la Agenda 2030 que inspira las políticas europeas y cuestionó la utilidad del Dialogo Social con sindicatos y patronal, sobre el que deslizó todo tipo de insinuaciones. “He visto cosas que ustedes no creerían”, parafraseó al personaje de Blade Runner el que en su día fuera secretario general del Consejo Económico y Social. “Dialogo social, sí, pero no ultrasubvencionado (...) se acabaron los cursos de relleno o tapadera”, proclamó.

Toda una exhibición de fanatismo partidista ante la que una acomplejada portavoz del PP se vio impelida a recordar que el Dialogo Social está protegido por una Ley de la Comunidad, en tanto que la oposición deploró que el consejero utilizara la sesión parlamentaria para reproducir el discurso ultraderechista de Vox.

Para mayor inri, un mes después de haber tomado posesión, Veganzones ha sido incapaz de cubrir los dos puestos más importantes en el organigrama de Industria y Empleo: la viceconsejería de Dinamización Industrial y Laboral (antes llamada de Diálogo Social y Empleo) y la gerencia del Servicio Regional de Empleo (Ecyl). En estas manos ha caído una consejería fundamental para recuperar la actividad económica y el empleo.

Más técnico que político, el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, se atuvo al objeto de la comparecencia, en la que, eso sí, cargó contra el “alto grado ambiental” que impregna la nueva Política Agraria Común. “No puede haber PAC verde en números rojos”. No obstante lo cual, la consejería se pondrá manos a la obra para que en 2023 todos los agricultores de Castilla y León estén acogidos a un “ecoregimen” que garantice la subvención.

Del carácter continuista del programa de Dueñas da fe lo revelado por “El Norte de Castilla”, que detectó en su intervención pasajes plagiados literalmente de la comparecencia del anterior consejero, Jesús Julio Carnero, del PP. Por lo demás, Dueñas eludió dos problemas candentes en el sector: el de las movilizaciones vecinales ante los 80 proyectos de macrogranjas ganaderas en la comunidad y la creciente instalación de huertos solares sobre terrenos de regadío. ¿Cómo es posible que se sigan reclamando cuantiosas inversiones públicas para ampliar la superficie en regadío al mismo tiempo que se siembra de placas fotovoltaicas parte de la existente?

García-Gallardo, enésimo desbarre

Quedaba por ver hasta qué extremo había somatizado los postulados de Vox el antiguo simpatizante de la izquierda abertzale y nuevo consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, cuya comparecencia se vio eclipsada por la desaforada reacción del vicepresidente García-Gallardo en defensa del nombramiento a dedo de un hermano del director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, como asesor de la Junta.

Aunque ni en el nombramiento en el Bocyl ni las informaciones periodísticas concretaban cual sería el destino del nuevo “asesor”, García-Gallardo lanzaba un airado mensaje en “Twitter” explicando que “nuestro director general de Deportes e invidente y necesita un asistente personal para ejercer correctamente sus funciones”, con lo cual aclaraba las funciones a desempeñar por Alfonso Javier Sánchez-Guijo. Información de agradecer de no ser porque a renglón seguido daba rienda a su fobia periodística con el siguiente comentario: “No es solo que ejerzáis de activistas políticos en lugar de periodistas. Es que no tenéis vergüenza”. Una insultante reacción ante la mera difusión informativa de un nombramiento aparecido en el Bocyl.

Con este desaforado ataque a la libertad de información, García-Gallardo sin duda respiraba por la herida de las críticas que suscitó el nombramiento de su pariente José María Barrio Gil-Fournier como jefe del Gabinete de la Vicepresidencia. En el caso de los Sánchez-Guijo la justificación del vicepresidente no se sostiene ya que el ahora director general de Deportes fue durante años (2011-2019) concejal de Economía del Ayuntamiento de Salamanca sin haber precisado durante ese tiempo ningún asistente personal. Y aún en el caso de que lo necesitara, lo suyo es que la prestación sea realizada por un profesional especializado y no precisamente por parte de un hermano designado como “asesor” con una retribución anual de 42.549 euros anuales.

El episodio refleja una vez más los delirios políticos de un personaje que considera el cargo de vicepresidente de la Junta como algo patrimonial al servicio exclusivo de su partido y en absoluto sujeto a comportamiento ni control democrático. Todo ello con una aterradora mezcla de inmadurez y endiosamiento.

Consciente de que García-Gallardo se sobra y se basta para desprestigiar a Vox, Mañueco ha optado ignorar sus continuos ex abruptos, evitar roces, y limitarse a cumplir escrupulosamente lo pactado con Abascal, que es su verdadero interlocutor. Y a tal efecto ya hemos visto durante la ronda de comparecencias en las Cortes de qué forma los consejeros del PP asumen sin la menor objeción los compromisos asumidos con el pacto de gobierno.

Ningún representante de Vox defendería con mayor convencimiento que el nuevo consejero de Presidencia la Ley de la Concordia que lleva implícita la discordia de derogar el decreto autonómico sobre memoria democrática. Lo mismo que la consejera de Familia, Isabel Blanco, quien ha encontrado en las agresiones de hijos a padres (problema para el que la consejería disponía ya de su propio protocolo) el argumento sobrevenido para justificar la Ley de Violencia Intrafamiliar destinada a menoscabar la de Violencia de Género.