Castilla y León no descarta acudir a la Justicia contra la “sectaria” Ley Celaá

Castilla y León no descarta acudir a la Justicia contra la “sectaria” Ley Celaá que acaba de aprobarse en el Congreso, que considera “claramente mejorable”. Aunque no ha concretado qué fórmula se podrá utilizar como recurso judicial, así lo ha anunciado este viernes el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que se ha comprometido a abrir “un proceso de diálogo” para utilizar “todas las herramientas jurídicas necesarias” para “garantizar” el actual sistema educativo de la Comunidad, que “ha sido un sistema de éxito durante décadas”. “Esto parece un pacto contra el estado”, ha criticado Mañueco, quien ha pedido esperar al trámite del Senado para entonces “ver la situación jurídica” y “analizar cuáles son las posibilidades y alternativas”.

El presidente autonómico solo ha concretado una línea roja para Castilla y León, con respecto a las asignaturas suspensas en Bachillerato. Mañueco ha asegurado: “No se pasará de curso con suspensos en Bachillerato”. Después, desde la Consejería de Educación se ha matizado que la Junta no permitirá titular Bachillerato con una asignatura suspensa.

Actualmente, con la Ley Wert vigente, se puede pasar de 1º a 2º con hasta dos materias suspendidas, que tendrán que ser cursadas y aprobadas en el siguiente curso. La Ley Celaá permitirá graduarse de manera excepcional con una asignatura suspendida “siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título”.

“Estamos orgullosos de él [el sistema] y tenemos que proteger la herencia que hemos recibido y mejorar, porque hay margen de mejora, de cara al futuro”, ha señalado Mañueco en una rueda de prensa telemática tras reunirse con la educación concertada, en la que también ha asegurado que está abierto a reunirse con la educación pública. “Abriremos un proceso de diálogo con todos los agentes del sistema: sindicatos, centros, padres...”, ha indicado el presidente autonómico, que promete “consenso”.

Mañueco no ha respondido a las reiteradas preguntas sobre cómo se aplicará esta ley, qué aspectos le gustan de este proyecto, qué líneas rojas hay y cómo afectará a, entre otros, los centros concertados que segregan por sexo o la educación especial. Sí ha querido enviar un mensaje de “tranquilidad” a toda la comunidad educativa y ha prometido “garantizar la educación pública, concertada y la especial” con “todas las herramientas que nos permite el estado de derecho”.

El presidente autonómico, del Partido Popular, ha calificado a la nueva Ley de Educación como un “error” y un “empobrecimiento” que pretende “imponerse” en el “peor” momento. “No es el momento de dividir a la sociedad y provocar disensiones”, ha reclamado Mañueco, quien ha lamentado la “bajísima calidad democrática” de esta Ley Orgánica con “marcado carácter antiguo y sectario” y “que no ha buscado el consenso de gran parte de la comunidad educativa”.

Mañueco ha afeado que no se haya negociado “en profundidad” con las autonomías, a las que ha “orillado”. El presidente de Castilla y León considera que el Gobierno quiere hacer “dejación de sus funciones” de coordinación en el actual mapa autonómico y “vacía de contenidos” al Gobierno. “La España de las autonomías exige que el gobierno coordine determinadas responsabilidades y quiere dejar en manos de las autonomías responsabilidades que son del Gobierno”, ha recriminado.

También ha instado a sellar un “pacto de Estado” para la Educación en el que se incluyan cuestiones como una prueba de acceso a la universidad única, un currículum común o la brecha digital. “Tenemos que unir, no dividir”, ha interpelado.

A pesar de todo, Mañueco ha señalado que la ley, una vez se apruebe, será “de obligado cumplimiento”, salvo los posibles recursos de inconstitucionalidad. “Aquellas cuestiones que se delegan a las autonomías (como el bachillerato, la protección del modelo complementario de la educación pública y concertada, etc.) las vamos a proteger con los instrumentos jurídicos a nuestro alcance”, ha defendido.