Igea acusa al PP de “ceder a los intereses” de las empresas con la nueva Ley de residencias de ancianos de Castilla y León

El portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha criticado que el PP —y Vox— “no garantiza” los derechos de los ciudadanos que viven en los centros residenciales con el nuevo Proyecto de Ley de Residencias y “cede a los intereses” de las empresas gestoras de residencias. “Como siempre, han vuelto a hacer lo que de ustedes esperan quienes verdaderamente dirigen esta comunidad, que no son ustedes”, ha criticado el exvicepresidente autonómico este jueves en la Comisión de Familia de las Cortes de Castilla y León.

Igea ha aludido a las empresas de la familia Ulibarri, propietaria de decenas de residencias en España (siete en Castilla y León) y de varios medios de comunicación, además de la mitad de Castilla y León Televisión. “Seguro que no han hablado con ese grupo empresarial, que tb tiene una tele. Seguro de que no hay conflicto de interés”, ha ironizado el procurador del Grupo Mixto, que ha recordado que una residente —en un centro de Aralia— murió asfixiada por las sujeciones mecánicas de su cama en 2023 en Madrid y la Comunidad lo sancionó con 25.000 por no informar al respecto. “Esto es lo que vale la vida de un anciano”, ha protestado Igea.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en la Comisión, Miguel Ángel García Nieto, ha negado tener interés “en ninguna empresa” ni poseer ninguna. “Trabajamos para las personas y no para las empresas”, ha aseverado el exsenador y exalcalde de Ávila.

Igea ha centrado parte del debate en las sujeciones a los ancianos, algo que podrá decidir “el médico asalariado de la empresa” como medida “extraordinaria” sin que haya una supervisión de su médico de referencia del Sistema Público. “Lo deja todo en manos de la empresa, a las que ustedes siempre hacen mucho más caso que a los ciudadanos”, ha protestado.

También ha aludido a este tipo de restricciones Alicia Gallego, desde la Unión del Pueblo Leonés. “Tenía que haber una postura clara y definida Si la voluntad del grupo era establecerlas o con ciertas excepciones, debería establecerse claramente”, ha manifestado.

Igea ha criticado que no se agraven las sanciones a las residencias ni hayan previsto la adaptación física de los centros en los próximos diez años y que el PP haya rechazado que se incluya indicadores de calidad como el uso de neuroléptico, las fracturas de caderas o el estado nutricional de los residentes.

“Poco avance”

La procuradora socialista Isabel Gonzalo Ramírez ha reprochado que el PP solo haya aceptado totalmente y sin modificar cinco enmiendas de las 96 que ha presentado el Grupo Socialista. “Parece que es más por decir que nos han aceptado algunas que por el calado de las mismas”, ha criticado. “Con esta Ley lo privado se va a sentir muy bien”, ha advertido Gonzalo Ramírez, que ha añadido: “Hay mucha declaración de intenciones pero poco avance”.

La oposición también ha afeado que el articulado del Proyecto de Ley de Residencias hable del consenso cuando se han rechazado la mayoría de las 214 enmiendas que han presentado. “La mayoría de las enmiendas nacen de las reuniones con colectivos afectados, que hoy se sentirán bastante decepcionados”, ha afirmado Gonzalo Ramírez.

El procurador de Vox Javier Teira ha destacado el ambiente “cordial y constructivo” de la ponencia. “No es una ley que haya concitado unanimidad, pero es razonablemente bien vista por la mayoría de los grupos. Y los grupos que van a votar en contra entienden que hay una buena parte de esa ley que está bien”, ha asegurado.

García Nieto ha asegurado que proponen una ocupación “equilibrada” para “garantizar el bienestar y calidad de vida y posibilitar la viabilidad de los centros”. El procurador del Grupo Popular ha interpelado directamente a la oposición. “No entiendo por qué son enemigos de la iniciativa privada, ayuda a la iniciativa pública a prestar los servicios en mejores condiciones. Hay que vigilar que cumpla la ley y nada más”, ha sostenido.

“Se habla de las empresas como de organizaciones delincuenciales”

Teira también ha defendido la labor empresarial. “No me parece justo que se hable de las empresas como si fuesen organizaciones delincuenciales. Prestan servicios que necesitamos todos. Son algo tan esencial como la concreción de la libertad. Y el dinero es un instrumento necesario, no sé por qué ese rechazo tan puritano del dinero, si al final a todos nos gusta”, ha reflexionado el procurador de Vox.

Desde la UPL, Gallego ha asegurado que todo el mundo es “consciente” de que las empresas “abusan del personal muchas veces” y ha criticado “la poca inspección” y cómo los avisos “hacen que no se tengan en cuenta las deficiencias observadas”, que también ha criticado que las ratios quedan “demasiado abiertas”.