Isabel Blanco apela al “consenso” para elaborar una Ley de Violencia de Género para Castilla y León, que lleva pendiente desde 2021

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha apelado a elaborar una Ley de lucha contra la violencia machista “desde el consenso y no desde la imposición”: “Tiene que ser una ley de consenso que proteja a las mujeres, no que surja de la imposición o que genere el enfrentamiento”, ha manifestado la vicepresidenta segunda en la comparecencia celebrada este lunes para exponer sus principales líneas de trabajo en la próxima legislatura, marcada por el acuerdo PP-Vox.

Isabel Blanco ha considerado adecuado aplazar la aprobación de un autonómica para esperar a que las Cortes Generales aprueben la transposición de la última directiva europea al respecto, puesto que incluye “modificaciones importantes” como la definición de una mujer víctima de violencia de género, las formas de violencia y la difusión de imágenes y vídeos de carácter íntimo.

La socialista y vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, ha afeado que Fernández Mañueco haya “despojado” las competencias a la Vicepresidencia al haber “troceado las competencias” y asignado “funciones”, pero no haberle otorgado una Consejería propia. “Es una vicepresidenta sin competencias”, ha criticado la socialista. Rubio ha considerado que la vivienda, los servicios públicos esenciales la política de Mujer y violencia de género sin algunas de las “prioridades” de los castellanos y leoneses que “dan igual” al presidente autonómico, que “se ha comido la prioridad nacional racista de Vox”. Esta decisión, para la vicepresidenta segunda, supone “elevar el rango de políticas y darle un carácter transversal” que no tendrían si estuvieran estructuradas en una consejería.

Blanco ha calificado la igualdad de oportunidades como un “principio irrenunciable” del gobierno autonómico y ha garantizado que se apoyará la contratación de mujeres jóvenes y de mayores de 50 años cuyas trayectorias profesionales se pudieran haber visto interrumpidas por los cuidados, además de a las víctimas de “violencia machista”.

La socialista Nuria Rubio ha recordado a la vicepresidenta segunda que esta norma no había sido negociada con las organizaciones feministas. Mañueco retiró la norma a finales de 2025 pocas horas antes de votarse porque preveía que el PSOE fuera a rechazarlo a pesar de que los socialistas pensaban que se podría aprobar alguna de sus enmiendas. Ya en esta legislatura, el Grupo Socialista ha vuelto a presentar su propuesta, pactada con asociaciones y sindicatos.

La procuradora de la Unión del Pueblo Leonés, Rosa María Quintanilla, ha preguntado a Isabel Blanco por cuándo tiene previsto la Junta volver a presentar un proyecto, puesto que la Ley de 2010 está “obsoleta” y hasta ahora “se han rechazado los puentes” que han intentado tender.

La prioridad nacional y el arraigo

A pesar de que la consejera no se ha referido a la “prioridad nacional”, el nuevo concepto que Vox quiere introducir en los gobiernos autonómicos, el portavoz adjunto segundo de Vox, José Antonio Palomo, ha querido debatir sobre esta cuestión. “No hablamos de establecer diferencias, sino de reconocer el esfuerzo de quienes llevan años viviendo en nuestra tierra y tienen un vínculo real, verdadero y verificable”, ha afirmado Palomo, que quiere “premiar el arraigo y compromiso” de quienes han hecho “su hogar” de Castilla y León.

Este nuevo requisito, ha señalado el procurador de Vox, favorecerá el retorno de “miles de castellanos y leoneses” que se marcharon “por falta de oportunidades”. En otro momento de su intervención, Palomo ha defendido “que ninguna persona vea limitado su futuro por dónde ha nacido o ha decidido vivir”.

Isabel Blanco sí que ha defendido -ya en su último turno de palabra- “vincular las ayudas al arraigo real y efectivo” y ampliar el número de líneas de apoyo en las que se pide un empadronamiento de un mínimo de años en algunas líneas como las ayudas al alquiler. Ante la demanda de que un ciudadano lleve diez años viviendo en Castilla y León y en España, Nuria Rubio ha ironizado con que el senador 'popular' por designación Javier Maroto, solo lleve siete años residiendo en la Comunidad, después de que se empadronara poco antes de ser elegido por las Cortes.

Nuria Rubio ha criticado que la Junta envíe un mensaje “contradictorio” sobre la financiación autonómica, al pedir más fondos pero a la vez haber suprimido a efectos prácticos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. “Mandan el mensaje de que van sobrados de impuestos”, ha afirmado la socialista.

5.000 nuevas viviendas protegidas

La Junta de Castilla y León se ha comprometido a impulsar la construcción de un mínimo de 5.000 viviendas protegidas en toda la legislatura: está prevista la construcción de 1.180 viviendas; 126 viviendas nuevas y otras 808 en Fuensaldaña, Villamuriel de Cerrato y Valladolid; 845 para alquiler; 1.141 viviendas unifamiliares para venta (con foco en los jóvenes), la rehabilitación de 264 viviendas a través del programa Rehabitare, entre otras medidas.

La Vicepresidencia Segunda se ha propuesto también extender el programa Rehabitare en el ámbito privado para incentivar al propietario de una vivienda vacía y que reciba apoyo económico público en su rehabilitación a cambio de que ponga la vivienda en el mercado con un alquiler social.

Sin embargo, Blanco ha reprochado que el Plan Estatal de Vivienda llegue “tarde” y haya sido aprobado “sin consenso suficiente”, a pesar de lo cual ha garantizado que Castilla y León hará su parte. “Su financiación es claramente insuficiente para reales en materia de vivienda. Sin una financiación adecuada será imposible dar una respuesta eficaz al acceso a la vivienda”, ha defendido en su intervención.