Izquierdo, sobre la manipulación del PGOU: “Cualquier persona que supiera leer podía ver que se habían alterado los artículos”

“Cualquier persona que supiera leer podía ver que se habían alterado los artículos”, ha sentenciado el arquitecto y exconcejal socialista del Ayuntamiento de Valladolid, Javier Izquierdo, que ahora se presenta al Congreso como número 1 y que esta mañana ha testificado en el juicio de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid.

Izquierdo ha explicado que sus conocimientos como arquitecto le facilitaron en 2008 la interpretación de los documentos modificados, pero que cualquier alfabeto podría reconocer que se habían añadido líneas y párrafos al texto aprobado en el pleno y no se trataba de errores materiales. “Un error material es cambiar una errata, un 'maño' que quiere decir 'mano'”, ha destacado Izquierdo, que ha calificado de “muy grave” que los concejales hubieran aprobado un proyecto y alguien “por detrás” hubiera modificado parte del PGOU.

Izquierdo ha asegurado que en ese momento no se trataba de si los cambios eran apropiados o no, si no de la forma de modificar los artículos. “Se solicitó la compatibilidad de uso industrial con uso hostelero (en la fábrica de harinas La Perla, que se convirtió posteriormente en un hotel de cinco estrellas) y se les negó la alegación, por el procedimiento ordinario”, ha relatado el socialista, uno de los que entregó la denuncia a la Fiscalía.

Antes de acudir al Ministerio Público, el PSOE intentó abrir una comisión de investigación en el Ayuntamiento -que denegó De la Riva- y acudió a la Consejería de Fomento entonces dirigida por Antonio Silván, ex alcalde de León que apareció en los pinchazos de la trama Enredadera y candidato número 1 al Senado por el PP.

Silván, que ha declarado también esta mañana como testigo por videoconferencia, ha asegurado no recordar las reuniones que tuvo con el exalcalde, las comparecencias y ruedas de prensa relativas a este asunto salvo que trasladó “la total transparencia de los servicios técnicos y el principio de legalidad que rige el procedimiento”.

Cuando el PSOE pidió la revisión del documento, Silván respondió por carta, en la que dijo que no procedía. “Me limité a recoger en una orden lo que mis técnicos valoraban con la presunción de buena fe y de legalidad. Mi función no era esa en ningún caso”, ha aseverado el exconsejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.

“Siempre advertimos que no era el procedimiento correcto y a pesar de las advertencias no se nos hizo caso”, ha subrayado al respecto el exconcejal socialista Javier Izquierdo.

Una vez fueron detectadas estas modificaciones en el PGOU, el secretario del Ayuntamiento de Valladolid ordenó a varios funcionarios que elaboraran un informe que evaluara los cambios efectuados. Uno de estos trabajadores públicos ha recordado esta mañana que en su informe reflejó que un técnico de Inzamac (responsable de los planos del proyecto) le dijo entonces que uno de los imputados (Luis Álvarez Aller) le llamó para que modificara una de las calificaciones hoy presunto objeto de delito.

También han declarado como testigos tres empresarios que inicialmente estuvieron imputados -hasta que la Sala confirmó su absolución por la prescripción de los delitos-: José Luis Mayordomo (empresario del Grupo Capitol y expresidente del Baloncesto Valladolid), José Luis González, promotor inmobiliario, y Rafael Monedero, propietario del edificio protegido de la Bajada de la Libertad que fue derribado.

Los tres empresarios han negado tener una relación estrecha con los imputados, o que alguno de ellos solicitara un cambio urbanístico en su beneficio.

La Fiscalía pide condenas de cuatro años de prisión para José Antonio García de Coca (exconcejal de Urbanismo), Luis Álvarez Aller (arquitecto de Políticas Urbanísticas) y Modesto Mezquita (exjefe de área), junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros, además de la inhabilitación del exedil durante 43 años y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional. El Ministerio Fiscal también reclama cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación para el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada. Los cuatro dirigen las miradas hacia el arquitecto Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en 2006.