La Junta de Castilla y León calcula que asumir la rutas de autobús supondrá 25 millones de euros

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha cifrado en 25 millones de euros el coste que tendría para esta Administración autonómica asumir las rutas de transporte que el Gobierno pretende transferir y por las que ofrece 40 millones para todo el país, lo que esta Comunidad considera escaso.

Sanz Merino ha ofrecido estas cifras durante la rueda de prensa en la que ha participado en Sotillo de la Adrada (Ávila), antes de acudir a comprobar la evolución de los trabajos de mejora de la carretera AV-915, entre esta localidad y el límite de la provincia de Toledo.

En este sentido, el titular de Movilidad, que ha lamentado la existencia de “cierta obcecación” por parte del Ministerio de Transportes, ha rechazado la propuesta del departamento de Óscar Puente sobre el Mapa Estatal de Transportes, al tiempo que ha instado a negociarlo en la Conferencia Sectorial que, según ha recordado, lleva tres años sin celebrarse.

En este sentido, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital considera que la propuesta del Gobierno “carece de financiación adecuada” y se limita a “solo dos años”, con una financiación de 40 millones de euros para toda España, cuando solo los cálculos realizados para la Comunidad ascienden a 25 millones.

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León ha transmitido por carta al Ministerio de Transportes su rechazo a la “decisión unilateral” del Gobierno de España, que exigía que las comunidades autónomas asumieran tráficos del nuevo Mapa Concesional Estatal de transporte en autobús.

Igualmente, ha apuntado que, de ser asumida la gestión por parte del propio Ministerio, los criterios “no son adecuados” en una comunidad en la que el transporte “vertebra el territorio”.

“Nos parece inaceptable el planteamiento y las opciones que ofrecen no garantizan los servicios”, ha subrayado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, quien ha lamentado la “falta de diálogo” al no querer abordar este problema “al máximo nivel político con una Conferencia Sectorial de Transporte”.

El consejero ha recordado que el borrador del Mapa Estatal de 2022 contemplaba la supresión de 474 paradas en 346 municipios de Castilla y León -77 por ciento en la provincia de Ávila-, algo que a su juicio “no responde a las necesidades de cohesión y vertebración territorial de nuestra Comunidad”.

Sanz Merino rechaza la propuesta del Gobierno, que plantea una financiación limitada con 40 millones de euros para que estas rutas pasen a ser gestionadas por las comunidades y sin vocación de continuidad.

La otra opción de que el Ministerio asuma los tráficos, “no deja claro” que vaya a mantener estas paradas en el futuro al ser deficitarias, de ahí que haya expresado el mismo rechazo, ya que puede mantenerse una ruta con apenas paradas.

Para el consejero, se trata de dos modelos de gestión de un servicio público “totalmente opuestos”, ya que frente a uno que “suprime paradas”, se sitúa otro, el de la Junta, que “será gratuito” en las 2.610 rutas autonómicas para empadronados, como medida de fijación de población, ahorro a las familias, y acceso a otros servicios públicos.