La Junta de Castilla y León intenta inflar el contrato con la pareja de un alto funcionario para compensarle el IVA

La Junta de Castilla y León, y en concreto la Consejería de Medio Ambiente, ha tratado de modificar hace menos de un mes las condiciones del contrato de comunicación “sin IVA” que adjudicó en 2022 a la pareja de uno de sus funcionarios de confianza. A pesar de la negativa de la Consejería a dar explicaciones sobre el contrato desde el pasado verano, este diario consiguió que el Comisionado de Transparencia obligase a la Junta a facilitar la información que había requerido. Así, acabó reconociendo que había eliminado el IVA del contrato a pesar de que la licitación contemplaba un 21%, como en todo contrato de prestación de servicios, sin tener un solo documento que avalase la exención del impuesto.

Pero, una vez que elDiario.es publicó la información, la Consejería se apresuró a tratar de 'legalizar' la situación sin que afecte a la adjudicataria, esto es, pagándole más para que pueda hacer frente a un impuesto del que no está exenta aunque así se reflejó en la formalización del contrato. Tras una nueva petición a través de Transparencia, elDiario.es ha tenido acceso a varios informes de la Intervención: uno de octubre de 2021 en que manifiesta que el expediente de gasto previsto para la licitación del contrato es correcto; otro de febrero de 2022, cuando se manifiesta a favor de la propuesta de adjudicación −en la que aparece el mismo precio con IVA y sin IVA aunque sin precisar que es “exento de IVA”−, y un tercero del pasado 30 de mayo en el que expresa su “disconformidad” con la “propuesta de aprobación del expediente de modificación del contrato EA 18/2021 Servicio de Divulgación y Comunicación Integral de Medio Ambiente (A2021/015127-001/M1) y del gasto”.

La adjudicación se hizo por 104.000 euros y no se va a aumentar el precio

Lo que dice la Intervención Delegada es que en la Ley de Contratos del Sector Público se establece la posibilidad de modificaciones de contratos no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares “cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en el que tuvo lugar la licitación del contrato”. Y recuerda que esa causa “no concurre” como se ha recogido en el “preceptivo” informe de la Asesoría Jurídica de la Junta emitido el 26 de mayo de 2023. Pero no sólo se niega la Intervención por este informe. También cita una consulta a la Dirección General de Tributos sobre la aplicación del IVA en la que concluye que “cuando deban rectificarse las cuotas repercutidas debido a una incorrecta determinación del tipo impositivo aplicado, deberá considerarse que la oferta realizada por el contratista incluía el impuesto al tipo correcto, por lo cual, para la rectificación de la cuota incorrectamente repercutida, deberá entenderse que la base imponible será el precio de la contrata, es decir el de la adjudicación menos la cuota del impuesto calculada al tipo aplicable, de manera que el precio global de adjudicación permanecerá inalterado”.

La intervención subraya que se adjudicó el contrato por 104.000 euros y que así debe seguir. “Dicho importe se estableció como precio global de la adjudicación tal como se recoge en la orden de adjudicación de fecha de 16 de febrero de 2022 y en el contrato formalizado el 17 de marzo de 2022. De conformidad con el criterio de la citada consulta vinculante, el precio global de adjudicación permanecerá inalterado. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Intervención Delegada fiscaliza de disconformidad la propuesta de modificación planteada”, finaliza.

De ello se deduce que la Consejería ha intentado que se acepte una nueva oferta con un precio superior para que la adjudicataria haga frente al IVA sin perder un dinero con el que contaba.

En octubre de 2022, cuando el procurador socialista Ángel Hernández pidió explicaciones en el Pleno de las Cortes, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Súarez-Quiñones, no sólo remarcó la legalidad de aceptar un contrato sin IVA, sino que dijo que era un asunto “muy sencillo y muy técnico” e insinuó que las preguntas de Hernández serían denunciables si no se hubiesen hecho en el Parlamento autonómico.

“En cuanto al IVA, es algo muy sencillo y muy técnico, señoría. El IVA no forma parte del contrato, por tanto la comparación de ofertas es sin IVA. Segundo, el IVA es un impuesto en el que la responsabilidad de la Junta de Castilla y León es únicamente obligada a soportar y a pagar si se factura con IVA. Y por tanto, la responsabilidad del IVA es del adjudicatario, que tiene que saber como sujeto pasivo si tiene que tributar con IVA o no, si tiene que presentar una factura o no con IVA, y si la presenta con IVA, la Junta de Castilla y León la pagará y el adjudicatario tendrá que ingresar en las cuentas públicas, es tan sencillo como eso. Por lo tanto, le digo que, políticamente, traer esto al Pleno, con manipulación, una manipulación lógicamente revestida, de la inviolabilidad que tiene usted como procurador, fuera de aquí traería muchas responsabilidades penales”.

El consejero básicamente eludía la responsabilidad de un contrato licitado con un 21% de IVA si el adjudicatario no facturaba con ese impuesto. Sin embargo, siete meses después, la Consejería ha intentado rectificar y además beneficiando a la adjudicataria, que fue quien decidió hacer una oferta sin IVA, algo que el órgano fiscalizador de la Junta no acepta.