La Junta de Castilla y León publica en el Bocyl varias órdenes anuladas por la Justicia: del teletrabajo a las licencias de radio

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este martes varias órdenes anuladas por la Justicia y que dan una idea del desbarajuste normativo del gobierno autonómico. Se trata de resoluciones de hace varios años y que la Junta publica por obligación ahora.

La orden de caza de 2021

Así, refleja la anulación, por disconformidad con el ordenamiento jurídico, de la Orden de caza de 2018, FYM/728/20218, que fue recurrida por el Partido Animalista contra el Maltrato PACMA. La sentencia que dio la razón al partido vino precedida de una paralización de la orden que impidió la actividad cinegética. La Junta de Castilla y León fue condenada en costas.

El Plan de Incendios de 2021

Por otro lado, se publica la anulación del Decreto 10/21 de 31 de marzo de 2021 del Plan Sectorial de los Servicios de prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León que fue recurrido por UGT. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL declaró la nulidad de pleno derecho por una previsión real y documentada de los costes de manera que como dictaminó el Consejo Consultivo de Castilla y León el plan era inoperativo. El Plan, dijo la Sala, generaba “inseguridad jurídica” por no estar suficientemente definido el papel de cada uno de los tipos de parques que diseñaba, permitiendo que finalmente fuesen los voluntarios y no los bomberos profesionales los responsables del servicio público de prevención, extinción de incendios y salvamento de la comunidad.  

El Tribunal estimó además que tampoco quedaba bien definido el papel de control que deben hacer los parques de los municipios más grandes con relación a los parques de los municipios más pequeños.  

Por otro lado, la Sala señalaba que no se especificaba con claridad qué se entiende por interviniente y por turno. La redacción del Plan en este punto no permitía asegurar que siempre serían bomberos profesionales quienes fuesen los responsables del servicio, aunque pudiera haber otros intervinientes (voluntarios) que colaborasen en la actuación correspondiente.   El Tribunal recordó que la producción normativa exige respetar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como el principio de seguridad jurídica. La Junta fue condenada en costas.

El Decreto de Teletrabajo de 2022 y las licencias de radio

La Justicia también anuló el Decreto 27/2022 de 23 de junio que regulaba la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, tras el recurso interpuesto por el letrado jefe de los Servicios Jurídicosde la Junta.. Por otro lado, el Bocyl publica el cuarto edicto sobre la anulación de 138 licencias de radio tras el recurso de varias operadoras radiofónicas, en este caso se publica el de la Cadena Cope.