El movimiento ‘Respeto’ convoca una manifestación en León por los incendios forestales para el día 23 de noviembre

Las organizaciones CCOO, Sumar, Izquierda Unida, PSOE, STECyL, Podemos y CAVECAL han presentado este lunes el movimiento ‘Respeto’, una plataforma de carácter político, sindical y social que surge con el objetivo de reclamar un cambio en las políticas medioambientales y rurales de Castilla y León. En su primer acto público, el movimiento ha anunciado la convocatoria de una manifestación el próximo 23 de noviembre en León en respuesta a los incendios forestales ocurridos este verano y para exigir “mayor atención al medio rural”.

Durante el acto, celebrado en Valladolid, los representantes de las organizaciones participantes leyeron un manifiesto en el que denunciaron “el abandono del medio rural” y “la falta de prevención” ante los incendios forestales. Bajo el lema “Por nuestra gente, nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos”, el texto sostiene que los fuegos del pasado verano, en los que murieron cuatro personas, “son la expresión más dramática de una gestión deficiente y del deterioro del medio rural”.

En el documento se ha criticado “la indiferencia institucional ante el deterioro del medio rural” y la falta de planificación para evitar desastres como los incendios del verano, que dejaron cuatro fallecidos y más de 60.000 hectáreas arrasadas en la comunidad. “El fuego no solo ha calcinado nuestros montes; ha quemado también las oportunidades, el futuro y la confianza de miles de personas que viven en los pueblos”, recoge el texto, que acusa a la Junta de Castilla y León de “haber gestionado el territorio con desidia y sin visión de futuro”.

En el manifiesto se ha señalado que la provincia de León ha sido una de las más afectadas por los incendios y ha acusado a la Junta de Castilla y León de “no haber cumplido su compromiso” de abrir un diálogo con los sectores implicados tras los siniestros.

También ha criticado el despido del 30 % del personal del operativo de incendios y ha reprochado que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, calificara de “despilfarro” mantener activo el dispositivo durante todo el año, calificando esas palabras como “una ofensa para quienes se juegan la vida en la extinción de incendios”.

El manifiesto se ha subrayado que los incendios son “la consecuencia visible de un modelo fallido” basado en la reducción de recursos públicos, la precariedad laboral y la descoordinación institucional. Denuncia además que “los recortes en prevención y vigilancia” han debilitado el operativo, y critica que el 30 % de su plantilla haya sido despedida “en el peor momento posible”.

Asimismo, el texto ha recordado que la Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias previas contra el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y contra el propio Suárez-Quiñones por posibles delitos de prevaricación por omisión y contra el medio ambiente en relación con los incendios ocurridos en el norte de León.

Operativo todo el año y servicios públicos rurales

Las organizaciones firmantes reclaman un operativo público de incendios durante los doce meses del año, ayudas para las personas afectadas por los fuegos, un plan de vivienda rural, medidas de apoyo a jóvenes agricultores y ganaderos, y programas de empleo verde. También solicitan el refuerzo de los servicios públicos en el medio rural, la reapertura de consultorios médicos cerrados y un plan para evitar la exclusión financiera en los pueblos.

Las organizaciones reclaman además la reapertura de consultorios médicos, el refuerzo de las escuelas rurales, la mejora de la conectividad digital, y la implantación de medidas para garantizar la banca y los servicios básicos en todos los municipios. También piden una moratoria para las macrogranjas y plantas de biogás, una planificación racional de las instalaciones renovables y una estrategia para recuperar terrenos degradados.

“El medio rural no necesita limosnas ni visitas en campaña electoral, sino políticas serias, presupuestos estables y respeto institucional”, concluye el texto, que exige el cese del consejero Suárez-Quiñones y la asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno autonómico.

De la Rosa (PSOE): “Nadie ha asumido responsabilidades”

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha afirmado que el objetivo de la movilización es “reaccionar frente a la falta de responsabilidades políticas tras los incendios”. “Nadie del Gobierno autonómico ha asumido responsabilidades. El señor Suárez-Quiñones debía haber dimitido y, si no lo hace, el presidente Mañueco debería cesarlo”, ha apuntado.

De la Rosa hizo un llamamiento a la ciudadanía de toda la comunidad para participar en la manifestación del 23 de noviembre, a la que acudirán autobuses desde las nueve provincias. “No se trata solo de León, sino del futuro del medio rural y de nuestra tierra”, ha apostillado.

CCOO y Sumar reclaman anticipación y políticas estructurales

La secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández, ha explicado que la elección de León como sede de la movilización responde a “lo sucedido este verano junto a Zamora”, y ha reclamado una gestión forestal distinta: “Defendemos un operativo público al 100 % y un programa integral de prevención de incendios. Apostamos por una política forestal que permita que los pueblos crezcan y no se vacíen”.

Por su parte, la co-coordinadora de Sumar en Castilla y León, Marina Echebarría, ha indicado que existen “muchas razones para la movilización”, y que el movimiento nace también para “exigir la dimisión del consejero Suárez-Quiñones y reclamar políticas estructurales con anticipación y previsión”. “No se puede seguir actuando solo cuando llega la emergencia”, añadió.

Podemos y STECyL alertan de la falta de prevención

La secretaria de Organización de Podemos en Castilla y León, Almudena Villarreal, denunció la reducción del presupuesto de prevención y extinción “en más de un 90 % en trece años”, y acusó a la Junta de haber “privatizado la gestión forestal”. Según dijo, los incendios son “el reflejo de un modelo que abandona el territorio y beneficia a unos pocos”.

Por su parte, la portavoz de la Federación STECyL-i, Christina Fulconis, advirtió de los efectos medioambientales y sanitarios de los incendios. “Las cenizas y contaminantes están llegando a ríos, embalses y acuíferos, y se están detectando alteraciones en la calidad del agua. La Junta no puede mirar hacia otro lado”, declaró.

Izquierda Unida reclama atención a mayores y comarcas mineras

El coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, ha reclamadi políticas para garantizar recursos y cuidados a las personas mayores en el medio rural y ha destacado la necesidad de inversiones en comarcas mineras afectadas por la pérdida de actividad económica. “Necesitamos residencias gestionadas por la Junta y apoyos en domicilio para las personas mayores; no sirve que se delegue todo en las diputaciones”, ha asegurado. Asimismo, ha reprochado que la falta de políticas públicas ha dejado a los pueblos “a merced del mercado”. Gascón también ha mencionado el efecto sobre quienes trabajaban en minería y ha pedido planes de empleo y reindustrialización para las zonas más golpeadas.