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Momento en que se procede a desinfectar la residencia Cardenal Marcelo.

Laura Cornejo

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El Partido Popular y Ciudadanos pretenden “integrar” su propia comisión de investigación en la comisión ya creada a propuesta del PSOE para esclarecer lo ocurrido en las residencias de ancianos de Castilla y León durante la pandemia. El objetivo es conocer cómo se procedió y por qué las Consejerías de Sanidad y de Familia firmaron protocolos de actuación que ordenaban no derivar enfermos de estos centros a los hospitales en el peor momento de la primera ola, entre marzo y abril de 2020.

Los dos partidos en el Gobierno llegaron a bloquear la creación de esta comisión, pero no pudieron evitarlo después de perder la mayoría parlamentaria, cuando la procuradora de Cs, María Montero pasó al grupo de no adscritos tres días antes de la moción de cesura fallida del PSOE. Fue este cambio en el arco parlamentario en que ha dejado en situación de minoría al Gobierno: le falta un voto para sacar adelante sus iniciativas.

Para contrarrestar la comisión que nunca quisieron, PP y Ciudadanos han optado por crear la suya propia, pero no para investigar lo que ocurrió en las residencias de la Comunidad, sino la gestión del COVID-19 en Castilla y León, las medidas y decisiones adoptadas para minimizar el impacto en las residencias y el modelo de cogobernanza durante el estado de alarma así como la coordinación administrativa. En resumen, la pretensión no es analizar qué pasó en las residencias, sino qué responsabilidad tuvo en todo ello el Gobierno de España. La idea que han repetido desde ambos partidos es que en el momento en el que la Junta prohibió derivar ancianos a los hospitales, operaba el mando único en todo el país. Es falso, todas las autonomías mantuvieron la gestión de la sanidad y los servicios sociales. De haber sido de otro modo, la Junta de Castilla y León nunca habría firmado un protocolo por falta de competencias, y en ese caso, se habría saltado ese mando. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, llegó sugerir la comparecencia del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y del exministro de Sanidad, Salvador Illa.

Para crear su propia comisión argumentan en un escrito a la Mesa de las Cortes registrado el pasado 1 de junio que “sería importante” que la evaluación fuera “ajena a la voluntad de algunos de obtener rédito político de la desgracia vivida en las residencias”.

Así, quieren analizar “el contexto en el que se produce la pandemia”, las medidas que se adoptaron y las actuaciones previas al estado de alarma. En ningún momento, los dos partidos en el gobierno, se refieren a los protocolos de no derivación de los enfermos de las residencias a los hospitales, pero consideran que su comisión permitirá “extraer unas conclusiones no sesgadas sobre lo acaecido”.

Para crear esta comisión, a la que en principio no se ha opuesto ningún partido, se tendría que debatir y votar en el Pleno de las Cortes. PP y Ciudadanos necesitan un voto de la oposición para sacarla adelante. Pero es que además, en caso de que lo consigan, pretenden “integrar” esta comisión en la ya existente. La complicada pirueta parlamentaria será valorada este viernes por la Mesa de las Cortes, que decidirá si el asunto se debate en el hemiciclo o si por el contrario lo que procede pedir que se amplíe el objeto de la comisión creada por el PSOE.

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