PP y Vox aprueban la Ley desarrollo “digno” de personas con discapacidad en Castilla y León

PP y Vox han sacado adelante en solitario la Ley que “garantiza” un desarrollo “digno” de las personas con discapacidad, ya que todos los grupos de la oposición han insistido en la falta de acuerdo “parlamentario y social” en torno a esta norma que, para los socialistas, “no supone avances”.

La consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha presentado la normativa que este miércoles ha salido adelante tras el debate de la enmiendas parciales de Soria Ya y PSOE que llegaron vivas al Pleno y que finalmente no salieron adelante.

Blanco Llamas ha insistido en que la Ley asegura el “máximo rango normativo” al desarrollo personal de las personas con discapacidad. “Se garantiza a la persona con discapacidad atención y cuidados pero se hace todo lo posible para avanzar en sus deseos de decidir cómo quiere vivir su vida”, ha defendido la consejera.

De este modo, la consejera ha señalado que la normativa aporta “tranquilidad” a las familias porque se garantiza la atención a la persona con discapacidad incluso cuando “ellos falten”, al tiempo que se toma como referencia las “prioridades” del colectivo. “Cada persona con discapacidad será verdadera protagonista de su vida decidiendo cómo quiere vivirla, las metas a alcanzar y cómo hacerlo”, ha defendido.

“Esta ley nace de nuestra aspiración por hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente, a su plena inclusión en la sociedad y responde al compromiso de este gobierno con el bienestar y la atención de calidad a las personas en Castilla y León”, ha señalado.

No obstante, el procurador socialista Rubén Illera Redón, quien ha intervenido ante el Pleno para defender las enmiendas del PSOE ha aprovechado su alocución para trasladar el “descontento” del Grupo al que representa en torno a esta normativa, una Ley que, como ha reconocido, el PSOe ha intentado “mejorar” con hasta 103 enmiendas de las que sólo han sido aprobadas siete, de las que cuatro “se referían a errores gramaticales”.

Para Illera Redón esta normativa no ofrece respuestas “ni adecuadas ni completas” para las personas con discapacidad. “Hemos querido que este proyecto de ley fuera un marco extraordinario para la incorporación de propuestas pero la Ley carece de avances en materia de apoyos, necesidades y coberturas para el colectivo de personas con discapacidad”, ha señalado.

De este modo, el socialista también ha afeado que la normativa no introduzca “ni un sólo euro” como gasto adicional. “Entren en razón, esta Ley no nace ni del consenso parlamentario ni social”, ha manifestado.

Por su parte, el procurador de Soria Ya Juan Antonio Palomar Sicilia ha rechazado la norma también por falta de acuerdo y ha lamentado que no se hayan introducido las enmiendas presentadas por su Grupo, ya que, como ha defendido, esta ley debería “hacer referencia expresa al mundo rural para subsanar de manera efectiva discriminaciones”.

“El abandono y progresivo olvido de los pueblos, la existencia de una diversidad de barreras, la gran dispersión demográfica y la falta de una gestión integral y transversal de la accesibilidad al mundo rural deben ser sus principales obstáculos a superar para poder hablar de esta Ley”, ha zanjado.

Finalmente, el procurador Francisco Igea ha argumentado también su voto en contra. “Es la primera vez que en esta Cámara se silencia intencionadamente a 180.000 votantes, más del 15 por ciento del voto emitido”, ha defendido, algo que ha argumentado al explicar que no se concedió la petición de una prórroga para presentar enmiendas, con lo que se “impidió” que UPL y el Grupo Mixto “participasen en esta Ley”. “Lamentamos profundamente no haber podido contribuir como nos hubiera gustado a la elaboración de esta ley”, ha zanjado.

La Ley

El texto está compuesto por 24 artículos distribuidos en tres títulos. Es el Título I el que desarrolla el sistema y en el que se definen las líneas de apoyo que las personas con discapacidad recibirán en todas las etapas de su vida. Todas ellas orientadas a sus necesidades y aspiraciones de manera individual. Si la labor asistencial se enfocaba desde la intervención profesional, con la nueva norma se centra en las pretensiones particulares del usuario.

De este modo, los profesionales ya pueden ir definiendo y adaptando sus intervenciones en las transiciones de cada ciclo de la vida: el paso de la atención temprana al sistema educativo, de éste a la inserción en el mercado laboral, la integración en comunidad o su adaptación a un envejecimiento activo.

“La meta no es otra que lograr, a través de los medios necesarios, ya sean asistencia personal o apoyo técnico y formativo, que las personas con discapacidad puedan prepararse para una vida autónoma y participativa orientada hacia donde ellos deseen. Apoyo en las tareas del hogar, en la movilidad, en la comunicación y relación con el entorno y ayuda y asesoramiento en la toma de decisiones. Pero, sobre todo, un aprendizaje continuo para alcanzar el máximo grado posible de independencia”, se establece en el texto.

El segundo pilar del Proyecto de ley y regulado en el mismo Título es el apoyo y la asistencia al ejercicio con garantías de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Siguiendo lo establecido en la normativa estatal, se pondrá en marcha un servicio que incluye asistencia o acompañamientos a la hora de llevar a cabo actos en los que el ciudadano deba hacer constar su voluntad jurídica como persona física. Todo ello muy enfocado a respetar el proceso de toma de sus propias decisiones.

Finalmente, el texto regula otras situaciones en las que este colectivo necesita apoyos, como la promoción de la igualdad efectiva, la prevención de la violencia y malos tratos hacia las personas con discapacidad y también contra su explotación.